Recientes declaraciones del Director General de la Seguridad Social, Gral. H. Linares Brum, confirmaron que en esferas oficiales se estudia una fórmula en la que de algún modo el sector privado podría participar en la cobertura económica de la Seguridad Social.
Las declaraciones del jerarca no brindan suficientes elementos de juicio como para evaluar y comentar la medida a estudio, aunque introducen algunas novedades sobre cuál podría ser la participación del sector privado en el sistema.
Hasta ahora, la idea que existía en torno al tema —avalada por algún comentario oficial anterior, tampoco demasiado explícito— era la de que podría adoptarse en nuestro país, total o parcialmente, un sistema parecido al chileno. Esto es, que además, o en lugar, del Banco de Previsión Social, participarían en el sistema los bancos privados, en los cuales se realizarían, a opción de los beneficiarios, los aportes obreros y patronales y se cobrarían luego las jubilaciones y las pensiones.
El sistema chileno, que entró en vigencia a fines de 1980, significó una sustitución completa de la Seguridad Social estatal por un sistema privado de seguros cuya prima la constituyen los aportes de los empleadores y de los trabajadores, los cuales se vierten en el banco que estos últimos seleccionan. La obvia competencia determina que para atraer potenciales clientes, las instituciones ofrezcan variaciones más atractivas tales como, por ejemplo, primas o beneficios de retiros especiales. Debe agregarse que es factible que en el curso de los años a lo largo de los cuales se van acumulando aportes, el beneficiario cambie su cuenta de una institución a otra sin que ello afecte los derechos adquiridos hasta entonces.
Bastante lejos de estas ideas, las que parecen primar en el momento actual en las autoridades uruguayas, se orientan más bien a la posible instauración de un sistema de renta vitalicia, complementaria de la pasividad. Esta seguiría a cargo del Estado y la renta sería fruto de un sistema en el que participarían entidades privadas y al cual los trabajadores podrían afiliarse voluntariamente.
El Gral. Linares Brum, cuando se refirió a este proyecto en estudio, agregó que las empresas que se hicieran cargo de este sistema serían controladas por el Estado y deberían volcar su rentabilidad en documentos de deuda pública y procurar que a él pudieran acceder los sectores de menores ingresos.
Así dicho, el proyecto no parece demasiado atractivo y corre el riesgo de fracasar tempranamente.
Si se le ponen tantas condicionantes a los agentes privados eventualmente interesados en el sistema, no aparecerá quien quiera participar. Si hay que condicionar el destino de la rentabilidad del sistema, someterse a un complicado cuadro de controles, y eventualmente subsidiar algunos servicios para hacerlos accesibles a determinadas capas desfavorecidas de la población, pocos o ninguno serán los agentes financieros que se interesen en formar parte del nuevo esquema o tomarlo a su cargo.
Inclusive en este último concepto expresado por la jerarquía máxima de la Seguridad Social de procurar que accedan al sistema los sectores de menores recursos (no hay otra manera de "procurar" algo para alguien que está fuera del mercado que subsidiar o donar) se está saliendo del tema de la seguridad social que por definición debe fundarse en una ecuación aritmética que permita recaudar y luego pagar, y se está entrando en el de la beneficencia, de escaso arraigo en la actividad bancaria o financiera.
Por otra parte el seguro de renta vitalicia no constituye ninguna novedad en nuestro país, donde ya existe desde hace tiempo a cargo de instituciones privadas de seguros y aún del propio Banco de Seguros del Estado, sin tantas condiciones como las que el nuevo sistema parece augurar.
Si algo hay que decir a favor de las autoridades de la Seguridad Social y del gobierno actual en lo que concierne a este terreno, es que en pocos años los progresos que se han hecho son considerables con respecto a un pasado no tan remoto.
El hecho de que las pasividades sean tan bajas, en algunos casos por debajo del nivel de subsistencia y de dignidad en la retribución a toda una vida de esfuerzos y de trabajo, no debe ocultar que las mismas se pagan en fecha, y que los trámites previos a su obtención insumen mucho menos tiempo y sacrificios que hace unos pocos años.
No es posible olvidar que las viejas Cajas de Jubilaciones fueron verdaderos antros de corrupción y politiquería en los que se distribuyeron prebendas y dádivas, jubilando amigotes, empleando correligionarios, regalando prácticamente en vergonzosos préstamos a los empleados a tasas ridículas y plazos no menos absurdos los fondos que debían asignarse a la retribución de los pasivos. Y que éstos, al fárrago burocrático de una administración que multiplicaba trámites para poder darle algo que hacer a su numeroso personal, debían agregarle la humillación de ir a procurar la influencia tal o cual o a prometer el voto para materializar sus derechos.
Mucho camino se ha recorrido desde entonces en bien de las clases pasivas, y la reorganización y sistematización de la Seguridad Social son palpables y concretos avances en tal sentido, a pesar de la exigüidad de las retribuciones que paga a sus beneficiarios.
En la misma dirección deberían dirigirse los estudios y los proyectos de privatización, procurando lograr a través de la racionalización y la eficiencia, la disminución de los todavía asfixiantes costos operativos que frustran el propio sentido del sistema.
El Gral. Linares Brum dijo textualmente en sus declaraciones recientes en Salto: "Estoy seguro que soluciones para la Seguridad Social van a haber". No lo dudamos. Pero no quedan muchos caminos para desactivar la bomba de tiempo. Ni demasiado tiempo.