El IMAGRO es el impuesto a la renta del agro. Por razones de "justicia contributiva" y para evitar "distorsiones económicas" se consideró que si las empresas de la industria y el comercio, año a año, sobre las utilidades que arrojaran sus balances, debían pagar un impuesto, los del agro, también deberían pagarlo.
No obstante, se pensó que el problema de cobrar un impuesto a la renta del agro, era distinto que el cobrarle a los demás empresarios. Por lo pronto se entendió que los empresarios del agro —aún los no muy chicos— no llevarían contabilidad adecuada y no podrían formular un balance, a diferencia con lo que acontece con los comerciantes e industriales. Además se consideró que si el Fisco no los ayudaba los productores agropecuarios se gastarían siempre todas las ganancias, no realizarían nuevas inversiones en sus empresas y terminarían fundiéndose.
Esta manera de ver a los empresarios del agro, desembocó en un invento impositivo criollo: el IMAGRO. Se cobraría un Impuesto a la Renta, pero no a la que arrojara el "balance real" de cada empresario sino a la resultante de un "balance ficto". Además, aquellos que invirtieran en "determinadas mejoras" de sus campos pagarían menos impuestos.
Para organizar con el mayor realismo la "ficción", políticos, burócratas y los propios tributarios realizaron un esfuerzo enorme. Se catastró predio a predio del país y se le asignó a cada uno un índice de productividad. Se determinó hasta el detalle la integración de "canastas" y periódicamente se estableció el precio de los insumos y también de la producción. Se seleccionaron por la ley las mejoras productivas que deberían realizar las empresas para obtener desgravaciones.
El IMAGRO —y su antecesor el IMPROME— han sido impuestos conflictivos. Durante varios años han estado nutriendo de polémicas y de expectativas por decretos, la rutina del trabajo y de la lucha empresarial. No obstante, la pretendida justicia de "la ficción" nunca fue alcanzada. Las distorsiones de la carga impositiva entre los distintos predios ha sido señalada permanentemente y las inversiones en determinadas mejoras, arbitrariamente estimuladas, no lograron robustecer la salud económica de quienes las han efectuado, habiendo más bien comprometido su capacidad para enfrentar momentos difíciles.
Llegamos a este año 82, cuando el gobierno decide suspender el cobro del IMAGRO, pues de acuerdo con la "ficción" tan cuidadosamente elaborada el agro seguiría dando renta positiva, lo que constituiría una notoria equivocación.
Como alguien dijo, en las actuales circunstancias, cobrar el IMAGRO parecería "una historia de humor negro". La cifra que se debería pagar sería del orden de U$S 40.000.000. El concepto de "renta ficta" no ha resistido la prueba de la historia y deberá abandonarse definitivamente.
Según se ha dicho tal es la idea que inspira la anunciada reforma impositiva. Es de esperar que para esta nueva revisión tributaria, no sean los propios contribuyentes del agro los que se resistan a ser tratados neutralmente en un régimen común para todas las empresas, sean del agro, de la industria o del comercio. Sería no aprovechar una clara experiencia.
Como han venido rodando las cosas, debieran superarse ciertos complejos y desenmascararse ciertos mitos en materia tributaria rural. Ser tratados como todo el mundo es en definitiva una garantía para todos. Los impuestos son para pagar los gastos del estado, más que herramientas para encausar un desarrollo. Cada uno sabe la mejor manera de gastar sus ingresos. Si el negocio es bueno realizará nuevas inversiones y si es malo más vale que no se invierta en él.
El estímulo para la inversión debe ser la ganancia esperada y no la ventaja impositiva.
Además, por encima de cierto volúmen anual de ventas, los empresarios del agro al igual que los demás, pueden tener una contabilidad y formular un balance y entonces pagarán impuestos a la renta únicamente cuando ganan, como todos los demás empresarios.