Debe haber causado sorpresa y alarma en la opinión pública la noticia que difundió BUSQUEDA la semana pasada, dando cuenta que a los 17 meses de firmado un préstamo de 32,5 millones de dólares con el BID, la Universidad de la República no ha comenzado aún a usar los fondos, mientras está devengándose una comisión de mantenimiento del crédito que alcanza a cerca de medio millón de dólares por año.
El lapso de 17 meses transcurridos debe considerarse sumamente prolongado, ya que él se cuenta a partir de la firma del contrato respectivo. Es preciso notar que con anterioridad debieron negociarse las condiciones de la operación, y antes aún haberse confeccionado los proyectos que tienen que haber servido de fundamento a la respectiva solicitud del Gobierno uruguayo.
Presumiblemente, diversas cuestiones conexas al desembolso de los fondos, y previas a ellos, deben estar siendo estudiadas minuciosamente, dando lugar a sendos expedientes, que sin dificultad podemos imaginar engrosando más y más, al recibir el aporte de sesudos exámenes, donde el pro y el contra de cada medida habrán sido objeto de prolija consideración, y sobre todo por la adición de innumerables decretos de trámite, esas órdenes concebidas en castellano arcaico, que van impulsando la lenta marcha de los legajos hacia culminaciones remotas, situadas en brumosos futuros...
Si algún periodista interpelase a la Ministra de Betolaza sobre este tema, también podemos imaginarla respondiendo, como suele hacerlo en parecidas circunstancias —con esa serenidad infinita que todos los telespectadores uruguayos han aprendido a admirar— que no acostumbra a brindar información hasta que los respectivos estudios hayan sido completados. De modo que nos quedaríamos sin saber más, pero convencidos de que en la jurisdicción confiada a la Ministra, jamás se adoptará una medida precipitada.
Esa parsimonia posee sin duda su lado bueno, pero, la verdad sea dicha, preferiríamos una actitud un poco más nerviosa de la autoridad competente, ahora que el taxímetro del BID está marchando, y las fichas caen a razón de 430 mil dólares al año. Por de pronto, los que tenemos que pagar la cuenta, ahora que sabemos lo que sucede, sí estamos nerviosos.
Pero, aparte de ser onerosa, esta demora es inquietante por referirse a la Universidad, esa institución que dice ella misma deber limitar el ingreso anual de estudiantes por falta de recursos y que de hecho pone de manifiesto de mil otras maneras la insuficiencia de los que posee. Si esa institución se sienta sobre 32,5 millones de dólares que ella misma pidió prestados, al preguntarse burocráticamente si los desea y para qué, ¿puede quedarnos alguna esperanza de que los problemas de la enseñanza superior, y por supuesto de la educación en general —a los que nosotros asignamos el primer lugar por su gravedad entre los problemas del país— están siendo enfrentados con razonable diligencia?
Cuando el Presidente de la República designó Rector al Dr. Enrique Viana Reyes, sin duda una de las personalidades más destacadas entre las surgidas en círculos gubernamentales desde junio de 1973 y le confirió un rango cuasi ministerial, la ciudadanía interpretó tales acontecimientos como indicativos de la voluntad del General Alvarez en el sentido de otorgar una elevada prioridad a las cuestiones relacionadas con la enseñanza superior, y concibió expectativas que no pueden calificarse más que de fundadas, acerca de que el largo período de estancamiento y regresión que había llevado a la Universidad a su triste estado actual —un período que desde la intervención podría calificarse de apacible siesta, y antes de terrible pesadilla— llegaría pronto a su fin. Actualmente la ciudadanía tendría buenas razones para sentirse confundida al respecto.
El alejamiento del Dr. Viana Reyes de su cargo, por una cuestión de carácter nítidamente incidental, fue para muchos, nosotros incluidos, un motivo de pesar. El que parezca haber determinado la desaparición de la educación superior de entre las prioridades del Gobierno, ahora dramáticamente ilustrada por el episodio del BID, tiene que haberse transformado para todos en un motivo de perplejidad.