El General Pedro Aranco ha anunciado a la prensa que el gobierno avanzaría con firmeza en materia de privatizaciones, y que la Compañía del Gas es la empresa estatal que se ha seleccionado para ser transferida en primer lugar al dominio privado.
Nosotros nos felicitamos de que la hora de las privatizaciones, tan larga e inexplicablemente demorada, haya llegado por fin. Y nos felicitamos sin reservas de clase alguna; sin participar de la aprehensión de otros respecto de que el proceso privatizador comience antes del regreso a la plenitud constitucional. Al contrario, es para asegurar la estabilidad del régimen democrático a reimplantarse que pensamos que aquél debe preceder a éste.
En la crisis de nuestra democracia que culminó en 1973 opinamos que un papel fundamental fue desempeñado por el tamaño desmesurado del sector público, y nada nos parece por tanto más urgente que reducir éste por debajo de su masa crítica.
Por otra parte, el proceso de privatizaciones es esencialmente reversible. Lo que se privatiza hoy, puede volver a estatizarse mañana. No vemos que haya nada en este terreno que deba quedar al margen de las decisiones de un régimen cuya permanencia en el poder se espera que dure más de una década. No vemos, por ejemplo, que la enajenación de las empresas públicas difiera significativamente de la supresión del control de cambios resuelta en 1974. Esta también fue una reforma estructural de primera magnitud, y sin embargo, cuando sus opositores protestan, verbigracia, porque se permite importar caviar ruso y galletitas inglesas, no se agravian porque la libertad de importar haya sido reimplantada por un régimen "de facto". Y ello debe ser porque sin dificultad se percibe la recíproca reversibilidad de ambos sistemas.
Nosotros pensamos que la supresión del control de cambios dará estabilidad a nuestro futuro régimen democrático, porque el control de cambios otorgaba excesivo poder al gobierno, y liberaba a la autoridad de las exigencias de la disciplina monetaria. Pensamos que la plétora de empresas estatales también confiere excesivo poder a los gobernantes, y vuelve por ello inestable nuestro orden constitucional. Pero si los representantes constitucionales de la ciudadanía optan por regresar al control de cambios y a los entes autónomos, nadie podrá impedírselo. En cambio, la experiencia demuestra que el estado rara vez generó, bajo el imperio de la Constitución, reformas que redujesen su nivel de poder. Por tanto, encontramos enteramente justificado que el cambio se anteponga a la restauración constitucional. Por algo la república romana tenía una dictadura "res gerenda causa" ("para hacer las cosas") dentro de su sistema constitucional.
Una palabra de advertencia nos parece oportuna, sin embargo, sobre la empresa seleccionada para servir de vanguardia a las privatizaciones. El Secretario de Planeamiento dijo que éstas irían sucediéndose según un orden creciente de dificultad. Ello implica asignar a la privatización de la empresa de gas un grado de facilidad que nos parece problemático.
Privatizar la Compañía del Gas puede parecer sencillo, en razón de que su ingreso al patrimonio estatal es relativamente reciente, de que éste fue forzado por las circunstancias, y no respondió a una decisión de los poderes públicos en tal sentido, y, finalmente, de que nunca se la hizo entrar en el molde jurídico prescrito constitucionalmente para las empresas estatales. En otros aspectos la operación plantea, sin embargo, dificultades considerables.
En primer término, está la cuestión de la tarifa del gas, que durante las últimas dos décadas de servicio privado suscitó crecientes divergencias entre el gobierno y la compañía, al punto de que ésta resolvió por su propia decisión interrumpir su actividad.
En segundo lugar, intensificando la misma dificultad, están los hechos de que el gas de cañerías tiene un sucedáneo casi perfecto en el gas de garrafas, de que éste es un subproducto de la destilación de petróleo, y de que en el Uruguay ésta es desempeñada por un ente estatal, cuya política de precios respecto de un rubro que, como subproducto que es, carece de costos directos significativos, es estrictamente impredecible.
Un eventual titular privado de la empresa de gas vería, pues, la meta de una rentabilidad adecuada para su inversión dificultada por dos vallas adicionales a las contingencias del mercado. Para alcanzar el objetivo, en efecto, primero debería serle acordada, y luego ajustada con prontitud, una tarifa correcta; en segundo lugar, los precios del supergás tendrían que ser tales que permitieran cobrar al usuario la tarifa correcta por el gas de cañerías, sin precipitarle a pasarse al gas de garrafas.
Por lo tanto, a menos que las condiciones de la licitación anunciada por el General Aranco ofreciesen garantías adecuadas contra esos dos órdenes de dificultades —lo que no es del todo fácil— sería previsible que el llamado a ofertas no encontrase interesados, o que los precios ofrecidos fueran irrisorios. No hace muchos años que se llamó a licitación para la venta de El Espinillar, en condiciones muy poco atractivas para los eventuales inversores; previsiblemente se obtuvo una sola propuesta por un precio desproporcionado a los activos a transferirse. Habría que evitar un nuevo fracaso de índole semejante.
El terreno fácil en materia de privatizaciones —y recalcamos que el criterio de las autoridades de comenzar con lo más sencillo nos parece inobjetable— se halla claramente en las áreas donde el carácter potencialmente competitivo del mercado doméstico, o la posibilidad de importar, eximirían al gobierno de fijar precio a las empresas privadas que ingresaran al mercado. Por ejemplo, seguros. Por ejemplo, alcoholes. Aquí la acción gubernamental más que directamente privatizar, podría consistir sencillamente en desmonopolizar. No sería preciso vender activos públicos, y la contracción o desaparición de la empresa estatal sería una eventualidad dependiente de la competencia. Si la empresa estatal fuera eficiente, no tendría por qué llevarse a cabo. Las autoridades actuales limitarían a un mínimo su intervención, y la circunscribirían a un área —la supresión del monopolio— donde su posición, tanto desde el punto de vista ético como económico, sería inexpugnable.
Y todo lo que se necesitaría sería la derogación de un par de artículos, que podrían sancionarse sin demora alguna.