La campaña de contención del gasto público ha llevado al gobierno a suspender la construcción de varios edificios públicos. Sobre las estructuras inconclusas se han adosado carteles que afirman que aquellas obras son prescindibles, y en tal sentido rara vez ha habido declaraciones gubernamentales tan certeras como éstas; pero ello no quita que la interrupción de los trabajos surta un lamentable efecto sobre el nivel de empleo.
Nosotros comprendemos. El fisco opera bajo una restricción presupuestal, como todo el mundo. Si sus gastos exceden sus ingresos corrientes, debe financiarlos. Los recursos que el gobierno puede procurarse en el mercado de capital son limitados. Más allá, queda solo la máquina impresora de billetes, el déficit agudo de balanza de pagos, la devaluación, la inflación, el caos.
Vaya si lo entendemos. Pero si nos consta que las autoridades no pueden abstenerse de contraer su demanda por bienes y servicios, y contribuir así con su cuota a la generación de desempleo, no nos parece correcta la manera de repartir ese gravamen entre la fuerza laboral.
El criterio gubernamental ha sido, nominalmente, "contraer el gasto sin tocar el nivel de empleo", pero en realidad ese objetivo es imposible, y la fórmula debería ampliarse para que revelase el verdadero criterio, diciendo: ". . . sin tocar el nivel de empleo en el sector público".
La norma empleada no solo es injusta. Además surte efectos negativos sobre la productividad media del trabajo nacional. Si bien la construcción de edificios públicos suntuarios y superfluos no puede contarse entre las ocupaciones socialmente más provechosas, ése es mucho menos aún el caso de vastos sectores del funcionariado.
Una visita a unas pocas reparticiones públicas convencerán a cualquier observador de que la preparación de infusiones, la atención a la proveedora de cosméticos y prendas de vestir, la lectura del periódico y las discusiones sobre fútbol, forman, según los sexos, las ocupaciones visibles principales de una elevada proporción del funcionariado. En realidad, su verdadera función consiste en hacer pasar el tiempo de la jornada, pese a la terca resistencia que éste opone.
Pues bien, el criterio oficial radica en considerar sacrosanto el empleo de todos los funcionarios públicos, aún de aquellos que están virtualmente siempre en una especie de seguro de paro, que inútilmente les obliga a marcar tarjeta a la entrada y la salida, y prescindibles todos los demás puestos de trabajo. No sería extraño que los trabajadores del sector privado llegasen a la conclusión que se les asigna la condición de ciudadanos de segunda categoría.
No sería extraño tampoco que la demanda por esa clase de empleos que entraña absoluta garantía de permanencia se incrementase en el futuro, con los consiguientes efectos en el mercado político. Para los que anhelamos la desburocratización del país, ésas son perspectivas alarmantes.