La campaña electoral de Felipe González, concedió más peso a las flores y a la tónica vital que ellas fueron encargadas de simbolizar, que a la política económica. Dentro de esta, sin embargo, quedaron registradas las opiniones del líder socialista en contra de las estatizaciones, tanto de empresas comerciales e industriales como de bancos. Ya había suficientes empresas de todas esas clases en el patrimonio del estado español, y ya causaban bastantes dolores de cabeza. Ese, en líneas generales, fue el sentido de sus pronunciamientos sobre el tema.
En cierta época el socialismo se definía como la doctrina que propugnaba la propiedad "colectiva", que en la práctica significa "estatal", de los medios de producción, y que la implantaba si conseguía el poder. La definición dejó de ser omnicomprensiva cuando el SDP, el partido socialista alemán, borró de su programa la ampliación del sector de empresas estatales. Desde entonces resulta mucho más difícil delinear una frontera conceptual que mantenga dentro todo el universo de programas de partidos y gobiernos socialistas. La idea que se desprendía de las declaraciones de Felipe González era que, merced a su liderazgo, el PSOE, que ya había borrado de sus estatutos la afiliación al marxismo, pasaba a ubicarse en una vanguardia de organizaciones social-demócratas, que se habían descartado las toscas banderas de los protosocialismos decimonónicos, buenas para la era del telar movido a vapor, pero totalmente inadecuadas para la era de la automatización cibernética. Los sutiles medios de que se valdría el nuevo socialismo para implantar un reino de justicia y alta calidad de vida (el término reino ya no molestaría) se hallarían en pleno proceso de elaboración. Uno podía imaginarse a Felipe sentado con Willi, alternativamente ante sendos chatos de manzanilla y medios litros de cerveza, departiendo sobre ese dorado futuro, y los medios para plasmarlo.
El problema para el líder español, según nos lucía a nosotros cuando analizamos su campaña, se vinculaba con las expectativas y la temperatura emocional que la asunción del poder despertaría en el electorado socialista y, sobre todo, en los cuadros militares. ¿Qué tendría Felipe para ofrecerles a uno y otros en el corto plazo? Ese corto plazo tan difícil, cuando las flores preelectorales ya estuviesen marchitas, pero antes de que ninguna medida de fondo pudiera dar fruto; cuando la euforia del triunfo ya fuera disipándose, y la gente comenzara a preguntarse sobre el significado tangible de la victoria.
Nosotros, en aquel análisis, aventuramos la hipótesis de que Felipe González llegaría a la Moncloa con una carta de triunfo en la manga: el pronto ingreso de España en la CEE. El sentirse plenamente europeos elevaría el tono vital de los españoles, y les daría paciencia para esperar una mejoría de su maltrecha economía. La medida sería sutil y creativa, de conformidad con la retórica preelectoral del Partido.
Por lo visto pecamos por ingenuos de mala manera. Creíamos que el pronunciamiento preelectoral del PSOE contra las estatizaciones excluía la posibilidad de que el PSOE en el poder estatizara. Pues bien, de un solo plumazo han estatizado unas 300 empresas, incluyendo 18 bancos, la mayor cadena de hoteles y la mayor cadena de supermercados del reino. Aparentemente subestimamos la imaginación de Felipe González y su gente, pues esta maxi-estatización —estatización a lo bestia según el vernáculo peninsular— ha sido resuelta supuestamente "a contre-coeur" por la cúpula socialista, que se mantiene fiel a sus principios anti-estatizantes, y solo ha actuado para salvar los intereses de incontables ahorristas y, antes que nada unos 60 mil puestos de trabajo, todo ello puesto en peligro por el inminente derrumbe del grupo RUMASA.
El hecho es que las empresas y los bancos del grupo estaban cumpliendo puntualmente con sus obligaciones en el momento en que fueron expropiadas por el gobierno. Lo que las autoridades españolas están proclamando es que un empresario puede perder el control de sus empresas en dos circunstancias distintas: si entra legalmente en situación de concurso, como siempre ocurrió, y además si el gobierno considera, en base a informes de sus economistas, que la viabilidad de sus negociaciones ha cesado; esto representa un áleas nuevo y con ello un cambio fundamental del riesgo empresario. Ciertamente, los inversores de España y de ultramar no dejarán de percibir la diferencia.
Consiguientemente la economía española sufrirá un empeoramiento duradero, pero eso, con ser deplorable, no es lo peor. Lo realmente grave es que la medida aparta al gobierno español de la legalidad si, como lo ha sostenido el Sr. Fraga Iribarne y a la distancia nos parece claro, la medida desconoce las garantías constitucionales que apuntalan el derecho de propiedad. Con el gobierno fuera de la legalidad, muchos comenzarán a preguntarse qué tiene Felipe González que le falte al Coronel Tejero. Y esto no es saludable para el futuro de España.
Todo ello es compatible con la hipótesis de que el grupo RUMASA estuviese enfrentando dificultades realmente críticas, en cuyo caso la aplicación de la ley de concursos se imponía de todos modos, tal vez complementada con nueva legislación para enfrentar en el futuro el riesgo de inestabilidad derivada del gigantismo empresario de conglomerados como RUMASA, y de su indeseable integración con bancos.
Queda aparte la hipótesis de que las pretendidas dificultades del grupo RUMASA carezcan de veracidad y se trate sólo de una patraña urdida con fines políticos subalternos. Ello representaría una agravante muy seria, pero no alteraría la esencia de la responsabilidad en que el gobierno español de todos modos ha incurrido.