Las medidas anunciadas por el Ministro Arismendi el 28 de mayo difirieron un tanto de las que la prensa había adelantado.
Entre las medidas con un específico fin fiscal, se destaca el anuncio de que la tasa máxima del IVA seguirá en 18 o/o, mientras que la tasa intermedia pasará del 8 al 12 o/o. La tasa mínima, de 0 o/o, seguirá sin modificarse.
Por este último aspecto —la existencia de un apreciable sector no gravado— no es posible afirmar con certeza que la suba del 8 al 12 o/o reducirá las distorsiones originadas por este tributo. Sin embargo, esta solución es superior al aumento de la tasa máxima dejando el resto igual, que era lo originalmente anunciado.
El IVA se extenderá asimismo a los servicios prestados por profesionales universitarios en forma independiente. Esta modificación va a suscitar problemas de control administrativo, pero técnicamente es irreprochable.
Otro tanto puede decirse del aumento de la tasa del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, del 25 al 30 o/o. Si se necesita mayor recaudación, hacer pagar más a los que están ganando dinero no puede plantear problemas.
La elevación del IMESI, por su parte, es distorsionante, e indeseable.
El mantenimiento del Impuesto al Patrimonio no se justifica, por razones que BUSQUEDA ha desarrollado reiteradamente. En su alocución (aunque no en la versión escrita entregada a los medios) el Ministro dijo que no se sentía moralmente capaz de anunciar la eliminación de un impuesto a la riqueza cuando estaba anunciando al mismo tiempo un impuesto a los sueldos. Esa no es la cuestión. Un impuesto que hoy tiene un claro sentido descapitalizador afectará la estabilidad de cierto número de empleos. Lo que es más grave, la cancelación de una derogación impositiva formalmente anunciada afectará la credibilidad de los gobiernos uruguayos, y a través de ello la inversión en el país. El mantenimiento del Impuesto al Patrimonio es una mala noticia para los propios trabajadores uruguayos.
El Ministro aclaró que las medidas fiscales dejan subsistente un déficit estimado que, sin embargo, no cuantificó. Se comprometió, eso sí, a financiarlo con recursos genuinos (no con la máquina impresora de billetes).
Como ya adelantamos en un editorial del número anterior, en la coyuntura un déficit correctamente financiado nos parece indicado. El objetivo de equilibrio presupuestal debe enunciarse en términos cronológicos que coincidan con el ciclo económico.
Por otra parte, el Ministro dio a entender que el esquema cuenta con el apoyo del FMI, lo que implica que las autoridades deben haber convencido a los funcionarios del organismo que la financiación del déficit con recursos genuinos era factible. Es una lástima que la información trasmitida a la ciudadanía haya sido, en cambio, tan incompleta.
Pasando a las medidas con finalidades ostensiblemente extrafiscales, vemos destacarse la doble medida de política comercial, consistente en un subsidio general del 10 o/o a todas las exportaciones, y un recargo adicional del 10 o/o sobre el costo cif de todos los productos más arancel global.
Los efectos conjuntos de un arancel a las importaciones y un subsidio a las exportaciones, ambos del 10 o/o, equivalen a los de una devaluación del 10 o/o. Es un conocido principio de política comercial, que tiene plena vigencia en esta ocasión.
La medida debe considerarse en combinación con la decisión que anunció el Ministro de no promover aumentos salariales en el resto del año, así como con la devaluación explícita resultante de la aceleración de la tabla del dólar.
En conjunto todo ello procura un fuerte aumento del tipo real de cambio, y aquí se centra la política anticíclica del gobierno.
Lo que tal vez haya querido presentarse dentro del marco de una política anticíclica, pero que a nosotros nos parece tendrá un efecto contraproducente, es el impuesto a los sueldos con destino al Fondo de Viviendas. Tampoco desde un punto de vista social podemos discernir sentido en la medida.
Dicho sea todo ello a título de adelanto. Los temas importantes que apenas hemos rozado abundan. Volveremos sobre ellos.