Este es un momento para las grandes medidas, pero eso no quiere decir que las pequeñas dejen de ser bienvenidas cuando son acertadas. En parte, por su efecto intrínseco, en parte por lo que revelan acerca de la orientación de las autoridades, y las expectativas favorables que generan a propósito de las futuras decisiones. Hoy nos ocuparemos de dos medidas que nos merecen juicio favorable, una en el ámbito nacional, la otra en el ámbito local.
Fusión de empresas
Un decreto del Poder Ejecutivo, dado a publicidad por el Ministerio de Industria y Energía, exime las fusiones de empresas que cuenten con la aprobación previa gubernamental de toda clase de tributos.
A nosotros la medida nos parece acertada. Nuestra única objeción versa sobre la necesidad de obtener la bendición previa de las autoridades. Presumimos que las aprobaciones se concederán con liberalidad, pero los trámites conllevarán de todos modos un costo innecesario.
Y ello por una razón muy sencilla: en la economía uruguaya cerrada de tiempo atrás, la gran mayoría de las empresas se concibieron orientadas hacia el diminuto mercado interno, y tienen problemas de tamaño para alcanzar la eficiencia capaz de asegurar su viabilidad, tanto en el mercado mundial como compitiendo con importaciones gravadas apenas ligeramente.
Debe ser claro que el estímulo de las fusiones no ataca la competitividad del mercado, en el entendido que se adopta en una economía que se abre a la competencia internacional. En los EE.UU. la fusión de empresas suele caer bajo el campo de investigación de las autoridades encargadas de la represión de los "trusts", pero nuestra realidad en tal sentido es radicalmente diferente. Con clausura del mercado es imposible, respecto de la mayoría de las industrias, una protección adecuada del consumidor a través de la competencia de los oferentes, dada la pequeñez del mercado. La política "anti-trust" en el Uruguay es en realidad indistinguible de la rebaja arancelaria.
En nuestra opinión el Ministro de Industria debería concebir su Secretaría básicamente como un Ministerio de Reconversión Industrial, en la difícil etapa de transición que nos toca vivir. Vemos, pues, con satisfacción que el Ing. Tourreilles se ha conectado con esa zona crucial de su actividad. Si hay otros programas dentro de la misma que han estado ocupando su tiempo —en realidad habría que presumir que ése es el caso— sería oportuno que se brindara información al respecto.
Zona Azul
Tenemos la impresión de que el establecimiento de la Zona Azul en la ciudad vieja ha sido una medida impopular. Es la conclusión que derivamos de la encuesta de opinión pública que nos brindan las conversaciones cotidianas. Sin embargo, es una buena medida, y creemos nuestro deber destacarlo.
Los uruguayos solemos tener debilidad por los bienes y servicios que se ofrecen sin contraprestación o, como impropiamente suele decirse, gratuitamente. Aquí debe encontrarse, se nos ocurre, la raíz de la impopularidad de la reciente medida municipal. El hecho de que muchos no se den cuenta dónde reside el costo que justifica el cobro ayuda a fomentar el mismo sentimiento.
Sin embargo, la cuestión en sí misma es clara. Todos los recursos escasos generan costos cuando se consumen. El recurso escaso en este ámbito es el espacio sobre las estrechas calles del centro. Cuando se le consume estacionando vehículos sobre él, se suscitan atascamientos de tránsito —desplazamientos a velocidad inferior a la normal— y esto a su vez consume otro recurso escaso: el tiempo de quienes deben viajar en la zona.
El fijar un precio al espacio escaso implica una cierta arbitrariedad, pero el principio es incuestionable. Si alguien está dispuesto a cargar con el costo del recurso escaso, puede hacerlo. En ese caso la comunidad de los montevideanos, en representación de los usuarios de las calzadas de la ciudad vieja, reciben una compensación, que según debe presumirse reducirá la presión tributaria que deben soportar. Si nadie está dispuesto a soportar el costo, la circulación se agilita, y los viajeros percibirán directamente la ventaja.
Una ventaja adicional de la medida consiste en que podrá percibirse con mayor precisión el costo de la flota de automóviles oficiales, el cual habrá de adicionar ahora el precio de su estacionamiento en la zona sujeta a pago por tal concepto. No debe olvidarse que los autos oficiales no ocupan por serlo menos espacio que los privados.