El General Galtieri dijo al asumir la Presidencia de la República Argentina que no toleraría excusas respecto de la devolución al sector privado de la mayor parte de las empresas de propiedad estatal. Al mismo tiempo designó Ministro de Economía al Dr. Roberto Alemann, partidario entusiasta de la orientación privatista.
Hasta ahora el Ministro Alemann ha conseguido ya un avance espectacular, al lograr nombrar a civiles para dirigir varias de las grandes empresas del gobierno, en lugar de los militares que lo hacían hasta ahora. Esto se ha interpretado como un indispensable paso previo a la privatización.
Tal grado de progreso parece haber inquietado a los políticos argentinos. La Comisión multipartidaria, que agrupa a peronistas, radicales y desarrollistas, o sea al grueso del caudal electoral argentino, ha difundido una declaración adversa al programa de privatizaciones, concebida en términos sumamente enfáticos, encaminados, entre otras cosas, a intimidar a los gobernantes que puedan resolver la medida, y sobre todo a inhibir la decisión de los eventuales adquirentes de las empresas.
Al respecto queremos comentar tres aspectos.
El primero concierne las peculiaridades estilísticas del documento. La declaración afirma que "no considerará válida ninguna medida que transfiera el inalienable patrimonio de la nación..."
Obsérvese que no se trata de vender la Patagonia, como Francia vendió a Luisiana, y Rusia a Alaska, y China a Hong Kong, sino de enajenar un conjunto de empresas que no quedarían menos sujetas a la soberanía argentina por cambiar de titular. Cuando un gobierno tory privatizó la siderurgia británica, que los laboristas habían previamente estatizado, a los segundos no se les ocurrió negar la validez de aquella medida. Simplemente prometieron volver a estatizarla cuando regresaran al poder, cosa que de hecho cumplieron. (Ahí está, en efecto, British Steel, causando tremendos problemas).
La idea de que la adquisición de empresas por el estado es irreversible no creemos que tenga precedentes.
¿Qué es la propiedad de una empresa? Significa sólo dos cosas: el derecho a decidir en ella, a controlar su gerencia, y el derecho a percibir sus ganancias. Lo primero es algo que los gobiernos argentinos, o sus representantes, han hecho particularmente mal, y que ciertamente no integra la esencia de sus cometidos. Lo segundo tiene en la Argentina signo negativo, y por sumas que exceden de lo imaginable.
¿En qué sentido puede verse aquí un ámbito sagrado, cuya violación podría entrañar la responsabilidad penal de los gobernantes, y el decaimiento de los derechos de quienes actuaran como compradores?
¿En qué sentido, todavía, puede afirmarse que la venta de activos industriales, comerciales y financieros afecta el patrimonio del estado? Si el gobierno argentino vende una acería, que año tras año le obliga a extraer del tesoro fiscal centenares o miles de millones de dólares para cubrir su déficit, y usa el precio que alguien le pague en, digamos, reducir su deuda externa, nos luce a nosotros que el patrimonio del estado argentino resultaría grandemente incrementado. En el peor de los casos, toda venta de empresas dejará intacto el patrimonio, al ser sustituidas en él por dinero.
No hay que olvidar que una venta no es una donación.
El segundo aspecto que queremos tratar es el de las consecuencias prácticas de la declaración. Los gobiernos argentinos han demostrado reiteradamente que no pueden resolver el problema económico que tienen entre manos mientras no se desembaracen del lastre paralizante que representa el conjunto de las empresas públicas. Si la declaración de la Multipartidaria surtiese el efecto que busca, el régimen actual quedaría condenado al fracaso, y el regreso a la normalidad institucional tendría que tomar la forma de un llamado de las Fuerzas Armadas a los políticos para que les salvaran de la catástrofe, como ya hicieron una vez bajo el liderazgo del General Lanusse. Este es un libreto posible, pero nosotros diríamos, improbable. El libreto alternativo consiste en que la decisión de la Multipartidaria fuerce al régimen a procurar una prolongación de su permanencia en el poder, con el fin de permitir, no ya sólo la privatización en sí, sino su consolidación a través del éxito económico. Obviamente esta es una operación que puede insumir bastantes años. A nuestro modo de ver la declaración de la Multipartidaria, y sobre todo su estilo en extremo radical, ha suministrado al grupo de los halcones argentinos armas invalorables.
El último comentario que la incidencia nos sugiere concierne la legitimidad de decisiones fundamentales por un régimen de emergencia.
Obviamente, si la Multipartidaria hubiera sostenido la inconveniencia de que las decisiones del gobierno actual afectasen aspectos estructurales del estado argentino, en lugar de esperar a que los representantes del pueblo entrasen en funciones, habría pisado un terreno mucho más firme que el que le ha proporcionado la tesis de la inalienabilidad de las empresas públicas.
El problema en sí mismo es difícil, pero el hecho de que el proceso electoral normal, avalado por una mayoría abrumadora, haya culminado en la Argentina con la instalación en la Presidencia de una señora que tenía graves dificultades para distinguir entre las chequeras propias y las del estado, sin que el consejo de su principal asesor —brujo él de profesión habitual— sirviese de ayuda, y en general desembocase en una situación económica que sin hipérbole puede clasificarse de caótica, tiene sin duda alguna relevancia. Obsérvese que las conclusiones que pudieran extraerse partiendo de la pregunta sobre si un gobierno de facto tiene derecho a privatizar pueden fácilmente diferir de las que rindiera un razonamiento encabezado por la pregunta sobre qué medidas de un gobierno de facto le otorgarían mejores perspectivas de estabilidad a los futuros gobiernos de jure.
Dejamos la ulterior elaboración de estos conceptos al cuidado del lector, confiando en que, si el vigor de los lazos que nos unen a la Argentina no le suministraran, como debiera ser, motivación bastante para continuar la reflexión, ella le será proporcionada de todos modos por la considerable similitud de la problemática económica y política sobre una y otra ribera del Plata.