Las recientes medidas económicas —nos referimos a las anunciadas el 8 del corriente por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y en particular al aumento de las contribuciones patronal y obrera sobre los salarios, y al adicional extraordinario del Impuesto al Patrimonio— requieren algunos comentarios ulteriores a los que les dedicamos en nuestra última edición.
En primer lugar, señalaremos que la elevación de los impuestos sobre los salarios ejercerán un efecto depresivo evidente sobre los salarios reales. El incremento de 3% a cargo de los trabajadores lo hará de manera directa. El 2% sobre los empleadores tenderá a incidir primariamente sobre el nivel de empleo, y solamente no terminará contrayéndolo aun más si, de una manera u otra, los salarios reales caen en esa misma o análoga proporción.
Otro tanto puede decirse de las medidas adoptadas en mayo en el mismo terreno, que no pueden haber deprimido los salarios reales menos del 2%. En total tenemos un 7% acumulativo. Por falta del ajuste habitual de los salarios nominales durante este año deberíamos computar aproximadamente otro 5%, en total no menos de un 12% de baja del salario real debido directamente a medidas gubernamentales. A principios de año, sin embargo, las autoridades se cerraron terminantemente a la propuesta que llegó entonces a su atención —en cuya concepción y promoción Búsqueda intervino— de reducir el salario nominal de los funcionarios públicos y eliminar las trabas institucionales para que ocurriese otro tanto con los trabajadores del sector privado, como modo de reducir el déficit fiscal y mejorar la competitividad de nuestra industria. Una reducción media del 10% del salario nominal habría determinado una baja apreciablemente menor del salario real, ya que la tendencia entonces obvia de los precios a la baja se habría sin duda materializado, máxime que habría resultado posible amortiguar, o aun detener, la tasa de devaluación del peso. Por encima de todo, el gobierno habría ganado de manera notable en credibilidad, y las expectativas que hoy impulsan la recesión podrían haberse revertido.
En lugar de ello, la política consistió en acelerar la tasa de devaluación. El único efecto visible de ello hasta ahora ha sido una fuerte suba de la tasa real de interés (más tarde acentuada por la elevación del costo del seguro de cambio). Encima de ello comenzaron a sucederse medidas, que no sabemos siquiera si habrán concluido, coincidentes en su efecto depresivo sobre el salario real. Todo ello sin ninguna de las ventajas que podía redituar el método propuesto y rechazado. Eso sí, permitiéndole al gobierno respetar el tabú de los salarios nominales. Una genuflexión oficial más ante un mito absurdo, costosa como suelen ser todas estas ceremonias.
La preferencia de las autoridades por el Impuesto al Patrimonio como asiento de una contribución extraordinaria, en lugar, digamos de una pequeña elevación transitoria de las tasas del IVA, también parece inspirada en una preocupación por no aparecer ante la opinión pública desprovistas de conciencia social. Una conciencia social auténtica, sin embargo, nunca dictaría medidas abiertamente contrarias al interés popular, como es sin duda la que estamos considerando. ¿De dónde va a salir el adicional al Patrimonio a cargo de las empresas que están perdiendo dinero este año, y sin duda conforman la mayoría de las empresas del país? De su capital, sin duda posible. Con la descapitalización consiguiente, las posibilidades materiales, y la disposición anímica, para mantener el nivel actual de empleo, y eventualmente expandirlo, experimentarán un fuerte descenso. ¿Y cómo repercutirá sobre la credibilidad del gobierno uruguayo el hecho de que el Impuesto que había seleccionado para derogar, y cuya derogación para el año en curso fue anunciada formalmente por su Ministro de Economía, aquí y en el exterior, sea el mismo que ahora selecciona para elevar extraordinariamente?
El último comentario que deseamos formular concierne al desajuste entre el área que las medidas se dirigen a cubrir, y el área del problema que enfrenta el país, que no es otro que el de su coyuntura gravemente recesiva. Las medidas se ubican en el área fiscal, cuya vital importancia en el contexto de aquel problema nosotros somos los últimos que podríamos querer discutir. Con todo, en un país en recesión, cuyas empresas están pagando intereses reales del orden del 50%, cuando es factible pagarlos del orden del 7 u 8%, o sea las tasas (no muy bajas por cierto) que se pagan en países que tienen clases de dinero relativamente normales, no puede caber la sombra de una duda de que el ombligo de sus problemas económicos están en el área monetaria.
Una tasa de interés real del 50% para arriba es una especie de broma trágica, que no puede continuar. Mientras tanto las autoridades no solo no suelen hacer nada al respecto, sino que, cuando excepcionalmente hacen algo —como el BROU a propósito del seguro de cambio— es para impulsar las tasas diez puntos hacia arriba.
Nosotros hemos propuesto nuestra solución, y sería ocioso insistir sobre ella. Es perfectamente comprensible que no guste. Pero si quien la rechaza es el gobierno, y al mismo tiempo tiene bajo su responsabilidad el área de desastre que es la moneda uruguaya en la actualidad, es imperativo que halle y aplique otra sin más demora.