Fue una excelente noticia la que difundimos en nuestra última edición a través de la carta del Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Valentín Arismendi, donde éste anunciaba que las cuentas fiscales serán publicadas a junio en el número del mismo mes del boletín estadístico del Banco Central (Indicadores...). Se trata de algo excepcional, ya que el resto de la información contenida en esa publicación llega sólo hasta marzo. Además, por años y años, Indicadores de junio ha traído sólo las cifras fiscales del primer trimestre.
No nos parece en cambio recomendable el criterio de haber demorado la distribución de ese boletín, que es el principal canal de información estadística del país, y que al entrar en prensa esta edición no había sido aún hecho público, sólo con el fin de adelantar las cuentas de la Tesorería del segundo trimestre. Toda la prensa, nosotros por supuesto incluidos, habría dado a conocer esas cifras con el mayor agrado. Mientras tanto, el investigador uruguayo, y el observador extranjero de nuestra economía, cuentan a la sazón con los datos que aparecen en esa publicación sólo hasta diciembre de 1981. Eso podrá ser adecuado para los historiadores, pero para los economistas la prontitud en la disponibilidad de los datos resulta absolutamente esencial.
Las autoridades en este país a veces adoptan, respecto de la información estadística, un criterio que implica asimilarla a secretos de estado. Es un lamentable error. La difusión de los secretos de estado lesiona el interés público. La difusión de la información económica lo promueve. Cuando un analista privado toma conocimiento de una cifra oficial no limita en ninguna medida el uso que las autoridades pueden hacer de ella. Esta es la característica distintiva de los bienes públicos. Si yo ocupo un asiento en un aula universitaria, excluyo la posibilidad de que otro estudiante haga lo propio. Análogamente, si ocupo una cama en un hospital. Estos bienes son privados por naturaleza, por más que los suministren entes públicos. Alguna restricción para asignarlos a sus respectivos usuarios (v. gr. examen de admisión, cobro a los enfermos no menesterosos) suele ser necesaria. Pero con la información no ocurre otro tanto. Cuando yo me entero de una serie de oferta monetaria, no limito la posibilidad de nadie de hacer otro tanto. Restringir el acceso a la información estadística carece por lo tanto de sentido, y constituye claramente un despilfarro de recursos.
Hablando de series monetarias, las autoridades hacen circular cada diez días aproximadamente información estadística bastante actualizada que contiene esas series. Pero los boletines respectivos ("decadariales") tienen una leyenda que expresa que su circulación es restringida. Quienes tienen acceso a ellos poseen hoy información sobre, digamos, series de M1 y M2, a alguna fecha de junio. Los demás sólo conocen esas series hasta fin de diciembre. ¿Qué justificación puede existir para lo que a nuestros ojos luce como un absurdo despilfarro de recursos? Nosotros no podemos responder, y nos sorprendería que las autoridades pudieran hacerlo.
El Cr. Arismendi, en su carta citada, expresa que la publicación de donde extrajimos la conclusión de que la información sobre finanzas públicas estaba siendo deliberadamente demorada era una publicación "preliminar y parcial de carácter reservado". No alcanzamos a comprender esta afirmación. Los datos no eran en ningún sentido ni más ni menos preliminares que los que Indicadores trae cada trimestre. Era parcial sólo en el sentido de que le faltaba la sección sobre finanzas públicas que nosotros echamos de menos. El boletín se hallaba encuadernado de la manera habitual, y no contenía ninguna mención ni leyenda a un supuesto carácter reservado.
Lo que es aún más importante, por su naturaleza, su contenido no era reservado. No podía serlo. Se trataba de información recogida y procesada con recursos públicos, cuyo carácter de bien público hacía que su "consumo" por nosotros no restringiera el de nadie más. El sentido de la carta del Ministro Arismendi cuando enfatiza el carácter reservado de la publicación nos resulta incomprensible.
Hay una cosa que debe quedar clara, luego de la carta que el Ministro Arismendi nos escribió el 14 de julio. La clase de periodismo que hacemos en Búsqueda requiere toda la información estadística disponible, y podría usar mucha más aún. Nuestra tarea pública semanal implica una evaluación previa de la coyuntura, sin la cual nuestros juicios carecerían de la seriedad que, según confiamos, los caracteriza. Hasta ahora hemos tratado de obtener toda esa información, sin preocuparnos de que se hallara o no marcada como reservado. No nos avergonzamos de ello. Nos proponemos seguir haciéndolo. Las autoridades tienen en sus manos, por supuesto, el poder de frustrar nuestra investigación. Pero eso significaría al mismo tiempo impedir nuestra actividad. Según la tesis implícita en la carta del Ministro Arismendi, nosotros debíamos tener nuestra información sobre, digamos, las cuentas consolidadas del sistema bancario, a diciembre del año pasado. No es el caso. Si lo fuera, no tendríamos la osadía de dirigirnos al público uruguayo expresando opiniones que implican juicios sobre la situación económico-financiera del país.