Son muchos los temas que suscita la Carta de nuestra autoridad monetaria al FMI. Uno de ellos es el de la indefinición en que deja numerosos temas, pese a su respetable extensión, entre ellos el tema del programa monetario para 1983, sobre el que veníamos insistiendo desde que se instituyó el sistema de flotación libre para el peso uruguayo. La reticencia que sobre tal aspecto compartieron la alocución del Ministro Lusiardo del 13 de enero y el comunicado del BCU difundido el 21 del mismo mes resulta, en efecto, reiterada por el texto de la carta que se ha hecho pública. La circunstancia de que ésta posea un anexo cuantitativo, al cual efectúa repetidas referencias, sin duda contribuye a explicar esos vacíos que su contenido por sí mismo, es decir, desprovisto de aquel complemento, infortunadamente padece.
La decisión de las autoridades de no difundir ese complemento cuantitativo y consiguientemente las metas sucesivas que él sienta para la política económica uruguaya, constituye otro de los puntos anejos a la carta cuya consideración se impone. A ese respecto queremos testimoniar nuestra adhesión a los conceptos que sobre esa decisión de reservar la información respectiva ha expresado de modo reiterado la Página Económica de "El País" invocando acertadamente el ejemplo dado por las autoridades argentinas y brasileñas al otorgar plena publicidad a los documentos cuantitativos suplementarios de sus respectivas cartas de intención. ¿A qué puede deberse la decisión de silencio de las autoridades? Más allá de una cuestión de estilo, de una fuerte propensión a la reticencia, por así decirlo, uno no puede menos que imaginar que el agente inhibitorio ha sido el temor a que el incumplimiento ocasional de algunas de las metas parciales afecte decisivamente en los ojos del público compatriota la credibilidad de todo el compromiso. En ese sentido, las autoridades deberían tranquilizarse: el documento no puede perder credibilidad bajo ninguna hipótesis; sencillamente, porque no la posee.
Este debería ser el punto de partida de cualquier enfoque de política económica encarado por la presente Administración, en tanto no procure de alguna manera —que tiene que ser espectacular, por más que ni con mucho todas las formas espectaculares sirvan— la reversión de su notablemente deteriorada imagen pública. Todas las políticas posibles ganan en manos de un gobierno capaz de concitar la confianza de los operadores económicos que deben actuar dentro de su ámbito, pero no todas las políticas son igualmente exigentes en materia de credibilidad gubernamental. Por el momento, consiguientemente, el problema que las autoridades deben plantearse en cada oportunidad es el de cuál es la política que optimiza el interés público sobre el supuesto de que el control gubernamental de las expectativas es totalmente nulo. Este planteamiento es altamente pertinente respecto de los aspectos que estimamos centrales en la carta al FMI, a los que ahora pasamos a comentar.
En nuestra opinión, la meta central y decisiva del compromiso de las autoridades uruguayas con el Fondo es la de carácter fiscal. Si se cumplen éstas, las de carácter monetario se darán por añadidura. Y cumplidas las de carácter monetario, las relativas a precios y tipo de cambio no se mostrarán esquivas por mucho tiempo.
Ahora bien, la meta fiscal para 1983, tal como está enunciada, presenta una drasticidad apabullante: el déficit debe caer, del 9% al 2% en términos del PBI. Supongamos que la meta es traducible a una de reducción de cinco puntos porcentuales del PBI, en lugar de siete, en virtud de que la cifra para 1982 no está corregida por la distorsión de la contabilidad pública introducida a principios de aquel año a fin de disimular el déficit incurrido en 1981. Ello es dudoso, porque el parágrafo 5 de la carta alude a un déficit de 2 1/3% para 1981, lo que implicaría la corrección de aquella distorsión, mientras al mismo tiempo el 9% de déficit para 1982 no parece congruente con los datos que nosotros poseemos, que nos apuntan a un déficit del orden de 7%. De todas maneras, y a título de atenuar la dramaticidad del planteo, pongamos que, efectivamente, se trata de reducir en cinco, y no siete, puntos porcentuales del PBI el desbalance de la Tesorería. Con todo, está implícita una política de choque de tremenda intensidad, como nunca se ha ensayado en el Uruguay.
¿De qué manera podría aproximarse semejante meta? Diríamos que hay solo dos instrumentos capaces de efectuar aportes significativos, en tanto no se recupere el nivel de actividad, respecto de lo cual la carta no parece formular mayores expectativas por el año en curso: en primer término, el rubro de impuestos netos sobre el comercio exterior, dominado por el impuesto a las exportaciones tradicionales, y la virtual eliminación del subsidio a las exportaciones no tradicionales; en segundo término, la reducción de los sueldos de los funcionarios públicos y de las pasividades, que se derivaría de la congelación de aquéllos al nivel de enero para el resto del año (ver Carta, par. Nos. 15 y 18). Concebiblemente los expedientes asociados al comercio exterior podrían rendir algo así como un 2% del PBI. Esto dejaría un 3% para el rubro salarios y pasividades. La suma de estos dos rubros es del orden del 15% del PBI. Para que su reducción rindiera 3% del mismo agregado, entonces tendría que alcanzar a su vez el orden del 20%. Si la inflación promedio para 1983 fuera un poco superior al 40%, ése sería efectivamente el resultado.
Sería posible concluir por lo tanto que la consecución de la meta fiscal es económicamente factible. ¿Lo es también políticamente? ¿Es deseable desde el punto de vista social? ¿No entraña una desincentivación peligrosa de las exportaciones de todo tipo? Por el momento, dejemos estos importantes aspectos de lado. Imaginemos simplemente que las metas se van cumpliendo a través del año y el crecimiento de la oferta monetaria comienza a enlentecerse concordantemente. ¿Qué ocurriría en semejantes circunstancias si, como nosotros creemos que sería el caso, las expectativas del público continuaran siendo altamente inflacionarias? La respuesta es que sobrevendría una fuerte tensión financiera, y que serían altísimas tasas reales de interés y un agravamiento de la recesión los que forzarían el abatimiento de la tasa de inflación hacia tasas del orden de las comprometidas con el Fondo.
Una manera de decirlo más brevemente es que una política de choque no debe intentarse a menos de que se disponga de una fuerte credibilidad, o se haga algo eficaz para lograrla. El tema es de primera importancia, por supuesto, y sobre él hemos de regresar en breve.