El Dr. Alberto Brause ha tenido la amabilidad de referirse a mis comentarios a unas declaraciones suyas. No creo que haya allí materia prima para una polémica. Sin embargo, no deseo abandonar el tema de la autocrítica que los partidos, junto con todos los uruguayos, tendríamos que hacer. Lo que deseo es esforzarme por transmitir una preocupación que experimento, que concierne el futuro de nuestro país.
Y, como suele acontecer con los asuntos humanos, la clave del futuro se halla enterrada en el pasado. Tal vez haya que cavar hondo para realizar la búsqueda a que me refiero, pero hoy voy a tocar apenas un episodio del pasado reciente, más síntoma que causa y más que nada a título de ejemplo de la cosa que a mí se me hace problemática.
Entre 1968 y 1970 se llevó a cabo una tentativa de estabilización de la economía uruguaya que puede considerarse bastante exitosa. La tasa de inflación se redujo espectacularmente, y la economía uruguaya exhibió una capacidad de crecimiento sin precedentes en su historia registrada.
En octubre de 1970 se aprobó el presupuesto de 1971 (que llamaban la rendición de cuentas de 1969). Representó un incremento colosal del gasto, que de hecho transformó a 1971 en el peor año fiscal de todos los tiempos.
El nivel del gasto autorizado fue notablemente ampliado en el Parlamento, con respecto a la iniciativa del Poder Ejecutivo. No hubo mensajes complementarios, de modo que este aumento del gasto fue inconstitucional. Tanto en la introducción de esos aumentos irregulares como en el ocultamiento de la irregularidad colaboraron todos los sectores políticos, incluso varios Ministros. Que yo recuerde, en el gabinete sólo hubo una dimisión.
El año siguiente fue catastrófico en todos los sentidos, caracterizado sobre todo por la represión de la inflación que se había provocado. En 1972, pasadas las elecciones, los diques cedieron y la inflación volvió a alcanzar tres dígitos.
El 17 de noviembre se promulgó la ley llamada de ilícitos económicos. La teoría que implícitamente la apuntalaba afirmaba que las calamidades que padecía el país eran obra de especuladores, agiotistas y otros delincuentes económicos, y no el producto del alud de gasto público y déficit fiscal que se había abatido sobre la república. Esa teoría y la ley misma, representaron un intento de ocultar la verdad a los ojos del pueblo, cuya calificación moral no podría ser demasiado severa.
Esa ley fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras.
¿Comprendían todos los legisladores que estaban complicándose en una maniobra tristemente deshonesta? Yo diría que no. ¿Hubo legisladores llevados a dar su voto por fuerzas políticas irresistibles? Yo diría que sí. Lo que no acierto a comprender, por más veces que me lo plantee, es la unanimidad.
La unanimidad para autorizar un presupuesto votado contra la Constitución, la unanimidad para sancionar pacíficamente la destrucción de una promisoria política de estabilización, la unanimidad para encubrir el saqueo de la economía que se había perpetrado con un velo hecho de pura mentira.
El problema radica, por tanto, en que el sistema de partidos no haya generado ninguna defensa contra aquellas agresiones al interés público; en que todos, gobierno y oposición, izquierda y derecha, todos sin distinción, se hayan coaligado en una empresa tan innoble.
Un solo voto en contra nos habría salvado de la quiebra moral; una sola voz disidente habría abierto un resquicio a la esperanza. Pero no hubo el voto, ni se dejó oír la voz.
Ningún pueblo nace con derecho a la democracia. Todos tienen que ganárselo. Y habiéndolo ganado, todos tienen que preservarlo. A mí me luce que en este aspecto nosotros fallamos de mala manera, y que ningún momento puede ser más oportuno que el presente para que todos juntos inquiramos la razón de ser, y las modalidades, de nuestra omisión.