Como ha sido informado por la prensa, nuestro director y nuestro editor fueron citados por la policía e interrogados sobre la reciente entrevista al Dr. Jorge Batlle, que por supuesto también fue llamado a declarar. Al entrar en prensa esta edición no teníamos aún noticia de que las autoridades entendieran oportuna la adopción de sanciones.
El motivo porque Búsqueda resolvió entrevistar al Dr. Jorge Batlle fue sencillamente que supo que el dirigente colorado estaría dispuesto a formularle declaraciones, y tenía la convicción que ellas serían de interés para su público.
En nuestra última edición editorializamos sobre nuestro compromiso con nuestros lectores, en el sentido de brindarles toda la información fidedigna de que dispusiéramos. No imaginábamos que tendríamos una oportunidad tan inmediata de ilustrar lo que queríamos decir.
Como es natural, la posibilidad de autocensurarnos no escapó a nuestra atención, pero no pudimos menos que descartarla, pensando que ninguna norma expresa nos prohibía publicar la nota. Abstenernos pensando que su aparición podría contrariar a las autoridades, y ocasionarnos complicaciones, habría implicado un serio renunciamiento al compromiso que acabábamos de publicitar, y que hemos sentido vigente desde nuestra aparición.
Desde otro punto de vista, pensamos que las opiniones del Dr. Batlle que vertimos poseen muy elevado interés, y que al hacerlo realizamos una contribución valiosa al progreso del diálogo nacional, en esta etapa tan difícil y tan crucial de la vida del país.
La sola idea de que una nota como la que motivó los interrogatorios aludidos, de indudable interés y de nula virtualidad ofensiva para nadie, pudiese haber sido suprimida, sólo porque el entrevistado es un ciudadano sobre el que pesa una inhabilitación administrativamente resuelta, no fundada sobre cargos conocidos de clase alguna, y cuya durabilidad diferencial, como en otros casos, obedece a razones igualmente secretas, debe servir además para revelar el estado profundamente insatisfactorio con que se encuentra la cuestión de los ciudadanos políticamente proscritos.
En nuestro carácter de medio de difusión no partidario, nos parece oportuno insistir sobre conceptos que ya se han vertido desde nuestras páginas, en el sentido de que las inhabilitaciones no sólo lesionan el interés de sus destinatarios directos, sino el de toda la ciudadanía, al empobrecer la calidad del discurso democrático, y suprimir información significativa.
El hecho de que nuestro semanario haya sido, y siga siendo, profundamente crítico de la gestión de nuestros políticos y nuestros partidos en la etapa de la historia nacional que hizo crisis en junio de 1973, infunde algún grado de significación a la reprobación cabal que le merece el sistema de proscripciones para enfrentar aquel problema. Y ello no sólo porque, al perder generalidad, las inhabilitaciones se volvieron incomprensibles, e incluso parecieron en parte reflejar de manera inversa, en ambos partidos, la calidad moral de sus destinatarios, sino de manera aún más importante, porque la adopción de sanciones por vía administrativa y secreta deben contarse entre las cosas más lesivas de la libertad y de la dignidad del hombre que quepa imaginar, y por tanto más aborrecibles para nosotros.