Este artículo querría ser un toque de atención. Algo así como una luz roja en un tablero de control. La tarea, que desearía no ser alarmista, que debe buscar comunicación en una clave intelectual, no emotiva, es difícil. Quisiéramos poder soslayarla. La conciencia no nos lo permite.
La prensa uruguaya ha destacado la pérdida de reservas que ha registrado el BCU en las tres primeras semanas del año, por 130 millones de dólares. La cifra es inquietante, pero el problema va mucho más allá. Si la pérdida fuera aleatoria, no tendría por qué durar. En ese caso, el hecho a destacar tal vez fuera el elevado nivel que las reservas conservarían después de una pérdida, digamos, de otros dos o tres centenares de millones, así como la aptitud que ello confiere a la autoridad monetaria para reponer los fondos mediante el crédito si fuera necesario, sin vender oro, en alguna medida aun sin prendarlo. Y, por ende, la capacidad de la autoridad monetaria para capear esa clase de temporal.
Pero la tempestad actual arriesga ser una pérdida sistemática de reservas, es decir, un tipo enteramente diverso de tormenta. ¿Por qué está perdiendo reservas el BCU? ¿Porqué las exportaciones tuvieron un bajón? ¿Porqué hubo que pagar una cuenta de petróleo? ¿Porqué las importaciones mostraron un pico fortuito? ¿Porqué alguien tuvo que reembolsar un préstamo? ¿Por una combinación de varias de estas circunstancias, reunidas por el azar? Si tal fuera el caso, habría, como decíamos, poco de qué preocuparse. El problema surge, sin embargo, si, como tenemos nosotros, el BCU está perdiendo dólares sencillamente porque el público uruguayo no quiere tener pesos, porque ha desarrollado respecto de nuestra moneda una grave intolerancia, mientras el fisco persiste en administrársela en gruesas dosis.
Obsérvense las cifras de las primeras tres semanas de 1982. Están dominadas por el crédito del BCU al sector público, que totalizó unos gigantescos N$ 1.630 millones. Afortunadamente, los bancos oficiales llevaron al BCU unos 470 millones, y los bancos privados una suma cercana a los 150 millones. Deducidas estas dos partidas contractivas, y agregado un pequeño importe expansivo resultante de una variedad de otros conceptos, queda un saldo de crédito interno neto a financiar con expansión monetaria de aproximadamente N$ 1.020 millones.
Si el público hubiese estado conforme con tener este stock adicional de pesos uruguayos, el BCU no habría perdido reservas. Si hubiese tomado tiempo ajustar el stock efectivo al deseado, se habrían perdido menos reservas, por el momento, de las que se perdieron. Si la gente no hubiese querido conservar ni un solo peso adicional de los que el BCU imprimió en las primeras tres semanas del año, se habrían perdido el equivalente de los dichos N$ 1.020 millones, o sea unos 90 millones de dólares. Pero se perdieron 130 millones, muy cerca de 50 o/o más de lo que la expansión crediticia podría explicar. Naturalmente, la expansión monetaria de diciembre cuenta, pero el nivel de existencias de caja a fin de año era bajo, aun comparado con el de los meses inmediatamente anteriores.
La conclusión parece absolutamente inevitable: una parte considerable de la pérdida de reservas de las primeras tres semanas de 1982, tal vez muy cercana a un tercio, es imputable a una crisis de confianza. Aunque las necesidades de crédito del sector público bajaran abruptamente —y es impensable que dejaran de hacerlo, y que su volumen desmesurado a principios de año no esté fuertemente influido por la infortunada supresión artificial del déficit en diciembre— la pérdida de reservas debida a falta de confianza tendería a continuar; probablemente aún a acelerarse. Ese flujo sistemático es el verdadero problema.
¿Qué debe hacerse, entonces? Lo primero parece ser que las autoridades tomen conciencia de la situación crítica en que se encuentra su política y, para el caso de que ya la posean, que ella se traduzca en sus actos con una claridad que por el momento ha estado ausente. Los actos del gobierno deberían reflejar la comprensión de que están perdiendo la batalla de las expectativas, tanto en el frente de la credibilidad directa en la tablita, donde el BROU aparece alistado en filas de los escépticos, como en el frente del déficit fiscal y el gasto público, o sea de los prerrequisitos de la viabilidad de la tablita. Del primer aspecto nos ocupamos en el editorial de nuestra última edición. Hoy queremos referirnos al segundo de manera particular.
El Ministro Arismendi, apoyándose en las decisiones del reciente cónclave, ha asegurado que este año se nivelaría el presupuesto. Otro tanto ha hecho más recientemente desde Israel el Presidente Gil Díaz. Uno no puede menos de preguntarse si se dan cuenta que la gente no les cree. Queremos decir, que los balances del BCU están proclamando que el público no presta la menor atención a sus palabras. Que las imputa a la clase de declamaciones protocolares que ya han oído tantas veces. Que están todos absolutamente convencidos de que terminarán siendo negadas por los hechos como todas las anteriores; y de que los escasos incautos que les hayan prestado fe volverán a hacer el ridículo.
Cuando las autoridades enfrentan un escepticismo semejante, que la gente lleva metido en los tuétanos, debería comprender que las palabras están de más, y que sólo cuentan los hechos. El gobierno uruguayo necesita la confianza de su población ahora. Tenerla a fin de año, cuando hayan cerrado las cuentas, no es bastante. Y los hechos que pueden contar tienen que consistir en actos radicales, que traduzcan la firmeza de la política más allá de toda duda posible. El gobierno no necesita apearse de su promesa de no dejar funcionarios cesantes, pero es absolutamente imperativo que adopte de inmediato, sin esperar el dictamen de ninguna comisión, alguna decisión trascendental —la privatización de una gran empresa, la clausura de una gran oficina— que se apodere por asalto de la confianza nacional.