Entre las conclusiones a que ha ido arribando la serie de artículos que estamos publicando bajo el título general de Dinero, soberanía y bienestar, merece destacarse la que extrae la nota de hoy, en el sentido de que la tasa de inflación siguió en el Uruguay por décadas una trayectoria cíclica, estrechamente conexa con la celebración de elecciones nacionales. El hecho de que el crecimiento de los precios haya registrado puntos de máxima en cada año siguiente a un acto comicial a partir de 1951 pone dramáticamente sobre el tapete el problema que la nación enfrenta al aprestarse a reiniciar en un futuro cercano sus actividades políticas normales. Nos parece sencillamente vital que el país entero tome conciencia de que aquel desquiciamiento sistemático de nuestra moneda no puede repetirse, y que es imperioso adoptar salvaguardias efectivas contra tal peligro.
Como se trata claramente de poner cortapisas al ejercicio de un poder gubernamental —el poder tremendo que viene del monopolio de la emisión de papel moneda inconvertible— a fin de prevenir la repetición de su abuso, el medio idóneo para ello en una república es sin duda el de consagrar en la Constitución alguna restricción eficaz al uso de aquella potestad.
Existen al respecto precedentes recientes en constituciones estaduales de los EEUU, una propuesta de enmienda de la Constitución Federal en trámite en el mismo país, y la iniciativa de Milton Friedman difundida en su reciente bestseller "Libre para elegir". La mayor parte de las fórmulas se refieren a la limitación de los gastos gubernamentales o a los medios de su financiación; la propuesta de Friedman se refiere directamente a la tasa máxima de expansión de la emisión de billetes.
No hace mucho, al mismo tiempo que propusimos que el BROU ofreciera seguros de cambio como modo de superar la aguda desconfianza que sobre la estabilidad futura del peso uruguayo traducía el nivel exorbitante de las tasas de interés, señalamos que la solución radical, y realmente eficaz, de la dificultad radicaba en la desmonetización de los billetes del BCU. La recepción de la iniciativa no fue estimulante. No se trata de que haya sido desaprobada, sino que la expresión escandalizada del rechazo, escudada en una supuesta defensa de la soberanía nacional, no contribuyó absolutamente nada a resolver un problema que el país tiene por delante, cuya autenticidad es innegable.
Esperamos que alguien proponga un contenido concreto para la palabra "soberanía" en el contexto monetario. Mientras no lo haga nadie, nos sentiremos autorizados para seguir creyendo que se trata de una mera manifestación verbal, vacía de verdadero significado. Ciertamente, la encarnación de la moneda nacional en billetes de banco emitidos por un ente estatal no otorga a éste ni al gobierno más control sobre la cantidad real de dinero que la que el Rey Canuto mostró a sus cortesanos que su Soberana Majestad poseía sobre el reflujo de la marea. Y si la cuestión no consiste en regular el acervo monetario real, ¿de qué puede tratarse? ¿De honrar a nuestros próceres retratándolos sobre una clase de dinero que la irresponsabilidad de nuestros gobernantes redujo a una veinte mil ava parte de su valor desde 1955, y respecto a los cuales no parece ya haber manera de infundir al público una medida razonable de confianza?
Tal vez estemos equivocados, pero insistimos en que todavía nadie nos ha dicho por qué. Entretanto, no nos dejaremos intimidar por ninguna forma de ataque verbal. Seguimos pensando que estaríamos mejor definiendo nuestra moneda legalmente, como mande la Constitución, pero absteniéndonos de emitirla por medio de ningún organismo estatal, y dejando por tanto la provisión de medios de pago concretos al quehacer privado. Como ya hicimos, dicho sea de paso, entre 1862, cuando definimos el peso uruguayo, y 1896, cuando fundamos nuestro primer banco oficial emisor.
Conforme a esa clase de lineamientos es que opinamos que la futura Constitución debería garantizar al país contra el azote inflacionista que tan graves perjuicios nos ha inferido.