Ha llegado a nuestros oídos alguna argumentación contraria a la autorización de una universidad privada, sobre la base de que sería clasista, y requeriría, al fin y a la postre, el apoyo financiero del estado, dígase ahora lo que se dijere.
Esos argumentos se parecen a los discos de 78 revoluciones que un buen día descubrimos en un rincón del desván: poseen un gran poder evocativo, pero por su sonido intrínseco no valdría la pena escucharlos.
Los participantes en el debate son libres de formular los alegatos que les plazca, pero eso de cortarle la cabeza una y otra vez, década tras década, al mismo hombre de paja, parece un ejercicio estéril. Tal vez enterarse de los argumentos del contrario les reporte a ellos y a sus interlocutores alguna utilidad.
Este pensamiento nos ha sugerido la conveniencia de reiterar en forma resumida los principios que, según vemos nosotros la cuestión, fundamentan la tesis de la libertad.
1. En el campo de la enseñanza superior, como en cualquier otro sector de la educación, la intervención financiera del estado y su intervención docente son conceptualmente perfectamente separables. El estado podría enseñar y cobrar el costo respectivo a cada estudiante, o podría él mismo solventar el costo total de cada estudiante exclusivamente en establecimientos privados.
2. La intervención financiera del estado puede, pues, organizarse de manera tan igualitaria como se desee. La opción contra la autorización de instituciones privadas no es pues en favor de la gratuidad; es en contra de la libertad de elegir.
3. El gasto en educación no da por resultado bienes públicos, como la defensa nacional, la preservación del orden público y la higiene ambiental, cuyos beneficiarios son la comunidad en conjunto, y que requieren una decisión política para plasmarse. La inversión en educación genera un incremento del capital privado, por más que una parte de los beneficios se viertan hacia la comunidad, como ocurre por otra parte con numerosas clases de inversión privada. Los titulares del capital humano resultante de la educación superior invierten, por otra parte, en todos los casos, sus propios recursos, bajo la forma de tiempo sustraído a la producción de ingresos pecuniarios durante años. No hay ninguna razón para que las decisiones sobre la institución en que cada estudiante va a capacitarse se determinen a través del proceso político, y se imponga a los individuos de manera coactiva, excepto si la sociedad ha tomado partido a favor de la planificación central, y contra la libertad individual de elección, como regla general en la asignación de recursos escasos.
4. El monopolio de la enseñanza superior reporta a sus titulares un enorme poder sobre las conciencias de los jóvenes llamados a posiciones sociales de liderazgo. Si alguien desea ese monopolio, la presunción es arrolladora respecto de que ésa es su verdadera motivación, por más que sea subconciente. Toda la argumentación basada en el igualitarismo es tan inconsistente que sólo puede imaginarse su aceptación por quienes parten de una opción vital previa en favor de la tesis respectiva.
5. Quien ame la libertad no puede querer mantenerla para permitir a cada uno la elección de la marca de televisor que va a mirar, o el fabricante de los embutidos que va a ingerir, pero al mismo tiempo imponerle a todos un sello cultural uniforme, embebido por otra parte en una concepción del mundo y de la vida necesariamente particular.
6. El grado óptimo de intervención estatal y sus modalidades plantean cuestiones aparte. La eliminación de la universidad estatal no se ha transformado aún en un tema de debate entre nosotros. El papel importante del estado en materia financiera en este terreno no ha sido puesto en tela de juicio por nadie en el Uruguay, que nosotros sepamos. La cuantificación de esa intervención, la determinación de si debe hacerse en forma de becas o de préstamos, y temas análogos, forman parte de la temática natural del diálogo democrático. La afirmación de la vigencia de la libertad en el ámbito universitario debería ser, en cambio, ajeno a él. Debería reconocérsela como uno de los pilares que sirven de sustento a ese diálogo, y le infunden sentido y validez.