En declaraciones a la prensa que Búsqueda recogió hace dos semanas, el Gral. Julio C. Rapela previó que el diálogo a desarrollarse sobre el tema constitucional está llamado a ser largo y difícil. Por su parte, algunos dirigentes políticos han formulado análogos pronósticos. Uno de ellos manifestó que si no había acuerdo, la contienda debería ser dirimida por el voto popular. La solución sería ideal, pero requeriría que el régimen se mostrase dispuesto a someterse al veredicto de las urnas por tercera vez, lo que no sería realista esperar, ni siquiera razonable exigir.
Tal como se presentan las cosas parece inevitable que las Fuerzas Armadas insistan en incluir el COSENA en la Constitución y a nosotros nos parece impensable que los dirigentes políticos, que le cerraron la puerta al control militar permanente del Ejecutivo en noviembre del '80, permitan que la innovación se les meta ahora por la ventana, particularmente después del segundo espaldarazo que el electorado les dispensó en noviembre de 1982.
Podemos imaginar un prolongado diálogo volviéndose cada día más áspero y tenso, a medida que los plazos amenacen vencerse y pongan el cronograma en peligro. Debe quedar claro que el cumplimiento del cronograma no depende ya de la voluntad de las Fuerzas Armadas, puesto que existe al respecto un contrato tácito entre ellas y la Nación toda (ciertamente no sólo entre ellas y los políticos). Pero si el diferimiento de las elecciones es totalmente inaceptable como solución, y si, como decíamos, tampoco es imaginable que el proceso acepte ser derrotado por tercera vez en las urnas, ¿cómo podría superarse la diferencia? Todo indica que el tren marcha por una ruta de colisión, y que urge derivarlo hacia una vía libre de obstáculos.
Todos los grandes enfrentamientos en el seno de la República son indeseables, pero puede haberlos de carácter imperativo. Nosotros creemos que no es el caso respecto del que tememos pueda avecinarse.
Para sostenerlo nos basamos en que el conflicto se plantearía en torno a una reforma constitucional, que en el horizonte cronológico que llega hasta noviembre del 84 o marzo del 85 es perfectamente prescindible.
¿Quién quiere una nueva Constitución a entrar en vigencia junto con la asunción del gobierno por las autoridades a elegirse en noviembre de 1984?
Ciertamente los dirigentes políticos no la desean. Varios grupos han expresado reiteradamente que la Constitución de 1967 les parece buena. Otros, a quienes ella puede resultar menos que enteramente satisfactoria y que querrían ciertamente verla reformada, seguramente otorgarían a la urgencia de la enmienda un nivel de prioridad sumamente bajo. Y ello por una razón obvia: lo que importa en la coyuntura institucional presente es el retorno a la vigencia de una Constitución; exactamente cuál sea ésta, cuál su grado de perfección y cuáles sus características concretas, son aspectos en cierto modo secundarios, con tal de que avancemos hacia la efectividad de las libertades fundamentales y el autogobierno.
Esto es sin duda claro. Pero lo que a nosotros nos parece igualmente meridiano, pese a las apariencias en contrario, es que las Fuerzas Armadas tampoco quieren una Constitución nueva para 1984. Lo que, según nuestra interpretación, las Fuerzas Armadas desean es un régimen de emergencia cuya fuerza jurídica no esté sujeta a la voluntad del nuevo Parlamento y que les otorgue garantías frente a un brote eventual de revanchismo y cierto poder de veto en un número limitado de materias, agrupables tal vez bajo las alas hospitalarias del concepto de seguridad, provistas de particular fuerza irritativa en el período transicional que tenemos que atravesar.
Eso no es una Constitución. Se trata apenas de un conjunto de Disposiciones Constitucionales Transitorias, que podrían agregarse a las que se plebiscitaron en 1966, que van de la A hasta la U. Las nuevas se plebiscitarían asimismo, pero tendrían su vigencia limitada al lapso que ellas mismas establecieran, por ejemplo al primer quinquenio presidencial.
Si realmente se desea una nueva Constitución, de lo que nosotros nos felicitaríamos, además debería incluirse entre las Disposiciones Transitorias una que encomendase al Parlamento a elegirse la elaboración de un proyecto de reforma de la Carta de 1967, a plebiscitarse en 1989. Elaborar un texto en un ambiente de total apertura, con plena participación de los medios, en un gran debate nacional, representaría una tarea enjundiosa, que tomaría más de cuatro días y podría durar más de cuatro años, según la frase de Justino Jiménez de Aréchaga; una tarea que podría infundir al nuevo Parlamento prestigio y dignidad.
La Ley Fundamental que la República necesita, para salir de la crisis constitucional en que tal vez entró en 1917, no puede fraguarse en torno a una mesa de negociaciones. Un pacto no es una Constitución. Pero un pacto puede perfectamente darnos la solución que necesitamos para una transición quinquenal.
Y mientras vivimos esa etapa, podríamos construir con tiempo, con esmero, con profundidad, con sobriedad, una Carta que nos conecte con la tradición de 1830; hecha, como aquélla, para durar siglos.