La tarea luce difícil, pero ya está en marcha. Días atrás, a título de adelanto, se vendió la planta de electrodomésticos de SIAM, y se está trabajando a todo vapor para hacer otro tanto con todo lo demás. Hay un plazo dentro del cual tienen que estar listos todos los planes de privatización: vence el 23 de abril.
Todo esto, por supuesto, en la Argentina. Mientras en nuestro país una comisión estudia, entre otras cosas, si la producción de caña y la venta de seguros por parte del estado conciernen los intereses vitales del país, allende el Plata las decisiones ya están tomadas. El Presidente Galtieri dijo al asumir el mando: "No toleraré demoras en materia de privatizaciones". Y bajo la mano firme del Ministro Alemann prosigue sin vacilaciones la cuenta regresiva.
Las dificultades son, por supuesto, considerables. Algunas de las empresas son demasiado grandes para que aparezcan interesados en comprarlas. A veces es posible sortear este obstáculo dividiendo la empresa en varias partes, como se está haciendo con SIAM y con la Flota Fluvial Argentina. Otras veces, la dificultad radica en el tamaño del pasivo.
Varios observadores entienden que ese problema se resuelve vendiendo solo activos, como se hizo con la planta ya citada de SIAM. El estado de todos modos minimiza sus pérdidas liquidando los activos al mejor precio posible, y asumiendo las obligaciones. En todo esto no debe perderse de vista el principio que Armando Braun, ex Presidente de la Cámara Argentina de Comercio, recalcó recientemente a la revista Somos: las empresas no valen lo que sus administradores dicen, sino lo que los eventuales compradores están dispuestos a pagar.
La principal dificultad
El principal problema que traba el programa de privatizaciones consiste en la oposición de los políticos. A pesar de que ésta no es universal —el peronista Roberto Mondelli reconoció a Somos que una venta a precios de mercado es en general inobjetable— la Multipartidaria lanzó todo su peso trás una declaración, que comentamos en nuestra última edición, destinada a inhibir a los inversores. Es evidente que la incertidumbre que así se genera respecto de la estabilidad de las adquisiciones, y aún sobre la compensación a los adquirentes, si las operaciones se revierten, no puede contrarrestarse mediante ningún método al alcance de las actuales autoridades. Al mismo tiempo, en principio habrá siempre un precio suficientemente bajo de los activos al cual ese riesgo resulte compensado.
La oposición podrá deprimir el precio de venta; no podrá evitar la venta misma, si las licitaciones se llevan a cabo sin base, tal como ha recomendado, entre otros, el conocido economista Ricardo Zinn.
Si se estima que el precio así obtenible es demasiado bajo, dada la incertidumbre creada por las declaraciones opositoras, las autoridades tienen con todo una salida posible. Pueden transformar la empresa en cuestión en una sociedad por acciones, y distribuir éstas entre todos los ciudadanos. El método puede parecer difícil, pero ha sido utilizado con éxito en la Provincia de British Columbia, Canadá, para privatizar una compañía minera provincial. Este procedimiento desliga al gobierno de la responsabilidad derivada de rematar empresas sin base, y aporta además la ventaja adicional de que los tenedores populares de acciones adquieran interés en que la estabilidad de la privatización respectiva no sea puesta en tela de juicio.
Un imperativo
Entre los consultados por la revista Somos, varios enfatizaron que no había un camino único para privatizar todas las empresas, sino que las peculiaridades de cada una deberían ser tenidas en cuenta. Desde la venta frontal de toda la empresa, a la entrega de su titularidad a la ciudadanía a través de la distribución de acciones, pasando por la venta fragmentada y por la privatización gradual (v. g. concesión a privados para la construcción y operación de nuevas centrales telefónicas, o de la distribución de energía eléctrica en determinadas zonas, ambas cosas dentro de un sistema único en que la empresa estatal sigue desempeñando un papel central, pero progresivamente menor) los métodos disponibles son diversos. La meta al mismo tiempo es una sola, y se la ve como imperativa por un vasto espectro de la opinión pública. Se trata de desembarazar al estado de un peso gigantesco que se ha echado encima, y que sencillamente le impide gobernar.
En efecto, si el estatismo argentino se propuso controlar una vasta proporción de la vida de su país a través de su fabulosa red de empresas privadas, la situación en que de hecho se desembocó es la opuesta: el estado no puede controlar nada, porque el peso de su imperio empresarial le quita toda movilidad. Hemos visto un caso tras otro desfilar ante nuestros ojos: el segundo período peronista, Videla-Martínez de Hoz, Viola-Sigaut, y tantísimos otros antes: cada gobierno recorre una ruta de frustración, que le conduce fatalmente al fracaso, frecuentemente a la deposición, que a su vez inaugura un nuevo tramo hacia el fracaso. Por eso la tentativa Galtieri-Alemann ha lanzado en ese frente su primera ofensiva. No porque le falte percepción de las dificultades: sencillamente porque percibe que no tiene alternativas.