Bajo el título "Los costos y las tarifas" la Página Económica de El País del sábado pasado ofrece un análisis sumamente interesante de la política de precios de ANCAP, que viene a asociarse a la comparación internacional de precios de la nafta que Búsqueda publicó recientemente (N° 176, 2 de marzo) para recordarnos que los uruguayos soportamos los mayores precios de combustibles del mundo entero. El artículo de la siempre interesante Página sirve también para destacar la falta de información a que ANCAP somete a los ciudadanos de la República, presuntamente sus dueños, y destinatarios de su bien publicitada, pero enigmática, función defensora.
La desmesura de los precios de los combustibles inflige al bienestar nacional un doble castigo. En primer término, en cuanto esos altos precios reflejan una gruesa ineficiencia, como ellos mismos hacen presumir, y la supresión de información por ANCAP seguramente confirma, representan una colosal destrucción de recursos, un sacrificio bárbaro al insaciable dios burocrático. En segundo lugar, en cuanto en general distorsiona la estructura nacional de precios, y en particular imparte señales falsas a los agentes privados sobre los costos reales de la energía, representa una fuente autónoma de ineficiencia, cuyos efectos se esparcen por todos los rincones de la producción nacional.
Dicho esto, y sin cederle a nadie la derecha en cuanto a sentir preocupación por este tema, y el de todo el gigantesco y deplorable sector de empresas estatales, no estamos seguros de compartir las conclusiones de nuestra prestigiosa colega sobre la significación de la reciente suba de las tarifas en el contexto global de la economía uruguaya. Según hemos entendido los comentarios de aquélla en sus dos últimas ediciones, en su opinión el ajuste tarifario impone un sacrificio indebido a la población trabajadora, y significa la elección de la vía inflacionaria para restablecer el equilibrio interno.
Con este segundo punto de vista estamos seguros de hallarnos en discrepancia. Mientras funcionamos con un sistema de tipo de cambio fijo, y nuestra situación crediticia internacional fue satisfactoria, era hasta cierto punto admisible atribuir efectos inflacionarios a una variación alcista de la unidad de costos, ya que los agentes privados podían importar dinero del exterior a través de la cuenta de capital y "validar" consiguientemente cualquier suba de precios. La oferta de dinero reflejaba consiguientemente el comportamiento del sector privado, y la causalidad iba de los precios hacia el dinero. Hoy en día, con una flotación básicamente limpia, la oferta monetaria crece fundamentalmente con el déficit del sector público, y la causalidad corre, inversamente, desde el dinero hacia los precios. Para nosotros no existe, en consecuencia, duda alguna respecto de qué acontecimientos merecen clasificarse entre los que generan inflación: son los que ocasionan un aumento de la emisión. Y, por el contrario, los acontecimientos que reducen la dependencia de la Tesorería y las empresas estatales del crédito del Banco Central, no vacilamos en clasificarlos entre los factores antiinflacionistas. Por lo tanto creemos que el aumento de las tarifas públicas ha constituido una medida contraria, y no favorable, a la inflación.
Según la Carta de intención que las autoridades uruguayas dirigieron al FMI, el déficit global del sector público ascendió a 12% del PBI en 1982. En buena parte, fue financiado con endeudamiento externo y pérdida de reservas internacionales. En las circunstancias actuales tendría que ser financiado de manera fundamental con crédito del BCU, y nos conduciría a una inflación de tres dígitos.
La suba de tarifas y el incremento de la emisión son magnitudes complementarias. Si aquélla se reprime, ésta tiene que aumentar. El Ministro de Economía expresó que había que ajustar las tarifas para evitar que las empresas estatales fueran a la quiebra. Lamentablemente, esto no ocurre nunca. Cuando a una empresa estatal le falta el dinero, envía un camión blindado al Banco Central. Lo que implica ponerle un impuesto a toda la población, consuma o no sus productos. Desde todo punto de vista, nos parece preferible que los precios se ajusten a la realidad. Entre otras cosas, ello tiende a mantener visible la ineficiencia de estas organizaciones, mientras que la financiación con la máquina impresora tiende a ocultarla.
Por supuesto que sería preferible que el ajuste se realizara a través de un incremento de la productividad en el sector empresarial del gobierno, como la Página Económica de El País ha reclamado, pero el supuesto de que tal alternativa está abierta implica aceptar que la mejora de la eficiencia es un objetivo asequible a la dirección de las empresas, dependiente de que se propusieran alcanzarlo, y no la consecuencia inevitable de su estructura jurídica y administrativa. Nosotros creemos sin hesitación que lo cierto es lo segundo, y no nos hacemos ilusiones en cuanto a que semejante ruta pueda resultar practicable en el corto plazo.
Consiguientemente, mientras debamos soportar el gravamen colosal que representa ese conjunto de empresas, lo deseable es que sus precios se fijen a niveles tales que aseguren su equilibrio financiero.
El argumento de la Página Económica basado en el compromiso asumido por las autoridades con el FMI en el sentido de no elevar los salarios de los funcionarios públicos mientras no mejore la situación de la Tesorería merece una consideración aparte.
Es indudable que el programa económico que se expone en la Carta de intención implica usar la reducción del salario real de los funcionarios públicos como instrumento fundamental de ajuste. Ahora bien, suponiendo que tomamos el tiempo previsto para el ajuste como un dato, no resolvemos el problema reduciendo la erosión de los salarios reales a través de la política de tarifas, ya que necesitaríamos un aumento de los impuestos para evitar que los precios menores ocasionaran un aumento del déficit global del sector público por encima de lo previsto. Y si estuviéramos dispuestos a aumentar los impuestos en la actual coyuntura, sería preferible sencillamente subir los salarios nominales de los empleados públicos, para que pudieran soportar la carga real de los servicios públicos, antes que ocultarla tras el velo de la inflación.
Resta la posibilidad de que el plazo del ajuste, y el mismo concepto de éste, quede sujeto a revisión. Ello, sin embargo, implica una renegociación con el Fondo, y el momento oportuno para ello será, en todo caso, cuando el programa uruguayo sea aprobado, presumiblemente a principios de mayo. Cuando ello ocurra, volveremos sobre el mismo tema.