Se ha anunciado que un nuevo proyecto de Constitución será plebiscitado en noviembre de 1984. En esta ocasión el proyecto se redactaría en consulta con los partidos políticos. A través de ello la iniciativa contaría, como es obvio, con un grado mucho mayor de participación ciudadana que la rechazada en 1980. Nos parece que la innovación es bienvenida, pero insuficiente.
Ese método —la consulta y negociación con los partidos— probablemente ponga al régimen a cubierto de un segundo insuceso plebiscitario, pero difícilmente pueda reportarle a la República la Carta fundamental que necesita.
Podemos imaginarnos la temática de las negociaciones. Las Fuerzas Armadas querrán insertar alguna salvaguardia contra la repetición de los acontecimientos que culminaron en la crisis del '73, bajo la forma de uno o más cerrojos institucionales cuyas llaves les pertenezcan a perpetuidad, como en el proyecto consultado en el '80. Los partidos desearán reducir todo lo posible esos candados jurídicos, en tamaño, en ostensibilidad. Los textos serán sometidos a análisis sutilísimos. Los límites de la dignidad ciudadana serán objeto de prolijas demarcaciones. Probablemente los juristas consigan extraer, en la punta de sus finísimos escalpelos, las voces y giros más ofensivos, y transplantar otros que otorguen viabilidad al documento. Y probablemente éste logre nacer en 1984, y vivir algunos años. Pero no es esto lo que el país necesita.
El país necesita reflexionar profundamente, siquiera por una vez, sobre las causas que volvieron tan frágil su cuerpo político, y buscar, en un ambiente de dilatado diálogo, salvaguardias genuinas contra la repetición de aquella grave enfermedad social. Sobre si el país podría en definitiva cumplir tan encumbrado cometido no estamos de ninguna manera seguros; pero sí lo estamos de que valdría la pena probar; y de que la manera de intentarlo incluye la convocatoria a una asamblea constituyente.
Hasta cierto punto, la cuestión que tenemos por delante es semántica. ¿Cuáles son los objetivos que están inspirando el plan de plebiscitar una Constitución en 1984? Presuntamente legitimar el proceso y sus actos institucionales, así como asegurar una transición sin revanchismos ni rencillas hacia la plena vigencia de las instituciones civiles. Pues bien, si ese es el caso, lo que se desea no es una nueva Constitución, por más que así se haya dado en llamarla, sino un estatuto ad-hoc, de efímero alcance. Una constitución, en cambio, debe forjarse para durar indefinidamente con el pensamiento puesto en las esencias, lo más lejos posible de la coyuntura.
Pues entonces, ¿por qué no negociar con los partidos en esta etapa un nuevo acto institucional, el último, y por qué no plebiscitarlo en noviembre del '84? Pero sin atribuirle la condición augusta de ley fundamental, que esencialmente nunca podría revestir. Y realzando sin embargo su alta significación histórica, al incluir en él las normas encaminadas a proporcionar a la República, sin prisa aunque sin pausa, en más de cuatro días y para más de cuatro años, como reclamaba Justino Jiménez de Aréchaga, una auténtica Constitución.
Tal objetivo podría procurarse atribuyendo al Parlamento nacional potestades constituyentes, al encomendarle la elaboración de un proyecto que el cuerpo electoral pudiera sancionar en 1989. Obsérvese algunos de los atractivos que presenta esta idea.
En primer término, tendería a elevar notablemente el nivel del debate político de 1984. El que la ciudadanía se reencontrase con su función electoral en un ambiente presidido por las grandes cuestiones de la convivencia nacional no parece ventaja desdeñable.
Algo muy semejante podrían decirse del prestigio que reflejaría sobre el Cuerpo Legislativo la exaltada temática con que se vería enfrentado apenas devuelto a la actividad.
Lo más importante de todo, la aprobación de un texto en un ambiente de amplia publicidad, con intensa participación de los medios, tendería a crear en torno a la nueva Carta un grado de adhesión popular capaz de infundirle vigor y aliento desusados.