En materia de constituciones, somos decididamente conservadores. Por esto queremos decir que el paradigma del constituyente no se nos representa como un ingeniero social, trazando en su mesa de dibujo el plano que brota de su mente, sino como un pensador memorioso y cauto, más propenso a seguir los dictados del genio anónimo de nuestra civilización que los de su propia razón individual. Por eso deploramos la inestabilidad de nuestras cartas, la desmesura de las últimas, su utopismo ingenuo, su exaltación de la novedad. Por eso nos da escalofríos la amenaza que vemos cernirse otra vez sobre nuestro futuro, de que un adefesio parecido al proyecto que se plebiscitó en 1980 pueda adquirir vigor.
Pero nuestro conservadurismo constitucional no es inmovilista. Tampoco las cartas fundamentales escapan a la ley del cambio, la más universal de todas en la órbita de los asuntos humanos. No debe extrañar que haya casos en que la innovación social exija ser acompañada por la jurídica, no con el propósito de extender la variación a los principios, sino, precisamente, con el de preservar su continuidad.
Sostenemos que esa clase de transformación social pertenece la que ha sobrevenido en el campo del dinero.
Otrora los monarcas debían convocar a sus parlamentos a fin de que les votaran impuestos. Estas eran ocasiones propicias para que los parlamentarios presentasen las quejas de sus electores contra los atropellos infligidos por el poder, y condicionasen el otorgamiento de recursos financieros al establecimiento de garantías eficaces contra la repetición de tales abusos.
La historia de la libertad se halla puntuada de semejantes enfrentamientos y compromisos. Puede decirse por ello que la norma que forzaba a los príncipes a llamar a sus súbditos burgueses para que les aflojasen los cordones de la bolsa fiscal, es decir, el principio que proclama "ningún impuesto sin representación", se sitúa en cierto modo en los cimientos del estado de derecho. Si ya en sus albores medievales la cultura de Occidente no hubiese alumbrado a esta norma constitucional, la libertad habría sido probablemente tan inalcanzable en el ámbito de aquella como lo fue en las civilizaciones de Asia y América precolombina.
Los dos grandes últimos episodios en que aquella norma constitucional desempeñó un papel protagónico fueron la revolución norteamericana, donde suministró a los rebeldes el fundamento jurídico de su alzamiento y la revolución francesa, en la cual forzó a Luis XVI a convocar a su corte a los representantes de los contribuyentes, que en lugar de votarle impuestos, terminaron deponiéndole. Este último episodio, sin embargo, fue fatal para la eficacia del principio, porque en su transcurso por primera vez un estado usó la impresión de billetes —los assignats, de los que comenzaron emitiéndose 400 millones de francos en 1790, y terminaron circulando 40.000 millones en 1795— como expediente fiscal sucedáneo de la aprobación de impuestos. Aquella terrible inflación ilustró dos teorías distintas: la cuantitativa del dinero, y la que afirma que gobierno capaz de usar a su albedrío una máquina impresora de dinero tiende a volverse dictatorial.
Afortunadamente a la vez para las causas de la salud monetaria y de la libertad, el fin de las guerras que se suscitaron a raíz de la revolución francesa inauguró un siglo de notable estabilidad basada en el patrón oro, que restituyó a su plena eficacia el principio "ningún impuesto sin representación". Después de las turbulencias de las dos guerras mundiales y del período interbélico, sobrevino otro período de estabilidad, esta vez basado en el patrón cambio-oro. Pero todo eso ha terminado ya, según parece irreversiblemente. A partir de agosto de 1971, todas las principales monedas del mundo flotan, por primera vez en la historia, sin ningún anclaje metálico. Nada asegura que, económicamente, ese sistema va a funcionar. Mucho menos podemos estar seguros, políticamente, de que la vorágine de la inestabilidad monetaria no arrastrará la estructura del derecho constitucional de Occidente, y con él nuestras libertades tradicionales. ¿Cuál puede ser la solución? No nos referimos a la economía. Supongamos que la cuestión monetaria no encuentra solución satisfactoria. ¿Debemos quedarnos impasibles en el terreno constitucional? ¿Debemos continuar limitándonos a exigir que la ley autorice los impuestos, como hace el artículo 85 No. 4 de nuestra Constitución, mientras hoy día ningún gobierno tiene que hacer otra cosa que girar la manivela de una máquina impresora para procurarse recursos financieros ilimitados?
No. La respuesta es, claramente, no. Occidente ya está lanzado en busca de una respuesta. Las iniciativas han menudeado. Ya las hemos considerado en Búsqueda y volveremos a hacerlo. Hoy simplemente queremos destacar que el desafío de encontrar una solución está ahí, delante de nosotros, y que no podemos soslayarlo.
Nosotros, los uruguayos menos que nadie. Porque nosotros tenemos buenas razones para pensar que la corrupción de nuestra moneda, que vino primero, y la pérdida de nuestras libertades, que vino después, son dos fenómenos estrechamente vinculados. Y no mereceríamos perdón si, en esta encrucijada histórica en que nos hallamos, hiciéramos como que el problema no existe.
El peligro es muy real. Verán ustedes que se nos dirá —si es que ya no se nos ha dicho— que una cosa es la moneda, y otra la libertad; que un gobierno no debe emitir de más, pero que tal cuestión atañe al acierto o desacierto de su gestión, y que el juicio popular al respecto debe ser vertido en las urnas; que los que desean constituciones enjutas son los menos indicados para venir ahora a pretender cebarlas con novedades. Nada de eso es pertinente. La cuestión es como constreñir al Ejecutivo cuando la restricción tradicional —el principio de la legalidad del impuesto, o "ningún impuesto sin representación"— ha dejado de tener vigencia eficaz. Encontrar un modo de hacerlo es el desafío constitucional de nuestro tiempo. El que nosotros los uruguayos resolvamos el enigma es la condición básica de que podamos reconquistar la normalidad institucional. Ponernos ahora a hablar de constitución y soslayar este tema sería una imperdonable frivolidad.