El Ministro del Interior, General Trinidad, ha declarado a la prensa que por ahora el asunto de las desproscripciones no hay por qué volver a tratarlo, y que, según su parecer, "las inquietudes al respecto se deben a versiones que ha hecho algún ciudadano en cierta prensa".
Al leer estas declaraciones experimenté algo parecido a un sentimiento de culpa. Quienes no nos ocupamos de política, me dije, hemos descuidado el tema de las desproscripciones. Esto puede haber inducido al Ministro del Interior a pensar que, fuera de los círculos políticos, la cuestión no despierta inquietudes. En lo que a mí concierne, no es el caso. La cuestión me preocupa vivamente, y comprendo que es algo que hace tiempo debiera haber estampado en mis artículos.
Mi caso puede ser ilustrativo, precisamente porque, cuando me he referido a los políticos desde estas páginas, he solido hacerlo con alcance crítico. Sin embargo, ello no contribuye en lo más mínimo a dejarme satisfecho con el estado actual en materia de políticos habilitados. Mis inquietudes versan sobre una variedad de aspectos.
En primer término, quiero recalcar que considero que no se trata de una cuestión ajena -propia de los proscriptos- que me concierna sólo por solidaridad, sino de una cuestión mía, que me atañe directamente. Las inhabilitaciones en tanto pudieran durar hasta un acto eleccionario, limitarían mis opciones, restringirían mi libertad para elegir. Mientras tanto, al mantener a ciudadanos fuera del debate público, limitan la información a que tengo acceso. En una palabra, coartan mi libertad, y eso basta para conferir al punto, desde mi óptica, primordial relevancia.
Es natural que las libertades no pueden ser absolutas, sino que deben reconocer límites por razones de interés general. Si las inhabilitaciones tuviesen un fundamento explícito en el interés general, yo no las encontraría tan lesivas para mis derechos como de hecho las encuentro. Ello aún si yo no estuviera de acuerdo con el fundamento, y con tal solo que él pasase una prueba de razonabilidad. Y si las inhabilitaciones no tuviesen un fundamento explícito, pero yo pudiera inferirlo de los hechos, siquiera vagamente, también me sentiría menos incómodo.
Pero no puedo hacerlo, en absoluto. Si miro el conjunto de los políticos que permanecen proscriptos, y luego considero el conjunto de los que han sido rehabilitados, no alcanzo a discernir, por más que me esfuerce, un criterio objetivo de distinción. Y si no lo hubiera, en definitiva, ¿cuál sería la consecuencia?. Pues, inevitablemente, estaríamos ante un caso de arbitrariedad. Y el uso arbitrario del poder lesiona la dignidad de los hombres libres. ¡Vaya, pues, si podrá haber motivo de preocupación!
Hay más aún. Existe sin duda una cosa que se llama nivel, o calidad, del diálogo político. La reapertura, por más que parcial, del foro respectivo ha traído a mis oídos nuevas resonancias del viejo diálogo. Mentiría si dijera que éstas han avivado mi optimismo acerca de los destinos de la República. Me he dicho, sin embargo: están silenciadas algunas voces que podrían infundir sustancia a este discurso. Voces de quienes cupiera esperar esa interpretación de los hechos pasados, y esa visión de los hechos futuros, que ante todo me parece debemos exigir los uruguayos a quienes aspiren a gobernarnos. Las voces, por ejemplo -daré un ejemplo aunque implique pecar por omisión- de Jorge Batlle y de Dardo Ortiz.
¿Por qué no se nos deja oírlas? Si el problema del pasado fue la demagogia, ¿no fueron cada uno de estos dos ciudadanos la antítesis misma del político demagógico?. ¿Por qué se priva a nuestra convivencia social de su capacidad y de su integridad, descollantes ambas?.
Yo que no soy político, ni hombre de partido, y que no he sometido mis votos a restricciones de cintillo, siento que tanto una ausencia como la otra empobrecen la vida de mi comunidad. De modo que, si hay indiferentes, como supone el General Trinidad, respecto de las inhabilitaciones, que no me cuenten a mí entre ellos.
Dicho lo cual siento un poco menos pesada la conciencia.