En ocasión del reciente congreso internacional de seguros, la prensa interrogó al Presidente del BSE, Cr. Federico Baum, sobre si convenía o no mantener el monopolio de que disfruta la institución. El Cr. Baum se mostró evasivo desde el principio hasta el fin.
El Presidente comenzó corrigiendo a sus interrogadores: el BSE no tiene ningún monopolio en materia de seguros; lo tiene el Estado, y el BSE apenas lo administra. Si el Presidente Baum encontró tiempo para semejante aclaración, debe ser porque tenía poco o nada que decir sobre la cuestión que se le planteaba.
"Para juzgar si el monopolio es positivo o negativo deben verse los resultados", expresó luego el Cr. Baum. Es difícil no concordar con él sobre este criterio. Pero, ¿cuáles son los resultados pertinentes? Para el Cr. Baum, los suministra la función social de la inversión del BSE. "Las inversiones", dijo, "cuando son realizadas por un ente estatal, buscan, aparte de su rentabilidad, una finalidad social". Este pronunciamiento plantea dos clases de dificultades.
En primer término, ¿cómo se pueden respetar dos criterios a la vez? Si yo, director de una compañía, tuviera ante mí una cartera de proyectos, los cuales poseyesen cada cual su tasa interna de rentabilidad, y cada cual sus implicaciones sociales, las selecciones que haría buscando maximizar el valor neto de mi empresa por una parte, y el bienestar de la sociedad por la otra, serían diferentes. Si mis accionistas me impartiesen la instrucción de tomar en cuenta, a la vez, la rentabilidad y el impacto social, la imposibilidad de cumplirla me reduciría a un estado de parálisis intelectual. A los administradores de empresas estatales, salvo que no estén constreñidos por la lógica como estamos los simples mortales, debería acontecerles otro tanto.
La única solución posible del impasse nos conduce a la segunda dificultad. Para superar la primera, es necesario que el órgano decisor aplique un criterio de evaluación de los beneficios sociales derivables de las inversiones, que permita compararlos con los económicos. Presumiblemente, es lo que hacen los directores del BSE. Pero, ¿qué es entonces lo que está aconteciendo? Los gestores de la empresa pública adoptan criterios de inversión que implican reducir su capital por debajo de su valor potencial. Puesto que la empresa es de propiedad pública, es como si aplicaran un impuesto a cargo de la comunidad. Si las inversiones del BSE fueran más rentables, para decirlo de otro modo, los uruguayos tendríamos que pagar menos impuestos. Cuanto más sacrifiquen la rentabilidad de sus inversiones los directores del BSE, más impuestos tenemos que pagar. ¿Con qué destino? Con el destino de subsidiar obras de contenido social. Pero, ¿no pensamos todos en general que esa actividad de poner impuestos y pagar subvenciones es una misión del Parlamento? Atribuyendo a los empresarios públicos cometidos de naturaleza mercantil, y confiando a los parlamentarios las cuestiones que comprometan la justicia distributiva, ¿no respetamos criterios elementales de constitucionalidad, de mismísima racionalidad? Lo que nos dice el Presidente Baum, ¿no es que en la sala de sesiones del Directorio del BSE se usurpan las funciones del Parlamento? ¿De dónde tienen los directores del BSE autoridad para postergar el interés patrimonial de la empresa que se les ha confiado, a valores o metas que ninguna ley pone a su cargo?
Y finalmente: ¿hay alguien que realmente pueda creer que postulando la descentralización de la función legislativa en los directorios de las empresas públicas se consigue un argumento en favor del monopolio?
El lector deberá tomar posición sobre la forma en que estas preguntas deben ser respondidas. Ellas le conciernen, después de todo, de manera directa.
Los periodistas le preguntaron todavía al Cr. Baum si la competencia le haría bien o le haría daño al BSE. El Cr. Baum respondió, siempre evasivamente, que el BSE compite con compañías privadas en varios riesgos, y sugirió que le preguntasen a los clientes del Banco si estaban contentos con sus servicios. Obviamente, proponiendo la conclusión de que, si hay quienes trabajan con el Banco, es porque éste efectivamente puede competir.
El BSE puede competir, y compite... en los riesgos no monopolizados. En los demás explota su condición monopólica como el mejor. O como el peor, según se prefiera. El BSE cobra primas competitivas cuando compite, y primas monopólicas cuando nadie puede competir con él. El Cr. Baum sugirió que le preguntaran a los clientes del Banco en los riesgos competitivos si están contentos con los servicios de aquel. Habría que preguntarles más bien si están conformes con las primas que les cobran por automóviles y accidentes de trabajo.
Estas primas, y otras, esconden fuertes impuestos, con los que el BSE mantiene su frondosa burocracia y tal vez también su obra social. Si el BSE tuviese que competir en todos los ramos, tendría que prescindir de la burocracia, y que dejar los subsidios de promoción social al Parlamento. Que es, una y otra cosa, como debería ser.