Todo el mundo está de acuerdo en que la experiencia de tipo de cambio preanunciado, o sistema tabular, o "de la tablita", fue un rotundo fracaso, pero pocos se han preocupado por presentar una versión consistente de las causas del insuceso. Las hipótesis de que la tablita fracasó porque constituía una manifestación extrema de dirigismo, como pretenden algunos, o porque representaba una versión radical del liberalismo chicagüino, como aducen otras críticas, a veces de las mismas fuentes, no son más que facetas de la universal incomprensión que rodeó a la experiencia desde sus orígenes en octubre de 1978.
Las versiones que ponen la catástrofe en la cuenta de la falta de coherencia de las autoridades, entre las cuales cabría ubicar diversos editoriales de este semanario, no llegan a contener una explicación cabal del fenómeno, porque esa misma falta de coherencia, tan flagrante como destructiva del equilibrio, requiere a su vez una explicación. En parte, sin duda, el abandono de la línea recta por los responsables de la política, sobre todo el malhadado intento reflacionario de 1982, debe considerarse inducido por las dificultades que la política iba encontrando en su camino. Y si bien esas dificultades reconocen claras vinculaciones con el exterior, tanto el auge insólito y desestabilizador que importamos de Argentina en 1979, como los factores recesivos que recibimos de Argentina y del resto del mundo en 1981 y 82, ninguna teoría puede considerarse aceptable, en cuanto a las dificultades que crecientemente fueron interponiéndose, si no es capaz de asignar un papel protagónico a las expectativas; es decir, a la falta de confianza del público en el éxito de la política, y a la transformación progresiva de esa falta de confianza en la convicción de que el abandono final de la experiencia era inminente.
La dinámica fatal que sugerimos suministró gran parte del impulso que nos llevó al despeñadero, incluye secuencias como ésta: falta de confianza del público —suba de las tasas reales de interés— inhibición de la inversión y del nivel de actividad —intentos reflacionarios vía expansión del crédito— intensificación de la desconfianza —nueva suba de las tasas reales de interés— etc.
Este enfoque implica sostener que la política fracasó en buena parte porque el público no creyó en ella. Si esto fuera cierto, la relevancia de la acción en este momento, cuando estamos en la etapa incipiente de una nueva política, no podría ser más directa. Lo que la experiencia de 1978-82 nos estaría diciendo es que la distinción entre políticas buenas y malas debería ser precedida por otra, una distinción entre políticas inherentemente creíbles por el público y políticas desprovistas de esa virtud. Ninguna política que no fuera incluida entre las creíbles por sí mismas, "a priori", debería pasar a la segunda etapa de selección: porque no hay políticas buenas, en la práctica, si los agentes privados van a negarse a aceptar sus posibilidades de éxito.
La implantación de la tablita en 1978 presuponía dirigirle al público uruguayo esta clase de mensaje: "Hemos alcanzado prácticamente el equilibrio fiscal. Con ello nuestra Tesorería se ha vuelto independiente del crédito del Banco Central. Por tanto, no existe razón valedera para que aceptemos una tasa de inflación mayor que la internacional. Para eliminar nuestra inflación diferencial vamos a establecer un tipo de cambio fijo, destinado a regir indefinidamente. A fin de lograr una transición suave, vamos a hacer que la fijación de una paridad estable sea precedida por un lapso de pequeñas devaluaciones diarias, cuya tasa irá convergiendo hacia cero. Para facilitar la adaptación de las expectativas a la nueva realidad cambiaria vamos a anunciar la tabla de cotizaciones del dólar con algunos meses de anticipación".
Intrínsecamente, digan lo que digan, la política era buena. Sin embargo, hoy pensamos que no debió intentársela nunca, porque no era creíble, también intrínsecamente. Desde un principio. ¿Por qué una política inherentemente buena no resultó creíble? Porque, suponemos, presuponía en el gobierno virtudes mayores de las que el público estaba dispuesto a reconocerle. Virtudes de coherencia, de firmeza, de coraje, de lucidez, que el público no recordaba haber visto en gobernantes de su país, y por las cuales no estuvo dispuesto a darle crédito a los actuales. Y hoy el público sabe que no se equivocó. Sería temerario presumir que el crédito que se negó a las autoridades en 1978-82 en base a intuición va a acordárseles hoy en contra de la experiencia.
La política que las autoridades han anunciado al Fondo Monetario es una política tremendamente exigente desde el punto de vista fiscal, que supone reducir el déficit de 1982 en tres cuartas partes en un solo año. Para hacerlo el gobierno tendría que congelar el sueldo de los funcionarios públicos y los haberes de los pasivos, como también se ha comprometido a hacer, lo que implicaría a su vez una reducción de los ingresos reales de los grupos respectivos superior al 20 o/o. En nuestra opinión los agentes privados le están diciendo a esa perspectiva un no más rotundo aún que el que le dirigieron a la tablita.
Si el público no cree, cuando se complete el ajuste de los precios al nuevo nivel de tipo de cambio las tasas reales de interés van a quedar a un nivel desmesurado. La recesión va a persistir, tal vez a agravarse. 1982 fue un año de elevado desempleo pero de salarios reales relativamente altos. 1983 arriesga ser un año de elevado desempleo y salarios reales desastrosos. Pero esa inquietante combinación no cierra la lista de calamidades previsibles. Encima está la de que el gobierno abandone otra vez el esfuerzo, y la hoguera inflacionaria —que las altas tasas de interés habían atenuado un tanto— vuelva a arder, ahora incontrolablemente, y reduzca a cenizas los frutos, por magros que pudieran ser, obtenidos a costa del sacrificio popular.
En ese caso habríamos tropezado dos veces en la misma piedra, lo que, tan pronto después del revolcón anterior, sería inexcusable.