Cada vez estamos más convencidos que el cónclave que acaba de realizarse en Piriápolis se cuenta entre los errores tácticos más gruesos del régimen que nos gobierna, en un orden de magnitud que no le va muy en zaga al infortunado plebiscito del año pasado.
Tomemos el aspecto más favorable, o sea las declaraciones del Ministro Arismendi y el General Aranco, en el sentido de que se confirma la política económica actual, sus pautas cambiarias incluidas. Otro tanto habría declarado en su discurso inaugural del 1o. de setiembre el Presidente de la República. Antes de que pasara un trimestre se ha creído del caso reiterar la confirmación. ¿Significa esto que esa política está sujeta a revisión permanentemente? Cuando el tema se debatió en el cónclave, ¿qué grado de consenso obtuvo la decisión triunfante? ¿Qué alternativas se manejaron? ¿Quiénes están a favor y quiénes en contra? ¿Cuándo va a haber una nueva revisión? Son todas preguntas que el ejercicio recién finalizado no puede menos de inspirar en el público, y para una política con una carencia crítica de credibilidad nada podría estar más contraindicado.
Si las declaraciones del Ministro Arismendi y del General Aranco representan el aspecto más favorable, las del Presidente de la República formuladas el jueves pasado representan el impacto desestabilizador fundamental. El General Alvarez dijo que se estaba acortando el plazo de la planificación del desarrollo, que era de tres años y medio, y ahora se reducía a un lapso menor no especificado, "como consecuencia de factores que inciden en la conducción política, económica y social, y tienen su origen, en gran medida, en situaciones externas".
¿Qué significa esto? Ante todo, parece claro que la expresión "planificación del desarrollo" no fue usada por el Presidente Alvarez en su sentido técnico. Tuvimos en dos ocasiones planes de desarrollo, ambos de vocación quinquenal, y ninguno hizo otra cosa más que juntar polvo sobre los anaqueles de los recintos burocráticos. Actualmente puede haber —y ciertamente debería haber— un plan de desarrollo del sector público, es decir, una lista de proyectos gubernamentales de inversión.
Pero respecto del sector privado el gobierno no tiene —ni debe tener— ningún plan. La política se reduce, acertadamente, a crear un marco institucional y monetario dentro del cual las decisiones de los agentes privados puedan promover el desarrollo de la economía nacional. Son ellos —los agentes privados— quienes deben planificar.
En este momento estamos en una recesión. Si bien Milton Friedman ha señalado recientemente con razón que no cabe hablar de una recesión mundial, en razón de que Japón y otros países asiáticos no atraviesan fases contractivas, la mayor parte de las economías occidentales sí están experimentándolas. Lo que es más significativo, todos nuestros vecinos las padecen. La coyuntura chilena es muy semejante a la nuestra. Brasil está empeñado en un tardío esfuerzo deflacionario, aceptando deliberadamente una contracción seria. Argentina optó por una estrategia reflacionaria, pero una ejecución chapucera la precipitó en una recesión realmente profunda.
La única alternativa que nosotros enfrentamos es la que nuestros vecinos cada uno a su manera está resolviendo: ajustar o reflacionar. Las declaraciones que emergen de Piriápolis no nos ayudan a saber en qué dirección se está orientando el pensamiento de las autoridades. Cuando hablan de bajar el gasto público apuntan en la dirección del ajuste, y cuando hablan de manipular el instrumento anti-dumping, y bajar impuestos o devolverlos, en la dirección opuesta.
A esta altura de los acontecimientos, y con la experiencia argentina a la vuelta de casa, es ocioso destacar que las expectativas son vitales para el éxito de una política. Particularmente si se trata de ajustar, que es la línea más difícil, aunque de lejos la más promisoria. Necesitamos una caída de la inflación, medida en dólares, apreciablemente por debajo de la tasa mundial, y eso sólo puede conseguirse si el público se convence de que el cambio de política está fuera de toda consideración. Si lo que se desea es el ajuste —que es lo que significa reafirmar la política actual— amagar a la reflación es la peor táctica imaginable. Simplemente se destruyen todas las posibilidades de éxito.
¿Qué es, entonces, lo que el Presidente Alvarez piensa que va a durar menos de tres años y medio? Si no es el plan de desarrollo stricto sensu —que en rigor no existe— pueden ser otras cosas que más vale no mencionar.
Mientras nosotros nos formulábamos estas atribuladas reflexiones, de Piriápolis seguía fluyendo el torrente de palabras que habíamos anticipado, y temido. Se nos ha anunciado, por ejemplo, que se bajará el gasto público sin licenciar funcionarios —o cómo adelgazar comiendo igual que antes— y se nos ha prometido que las empresas estatales pagarán el impuesto a las ganancias de industria y comercio. Estas trivialidades también hacen daño, porque sugieren a la opinión pública la conclusión (confiamos que errónea) de que los responsables de la política no tienen idea de cuál es el problema, ni por dónde buscar la solución.