La tenaz vinculación del Uruguay con el oro se remonta a sus orígenes nacionales. El apego a la moneda metálica, y su complemento, el horror al papel moneda inconvertible, se destacan como rasgos distintivos del pequeño país que por entonces daba sus primeros pasos de estado soberano, flanqueado por dos gigantes inflacionistas. En 1842, entablada la Guerra Grande, se dictó una ley de emergencia, que autorizaba al Poder Ejecutivo a procurarse recursos por cualquier medio excepto la emisión de papel moneda. Ninguna crisis, proclamaba implícitamente aquel estatuto, podía justificar el empapelamiento, que ya había causado estragos en los dos países vecinos. Aquel consenso metalista presidió la evolución monetaria del país aún por muchos años.
Recién a fines de siglo, en 1896, un banco estatal, el Banco de la República, recibió la competencia legal para emitir billetes, aunque —por supuesto, en aquellos años de apogeo del patrón oro— con la obligación de convertirlos a la paridad establecida por ley en 1862. La iniciativa de crear un banco estatal con el monopolio de la emisión levantó tremendas resistencias. Carlos María Ramírez previno que la medida culminaría en un régimen de papel moneda inconvertible. Eduardo Acevedo acotó que un banco estatal no sería capaz de resistir la presión del primer gobierno que olvidase las virtudes de la disciplina fiscal, y propuso la privatización del flamante BROU.
Sin embargo, la suspensión de la convertibilidad no vino a través del uso de la máquina impresora para financiar el gasto público deficitario, sino como secuela de ese cataclismo en la historia de Occidente que fue la primera guerra mundial. Entre 1896 y 1914 la convertibilidad se preservó sobre sólidas bases de disciplina fiscal y crediticia. Cuando hubo dificultades, como ocurrió durante la segunda presidencia del Sr. Batlle y Ordóñez, la política monetaria asumió el sesgo deflacionista, siempre doloroso, que las circunstancias exigían. Este período nos muestra la vieja adhesión uruguaya a la moneda metálica en una faceta sumamente valiosa.
Esta actitud tradicional experimenta una verdadera metamorfosis durante el conflicto armado. A su fin los EE.UU. reimplantaron la plenitud de la convertibilidad del dólar, a la paridad de preguerra. Gran Bretaña anunció que haría otro tanto, e inició la larga marcha deflacionaria que desembocaría en el retorno efectivo al patrón oro de 1925. El Uruguay, que durante la guerra había experimentado una inflación menor que la de aquellos dos países, y cuyas reservas se habían fortalecido notablemente, pudo sin duda hacer otro tanto. Y debió hacerlo, asimismo, si quería que su tradicional apego a la moneda metálica siguiera desempeñando el papel rector en la conducta de las autoridades que había signado hasta entonces la evolución del país. No lo hizo, debido a la oposición del Banco de la República, apoyada con endebles razones pero con férrea voluntad.
De hecho, el oro quedó ya definitivamente desplazado de su sitial central en nuestras instituciones monetarias. El último papel efectivo que le incumbía, como freno a la expansión crediticia, lo perdió en 1939, al autorizarse la emisión sin límite contra redescuentos. En adelante, si se exceptúa la prenda de parte del stock en algunas oportunidades, el oro quedó relegado a cumplir, desde las bóvedas de Cerrito y Zabala, el pasivo papel de destinatario de una especie de culto mítico, en cuyo ceremonial folklórico figura la tesis, "a priori" disparatada, y archicontradicha por los hechos, de que la mera existencia del metal en su refugio subterráneo de la city montevideana contribuye a apuntalar la solidez del peso uruguayo.
En las actuales circunstancias, que en lo pertinente son las mismas desde 1939, la única postura racional frente a nuestro stock de oro consiste en considerarlo parte de las reservas internacionales centrales de la República; perfectamente intercambiable, en tal carácter, con los demás activos —depósitos, certificados de depósitos, letras de tesorería y otros activos semejantes, expresados en dólares u otras monedas— que las integran. La cuestión del peso relativo que el metal debe poseer frente a los activos financieros constituye, desde esa perspectiva racional, una de las cuestiones que el gerente de una cartera financiera debe considerar cotidianamente. Consiguientemente el Banco Central del Uruguay debería tener la misma libertad para vender oro, o comprarlo, que tiene para vender o comprar dólares, yen, Deutschmark, florines o francos suizos. Sin duda, como lo revela la más somera comparación de la composición de las reservas uruguayas con las de los demás países, la participación del oro en las nuestras excede de lejos la que los principios de una gerencia financiera podrían tornar aconsejables. Por tanto, vender oro es deseable; es decir, conforme al interés nacional, más allá de toda duda razonable.
Consiguientemente, el anuncio formulado por el General Pedro Aranco, en el sentido de que el Poder Ejecutivo ha autorizado al Banco Central a "utilizar" el oro radicado en el exterior debe ser acogido con beneplácito por todos quienes creen que la política debe encararse con criterios racionales, y que los mitos vernáculos, entre ellos el del oro, son lazos que el país a esta altura no puede permitirse.
Esta opinión no abarca el destino de los fondos resultantes de la venta (o prenda, ya que la declaración comentada no lo aclara). Esa es otra cuestión, que cae casualmente dentro del tema restante que deseábamos comentar editorialmente esta semana. En esta misma página, consiguientemente, señalamos al respecto algunas reservas. Pero, en sí misma, la decisión de dispensar al oro el trato de servidor, y no de amo, de los intereses de la República, no nos merece más que aprobación.