Recientemente se ha debatido sobre si el estilo actual de política económica es compatible con un sistema democrático. Se habla como si fuera un estilo totalmente nuevo, pero no es el caso. El énfasis se pone en la política monetaria y, en efecto, lo único que puede detectarse como específico o característico de la política económica presente es su faz monetaria. Pues bien, la política monetaria actual no es sino una variante de la política monetaria tradicional de nuestro país.
¿Cuál es, en el contexto de la conducción económica corriente, la nota en que se disciernen atributos agresivos para la convivencia política? Según entiendo, se trata de la práctica de fijar el tipo de cambio sin prestar atención a la inflación pasada. Es cierto que se trata de una política que despierta resistencias en muy diversos sectores de interés, y de opinión, y que, por lo tanto, no puede decirse que sea una política basada en el consenso. Pero esto sólo es debido a que en el Uruguay se va perdiendo la memoria de qué significa, y qué conducta implica de parte de las autoridades, una moneda sana. La preservación de una moneda sana requiere como condición sine qua non que no se devalúe en razón de haber subido los precios internos más que los del exterior. Si se procura preservar el tipo de cambio en su nivel de paridad de poderes de compra a fuerza de devaluaciones, las autoridades pierden todo control sobre la inflación.
Hay quienes piensan que esto no interesa, pero fijémonos en las consecuencias políticas. Si el gobierno puede devaluar cada vez que suben los precios, no hay límite a los recursos financieros que puede procurarse por vía de la inflación. Todo el mundo sabe que el principio ningún impuesto sin representación es uno de los pilares del estado de derecho occidental. Pues bien, ¿alguien puede decirme a qué queda reducida esa garantía fundamental de las libertades si la autoridad monetaria puede hacer funcionar a su antojo la máquina impresora de billetes?
La virtud específica del esquema actual radica en que restringe de manera drástica el acceso del gobierno a las finanzas inflacionarias. Publicada la tabla de cotizaciones futuras (ahora con una anticipación de nueve meses) la posibilidad de expansión crediticia queda estrechamente determinada. Si las autoridades pretenden ignorar esa restricción se quedarán pronto sin reservas internacionales.
Este año el gobierno incurrió en un déficit importante en el período junio-agosto, pero se vio obligado a aplicar en seguida el freno respecto de los gastos. En el pasado habría bastado con una devaluación. Aquel sistema no tenía ninguna salvaguardia contra el crecimiento del gasto público.
Esa falla del viejo estilo tuvo graves consecuencias políticas. El gasto gubernamental se usó desembozadamente con fines electorales. Como proporción del PBI, el gasto público muestra picos (es decir, máximos relativos) en 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 y 1971, todos años de elecciones. La inflación alcanzó picos en 1951, 1955, 1959, 1963, 1965, 1967 y 1972, o sea al año siguiente al electoral con la excepción de 1965. En una palabra, los gobernantes de ambos partidos tiraban la casa por la ventana (su casa y la mía, dicho sea de paso) cada año electoral, prevaleciéndose del retardo de los precios, de modo que la cuenta de platos rotos (si me permiten combinar metáforas) recién llegaba cuando ya habíamos depositado el voto. ¿Le extraña a usted que ese régimen haya hecho crisis? Pues a mí no; es más, estoy persuadido que sin salvaguardias contra aquella clase de prácticas, volverá a entrar en crisis una o más veces.
No estoy seguro sobre dónde quepa fijar exactamente el punto de origen de la democracia uruguaya que tanto nos enorgullecía, pero no me cabe duda de que ella nació y se consolidó en la época de nuestra salud monetaria, cuando nadie soñaba en devaluar porque hubieran subido los precios. Entonces la tablita era mucho más monótona —no cambió en unos setenta años— pero eso es sólo un detalle.