Ha llegado el momento de procurar, al cabo de esta larga serie de artículos, una visión de conjunto del terreno que ella ha cubierto.
Hemos propuesto la conclusión de que los intereses de nuestro país serían óptimamente contemplados por la renuncia del estado a emitir su propia moneda.
En los dos últimos artículos nos hemos ocupado de las alternativas. La opción por un sistema de tipo de cambio fluctuante nos ha parecido descartable desde el punto de vista práctico, tanto en la versión pura (flotación libre, o limpia) como en su modalidad mixta (flotación sucia). El sentido fundamental de esta opción consistiría en maximizar el área de movimientos de la autoridad monetaria, al reducir todo lo posible el peligro de déficit externo (eliminarlo, realmente, en la flotación limpia). Un sistema de tipo de cambio fijo, por el contrario, restringe notablemente la autonomía de la autoridad monetaria. No hay, desde ese punto de vista, una diferencia clara entre tener un tipo fijo con otra moneda, y renunciar a emitir la propia. Las hay, sin embargo, desde otros puntos de vista, y entre ellos se cuenta el de la credibilidad del mantenimiento del tipo fijo. Esta es necesariamente total en el caso de renuncia a la propia emisión, ya que la misma palabra devaluación carece de sentido en ese contexto. En todo caso de emisión propia, aquella credibilidad constituirá un mal endémico, y presentará fases agudas en una diversidad de circunstancias, tanto domésticas como internacionales. En tales crisis de confianza se producirán fuertes incrementos del diferencial de tasas de interés entre el mercado doméstico de fondos prestables y el internacional, con el consiguiente efecto recesivo sobre la actividad del sector privado.
Pero no queremos adentrarnos en la cuestión de dinero y bienestar, que dejamos para el próximo y último artículo de la serie, sin analizar la cuestión de la soberanía.
De qué se trata
No sabemos bien en qué consiste este problema. En realidad, sería de incumbencia de quienes aducen que él existe, definir claramente su contenido. Pero como lo que producen los defensores de nuestra soberanía, cuando nosotros hablamos de dejar de emitir nuestra moneda, son meras generalidades, afirmaciones incapaces de toda verificación empírica, nosotros nos sentimos obligados a suplir en lo posible su omisión, y formular al respecto hipótesis que resulten analizables.
Con anterioridad hemos considerado el contenido posible de la proposición: "la renuncia a emitir nuestra propia moneda lesionaría nuestra soberanía", y llegamos a la conclusión de que existen dos tales posibles contenidos: uno, la afirmación de que la respectiva decisión sería adoptada por imposición ajena, o en beneficio de otro país; el otro, la afirmación de que la renuncia a emitir nuestra propia moneda nos sometería a la voluntad ajena, presuntamente del estado cuya moneda de hecho usáramos, en cuanto al diseño de nuestra política económica, o tal vez en otros sentidos también.
A continuación consideraremos sucesivamente varias hipótesis encuadradas dentro de uno y otro de dichos sentidos posibles.
¿A quién podría serle útil?
La proposición: "la renuncia a emitir nuestra propia moneda sólo podría ser adoptada por imposición de otro estado", referida como se halla a un hecho que no ha acaecido, no es empíricamente contrastable, y por lo tanto no puede servirnos para nuestros fines. Nos ocuparemos, en cambio, de esta otra: "La renuncia a emitir nuestra moneda beneficiaría fundamentalmente a otro estado". La afirmación, así concebida, entraña una comparación difícil. Para evitar ese problema sustituimos, en el lugar de "fundamentalmente", la locución "de manera apreciable". Naturalmente, si el estado en cuestión, digamos los EE.UU, se beneficiase de manera apreciable, pero nosotros extrajéramos una ventaja mayor aún, no se plantearía una cuestión de soberanía. Sin embargo, si demostrásemos que ningún otro estado obtendría con nuestra decisión un beneficio significativo, el problema quedaría resuelto sin necesidad de comparar beneficios, y la hipótesis que estamos examinando tendría que ser rechazada.
La cuestión es relativamente sencilla. Supongamos que el Uruguay ha resuelto no emitir más su propia moneda, y que ha establecido una nueva unidad de cuenta, cuyo valor se definiría como igual a un dólar de los EE.UU. Por supuesto, podría definirse como igual a un marco alemán, o a un yen, pero preferiríamos usar el dólar en el ejemplo por dos razones:
(1) Porque creemos que la cuestión se percibe en sus implicaciones emocionales usando esa moneda. Algún adversario de la idea ha hablado de "dolarización" de la economía uruguaya; nadie de su "yenización", ni de su "marco-alemanización", ni de su "franco-suización", ni de nada por el estilo. Pongamos, pues, dólares, con todas las letras.
(2) En segundo lugar, porque estamos persuadidos de que, básicamente, es lo que más favorecería al Uruguay, vista la vastedad de los mercados de capital que celebran sus transacciones en dólares, tanto en los EE.UU como en Europa, e incluso en otros lugares, y parece un apropiado homenaje a la franqueza hablar de la misma moneda en que en realidad estamos pensando.
¿Le causaría a los EE.UU tal decisión algún beneficio apreciable?
Es cuestión de hacer números. ¿Cuántos billetes dólares adicionales demandaría el Uruguay? Se trataría de reemplazar los billetes pesos, tanto en poder del público (sector no bancario) como del sector bancario (integrando los encajes).
A fines de abril, estos billetes, sumados a los pasivos del BCU con los bancos, convertibles a su vez en billetes pesos, sumaban unos 610 millones de dólares. La base monetaria de los EE.UU —es decir, el agregado equivalente de la Reserva Federal— contemporáneamente alcanzaba a 170 mil millones de dólares. Es decir que el Uruguay, en caso de pasar a usar domésticamente el dólar norteamericano, demandaría base monetaria de aquel país por menos del 0,4% del total. ¿Alguien pretende que eso le importaría a alguien fuera del Uruguay, en los EE.UU ni en ninguna otra parte?
Esto no agota, sin embargo, la cuestión. El Uruguay posee actualmente un stock de reservas internacionales considerablemente en exceso de la suma que debería invertir en procurarse el stock inicial de billetes dólares. Consiguientemente, a propósito de ello no cabría hablar de un elemento de costo. Pero luego deberíamos importar dólares, año a año, para reponer el poder de compra erosionado por la inflación, que habría que suponer que, un año con otro, experimentaríamos a la misma tasa del área dólar, así como para satisfacer la demanda adicional derivada del crecimiento económico. Digamos, tomándonos un margen de seguridad, entre 80 y 100 millones de dólares al año en los años iniciales. Esto representaría un auténtico rubro de costo del sistema, que lo pagaríamos a los EE.UU. En otros términos, los EE.UU. podrían importar bienes y servicios del Uruguay (recursos reales) por una suma anual del orden de la indicada, pagándonos con la exportación de billetes. En nuestra opinión, ese representaría un precio módico por el servicio de suministrarnos una moneda, aún siendo una moneda mediocre como el dólar del último par de décadas, tanto mejor de todos modos que la nuestra. De cualquier manera, sin embargo, comprendería que alguien se quejase de la cuenta. No, en cambio, de que alguien pueda ver a nuestra soberanía mezclada en esta historia.
Para el Uruguay mismo, el costo en términos de su PBI, o de sus importaciones totales, sería ligero. Pero para los EE.UU el ingreso sería notoriamente ínfimo. Los ingresos anuales que la Unión ha derivado de la emisión de nuevos billetes en los últimos siete años promedian aproximadamente 13 mil millones de dólares de la actualidad, y nosotros vendríamos a sumarle 80, 90 ó 100...
A otra cosa, pues, lo antes posible.
Nuestra inflación sería determinada por los yanquis
Esto, por supuesto, sería básicamente cierto. Sólo que también lo es ahora. Lo que nosotros conseguimos conservando nuestra propia moneda es agregarle un componente adicional a la inflación que padecemos, que normalmente es, por descontado, el componente mayor.
Pero un sistema de tipos de cambio fijos genera la convergencia de todas las tasas de inflación hacia un nivel común a toda el área monetaria.
¿Qué tiene que ver la soberanía con todo esto? El hecho de que la política monetaria norteamericana tuviese entre sus efectos determinar la tasa de nuestra inflación, ¿atacaría en algún sentido significativo nuestra soberanía?
Nos parece transparente que no. Por de pronto, los EE.UU no podrían infligirnos una determinada inflación sin soportarla igual ellos mismos. No quiere decir, pues, que ellos pudieran dictar arbitrariamente la velocidad a que deberían avanzar nuestros precios. Quiere decir, en cambio, que nuestra decisión comportaría enganchar nuestro coche al convoy monetario norteamericano, y movernos a su misma velocidad.
En segundo lugar, la cuestión no difiere en lo más mínimo del que se plantea al tipo de cambio fijo. En efecto, un área monetaria compuesta por varios países, cuyas monedas estuvieran vinculadas por tipos fijos (esa es la definición del área monetaria) tienden a experimentar una tasa de inflación única. En principio, la política monetaria de todos puede influir sobre esa tasa. Pero un país pequeño integrante del área usualmente recibirá la tasa de inflación predeterminada desde fuera. Supongamos que su autoridad monetaria expande exageradamente el crédito (es decir, en modo de crear una oferta de dinero mayor que la demanda). El desequilibrio tenderá a corregirse a través de un déficit de balanza de pagos, o sea de una pérdida de reservas. En otras palabras aún, saldrá dinero del país. Esto incrementará la oferta monetaria del resto del área, y tenderá a hacer subir los precios en todo su ámbito, pero el supuesto de que el país es pequeño en relación al área nos hace inferir que esa suba de precios sería imperceptible. Si uno de los países del área es, por contraste, muy grande, en un sentido análogo, su expansión monetaria estará muy cerca de equivaler a la expansión monetaria del área entera, y de tal manera su política estará muy cerca de determinar la tasa de inflación para todos.
Esto, recordémoslo, con tipo de cambio fijo pero con países provistos cada uno de su propia moneda. Si un país del área —un país pequeño— decide un buen día dejar de emitir su propia moneda, desde este punto de vista, nada cambia. Sigue habiendo una sola tasa de inflación, determinada esencialmente por la política crediticia de los países grandes, tal vez de un país dominante. Los países pequeños con emisión propia tendrán la tasa de inflación general y perderán reservas si emiten en proporción mayor que la permitida por esa tasa de inflación. Los países pequeños sin moneda propia tendrán la misma tasa de inflación y no podrán, por definición, emitir nada. Esto tiene un lado bueno —no corren riesgo de padecer déficit por sobreemisión— y un lado malo —al no poder emitir tendrán que importar más billetes cuanto mayor sea la inflación en el área, entregando a cambio recursos reales. Esto es relevante desde el punto de vista de la conveniencia de renunciar o no a la propia moneda (dinero y bienestar) pero no tiene nada que ver con el tema de hoy (dinero y soberanía).
¿Podría influir un estado extranjero en nuestros asuntos internos?
Aparte de determinarnos la tasa de inflación, ¿podrían los norteamericanos decidir sobre otros aspectos de nuestra economía?
La política monetaria del país o países dominantes de un área pueden afectar todas las variables susceptibles de relacionarse con esa política en la totalidad del área, y no sólo en sus propios territorios. Pero la existencia de un área monetaria proviene, subrayémoslo nuevamente, de la existencia de un sistema de paridades fijas. Con moneda o sin moneda propia, la situación de un país pequeño en un área monetaria grande es igual.
Por supuesto, prácticamente todo lo que hemos dicho sobre la tasa de inflación puede repetirse simétricamente de una eventual tasa de deflación. Si tal hubiera, al país sin moneda propia le sobrarían billetes (dólares) que podría utilizar para importar recursos reales sin verdadero costo. En principio se trataría en todo sentido de la situación simétrica de la ya analizada, y no puede representar ningún problema.
Sin embargo, un proceso deflatorio brusco o inesperado podría desencadenar una contracción real con elevada tasa de desempleo. Las tasas de interés, igualmente, serían comunes para toda el área, y la política monetaria de los países grandes podría determinar, por ejemplo, un alza de las tasas reales.
Respecto a todo esto, análogamente a lo ya visto, cabría señalar.
1.— Ninguna decisión del país cuya moneda predominante usáramos sería específica para nosotros. Conforme a la imagen ya usada, nosotros vendríamos a engancharnos a un convoy y tendríamos que aceptar su velocidad, sus aceleraciones, y deceleraciones.
2.— El factor clave para la influencia de los países dominantes del área es la fijeza de los tipos de cambio. La existencia o no de una moneda local emitida (a diferencia de una simple unidad de cuenta) no desempeñaría un papel central en ningún aspecto significativo.
Asimismo conviene destacar que:
3.— La decisión es claramente reversible. Un país podría renunciar a emitir su propia moneda, soberanamente, y de manera igualmente soberana resolver que desea volver a emitirla. Si creemos que, como hemos dicho en un artículo previo, ello sería relativamente difícil, ello se debe solamente a que pensamos que la opinión pública adoptaría una actitud fanáticamente contraria al retorno a la propia emisión, como de hecho ha ocurrido en Panamá. No porque la reversión planteara ninguna clase de otras dificultades sustanciales.
¿Limitaría la medida las posibilidades de nuestra política económica en otros campos?
Otros comentaristas han dicho que la renuncia a la emisión de la propia moneda entrañaría el abandono de toda política económica; la imposibilidad de tener una política comercial, por ejemplo, o una política fiscal. Esos comentaristas no fundamentaron, sin embargo, sus afirmaciones. Estas quedaron colgadas en el aire, huérfanas de toda sustentación. Nosotros querríamos sugerir proposiciones concretas que encarnasen esas ideas, en manera que ellas fueran susceptibles al análisis, como en los casos anteriores; pero la verdad es que no sabríamos hacerlo. No llegamos a captar, realmente, qué es lo que se ha querido sostener. Solamente, de manera lateral, querríamos acotar lo siguiente:
1.— Abrigamos la convicción de que la política económica podría desarrollarse en toda su generalidad, sin ninguna clase de trabas. Hemos considerado el caso de medidas de fuerte contenido intervencionista, como el control selectivo del crédito. Hay excelentes razones en la teoría económica para que la autoridad se abstenga de hacer tal cosa, es decir, de regular el contenido de la cartera financiera de los bancos, pero en la renuncia a emitir su propia moneda no se halla implícita ninguna imposibilidad para establecer esa clase de reglamentación. Y así sucesivamente, no existe medida, por detallista e intervencionista que sea, fuera del campo monetario, que resulte excluida por el hecho de haber renunciado a emitir una moneda propia.
2.— Al mismo tiempo, aunque las hubiera, aunque la libertad de acción de la autoridad económica resultase, en alguna manera, que nosotros no alcanzamos a prever, restringida por la renuncia en cuestión, ya hemos convenido en que ello no rozaría nuestra soberanía. Sólo, eventualmente, nuestro bienestar, y eso es cuestión a examinar por separado. La renuncia entrañaría, por supuesto, una restricción a la autonomía de la autoridad económica dentro del área monetaria, pero no hemos tenido dificultad en concluir que una restricción voluntaria a la libertad de acción de la autoridad no afecta la soberanía. Otro tanto habría que afirmar de alguna otra limitación del área de libre decisión que pudiera resultar de la renuncia que estamos considerando.