Ha estado acertado el Ministro de Justicia en comentar públicamente sobre la magra asignación de recursos presupuestales que el Estado uruguayo dedica a su función jurisdiccional (véase por ejemplo Búsqueda, abril 27, p. 9). Es una actitud valiente, puesto que implica una crítica al gobierno que él mismo integra. Es una actitud constructiva, en cuanto contribuye a poner en la agenda del diálogo nacional un tema que, si lo que la ciudadanía realmente quiere es la restauración del estado de derecho, no cede en importancia a ningún otro.
Las afirmaciones del Dr. Espínola no solo implican que la Justicia recibe un tratamiento presupuestal mezquino, sino que tal mezquindad se acentúa con el andar del tiempo. En 1958 las asignaciones dedicadas al Poder Judicial sumaban, según el Ministro, 3% del total; solo 1,2% en 1978; y ahora probablemente no pasen del 0,9%.
El Ministro diluyó un tanto la concentración crítica de sus palabras al sostener que el problema de la insuficiencia de los recursos dedicados a la Justicia "es un problema de todos los países". El Dr. Espínola no apoyó con cifras esta parte de sus declaraciones. No está claro si intentó transmitir la impresión de que la reducción del peso relativo del gasto público en Justicia en dos terceras partes durante el último cuarto de siglo representa una evolución que desde una perspectiva internacional no llamaría la atención. Nosotros encontramos poco plausible esa proposición, que tal vez el Ministro no haya tenido en realidad intención de formular. Tampoco creemos que el problema del nivel del gasto, y no solo su tendencia, sea igual en nuestro país y en todos los demás. En este aspecto debemos movernos con criterios primarios, de muy reducida precisión, pero que no son desdeñables cuando se trata de discernir diferencias muy acusadas. Usando la experiencia directa que como viajeros podamos tener, y el testimonio de otros, es posible concluir que la tarea de confeccionar las leyes se lleva y ha llevado a cabo siempre en el Uruguay en un ambiente de dignidad acorde con su exaltada importancia, enteramente comparable con las condiciones que prevalecen en las naciones que acuerdan rodear a sus funciones legislativas de la mayor solemnidad. Si en algo se distingue el Uruguay, es en el toque de lujo inusual con que la construcción del Palacio Legislativo quiso realzar la devoción de los uruguayos por la soberanía del derecho. Pero el derecho reina en un país, no solo cuando las asambleas legislativas lo definen en reglas generales, sino también, y en definitiva decisivamente, cuando los tribunales lo declaran y hacen cumplir en los casos concretos. Y la concepción de la Justicia como un Poder del Estado no es más que una manera de proclamar esa equivalencia de dignidades. Pues bien, en este aspecto el Uruguay sale atrozmente de casi cualquier comparación internacional. No es necesario para efectuarlas recurrir a los viajes, ya que el cine y la televisión nos ponen frecuentemente por delante las formas con que la administración de Justicia es rodeada en diversos países que en nada nos superan en materia de atender al decoro de la función legislativa. Frente a esos ejemplos, nuestra realidad no puede menos que causarnos sonrojo. De hecho, nadie que cumpla la más somera visita a los locales judiciales uruguayos dejará de concluir que el país que los tolera no posee por el valor que allí debe custodiarse una estimación acorde con su presunta inserción en la civilización occidental.
¿Por qué el Uruguay se halla en tal sentido incurso en tan gran omisión? ¿Qué remedios pueden sugerirse a fin de subsanarla? El Ministro Espínola esbozó respuestas a estas preguntas en sus declaraciones. Nos encontramos, frente a ellas, en una profunda discrepancia.
El Dr. Espínola dijo que "los jueces, por ser políticamente independientes no son políticamente atractivos". Su pensamiento se aclara más aún cuando expresa: "Los políticos no tienen interés en servirlos puesto que no les reportará ninguna ventaja". La referencia a "los políticos" es un tanto enigmática, ya que los años que registran la baja presupuestal denunciada por el Dr. Espínola son 1978 y 1983, y tal vez deba entenderse el vocablo como equivalente a "gobernante", en este contexto. "Cuando el Juez debe condenar a un hombre que ha violentado una ley", expresó el Dr. Espínola, "pues lo hace, y eso al político (gobernante) no le conviene". Hemos conocido otras visiones pesimistas del gobierno y los gobernantes, pero ésta del Dr. Espínola, en que los créditos presupuestales son tanto mayores cuanto menor sea la independencia de criterio de los funcionarios, y las asignaciones a los magistrados crecerían si omitiesen condenar a los culpables —al menos, uno supone, cuando fueran amigos de los gobernantes— debe ser la más pesimista de todas.
El Ministro manejó asimismo una explicación suplementaria algo más caritativa. "La administración de Justicia", expresó, "es un servicio técnico y eso escapa a la comprensión de los políticos". De esta premisa el Dr. Espínola infiere un remedio: "Estos (los 'políticos', o 'gobernantes') tendrían que consultar a los técnicos y entonces comprenderían la enorme importancia que tiene un servicio judicial competente".
Como lo adelantábamos, nos hallamos en un profundo desacuerdo con este punto de vista. Para nosotros la administración de Justicia no es un "servicio técnico", y los ciudadanos en general, gobernantes o no, no tienen necesidad que los juristas les expliquen que la Justicia buena es mejor que la mala. El propio Dr. Espínola empleó el ejemplo de la condena de un hombre culpable. ¿Acaso piensa el Ministro que el hombre común necesita que un técnico le explique que es mejor que los culpables vayan a la cárcel, y los inocentes permanezcan en libertad?
El hecho clave es que, contra lo que opina el Dr. Espínola, la administración de Justicia no es un servicio técnico, digamos, como la Dirección General de Estadística y Censos, o la Dirección de Hidrografía, sino uno de los pilares fundamentales de la libertad y el estado de derecho. Y si los ciudadanos de un país necesitan que alguien venga a explicarles por qué la Justicia importa, el problema no es la exigüidad de tal o cual asignación presupuestal, sino la aptitud de la sociedad respectiva para autogobernarse.
Lamentablemente, el sistema de administración de Justicia que desde siempre tenemos implantado en el Uruguay, con su procedimiento escrito, entre secreto y semisecreto, establece una tremenda distancia entre el pueblo y sus magistrados, lo que solo puede propender a diseminar la confusión que en nuestra opinión padece el propio Dr. Espínola. Como es obvio, si el propio Ministro de Justicia es víctima de semejante error, resulta ampliamente improbable que se tomen medidas eficaces para superar la dificultad, en el plano presupuestal entre otros.
El problema posee la estructura de un círculo vicioso y, como todos los de la misma clase, su solución requiere un salto inicial que quiebre la causalidad circular. La comprensión por parte del Ministro del ramo acerca de qué es realmente el asunto que tiene entre manos podría constituir ese decisivo avance de partida.