Hay mucho de bueno en las pautas adoptadas en el reciente Cónclave, que acaban de publicarse, si bien tenemos la impresión de que buena parte de ello había figurado en documentos similares con anterioridad. En este aspecto lo que nos inquieta, como es natural, es la ausencia de ejecución de los mismos principios enunciados hace ya bastante tiempo.
Sea ello como fuere, subsiste el hecho de que en el extenso documento es posible encontrar buenas declaraciones sobre algunos de los temas más importantes que la República tiene entre manos. Por ejemplo, en materia tributaria, donde se afirma terminantemente el principio de la neutralidad impositiva, con el consiguiente destierro del mito de los gravámenes finalistas, que tantas distorsiones causó, y tantas confusiones produjo, durante su extenso predicamento entre nosotros. Por ejemplo, en materia monetaria, donde el alcance de la fijación del tipo de cambio como manera de suministrar un numerario al sistema de mercados se enuncia correctamente, excluyendo automáticamente su manejo coyuntural. Por ejemplo, en materia de empresas públicas, al reafirmarse la idea de privatizar todo lo ajeno a las funciones del estado, en combinación con la disminución de los monopolios legales en aquellas otras actividades que por excepción se resuelva mantener transitoriamente en la órbita pública.
Al mismo tiempo, tenemos respecto del documento algunas objeciones que nos parecen importantes.
La primera concierne al espíritu de complacencia con la propia tarea, y con la calidad de los servicios gubernamentales, que lo anima. Por ejemplo, cuando dice: "Nuestro país posee un buen nivel educativo", afirmación que consideramos patentemente errónea, y que leímos con verdadera consternación. Análoga sorpresa y, salvando las distancias, análogo desaliento, nos produjo la enunciación de la meta sobre eficiencia de la administración pública como una consolidación de lo ya alcanzado en rendimiento, eficiencia y austeridad. ¿Y qué decir de la óptica panglossiana con que el documento mira el sistema de seguridad social?
El segundo problema concierne a la comunicación entre el gobierno y la opinión pública. He aquí un valor importante al que el acta final de Piriápolis vuelve terminantemente la espalda. Bajo una apariencia de sistematicidad, el documento maneja su material de manera reiterativa e ilógica, a la vez que esconde sus contenidos valiosos en una montaña de trivialidades, que incluyen la definición del trabajador como cualquiera que trabaja, el anuncio de que se facilitará la compra de tierras a las empresas industriales con el fin de que hagan forestación energética para uso propio, y la proclamación de que la atención médica debe ser universal e integral, siempre que las reales posibilidades del país lo permitan. Con su extensión y lenguaje actuales, el documento no tendrá un número significativo de lectores, y el propósito que debe haber determinado su difusión por la prensa resultará frustrado.
El tercer y último punto que queremos tocar está estrechamente ligado con el anterior, pero responde a una preocupación diferente. ¿Por qué es tan extenso el documento? ¿Por qué se refiere a todos los temas bajo el sol, aunque el gobierno no tenga nada que decir sobre ellos?
No podemos escapar a la idea de que es la misma concepción del estado la que induce la extensión desmesurada en esta clase de escritos. Es una concepción del estado que implica su confusión con la sociedad, que le atribuye todos los cometidos que incumben a los cuerpos intermediarios, que implica la idea de que el estado debe hacer la felicidad de los ciudadanos, en lugar de crear el marco para que éstos la busquen en libertad. En una palabra, las pautas son interminables por la misma razón que lo han sido nuestras últimas constituciones. Tal vez para que sea posible redimensionar la actividad del estado, como se resolvió en Piriápolis, haya que redimensionar previamente el concepto de estado.