La baja de la cotización del dólar que siguió a la noticia de la concesión del préstamo "stand-by" por el FMI, y la insinuación de una tendencia descendente en las tasas de interés que está acompañándola, configuran los primeros signos de mejora de las expectativas desde el abandono de las pautas cambiarias en noviembre. La otra fluctuación a la baja del tipo de cambio, registrada después que el 5 de enero el dólar tocó N$ 47, y cerró a casi N$ 40, no pasó de constituir un ajuste técnico, luego que la nerviosidad del mercado había lanzado el precio de las divisas más allá de cualquier nivel consistente con las expectativas más pesimistas.
La primera oportunidad que el gobierno tuvo para intentar un cambio de imagen se dio precisamente al dejarse flotar el peso a fines de noviembre. Esta es la segunda. No es posible asegurar que habrá una tercera dentro del horizonte que el cronograma demarca a la presidencia del General Alvarez.
En la primera ocasión se trataba de enfrentar el tremendo choque emocional causado en la opinión pública por el abandono catastrófico de una política que llevaba cuatro años de vigencia, y con la cual el propio Presidente se había comprometido enfáticamente, convenciendo a aquélla que allí mismo comenzaba una nueva etapa, con un nuevo plan económico, a cargo de un nuevo elenco, proyectado hacia un nuevo conjunto de metas. La actitud gubernamental fue en cambio limitar al mínimo posible el cambio de personal y pretender que todo seguía igual que siempre, consiguiendo sólo exacerbar la desconfianza del mercado, a la vez que integrar su deteriorada imagen pública con los rasgos de rigidez política e intelectual, o sea carencia de capacidad de maniobra y de imaginación en una emergencia.
Ahora se trataría de aprovechar un espaldarazo dado al gobierno uruguayo desde el exterior por una entidad internacional insospechable de parcialidad. La decisión del FMI implica declarar que el gobierno uruguayo ha cumplido la primera meta trimestral del programa que confeccionó con su ayuda, y que consta en el "Memorándum de entendimiento" anexo a la "Carta de intención". El secreto en que el gobierno ha resuelto mantener este documento —otro error político grave— y la insuficiencia y demora de la información monetaria y fiscal que se transmite al público le han impedido hasta ahora capitalizar ese buen comportamiento. Pero la decisión del Fondo implica ese cumplimiento de compromisos, a la vez que un desahogo financiero frente a la deuda externa, y el mercado da las primeras señales de creer que una noticia buena puede no ser, después de todo, una invención de la propaganda oficial. Es imperativo no dejar pasar esta ocasión.
En la coyuntura actual, los obstáculos que se interponen entre el gobierno y la construcción de una nueva credibilidad son de dos órdenes: conciernen un pasado demasiado largo y un futuro demasiado corto. Sobre el pasado y su extensa cadena de inconsistencias y promesas incumplidas ya no hay, por supuesto, nada que hacer; de modo que si los obstáculos son dos, el problema es uno solo: atañe la estrechez del período que resta a la Administración actual, y la inseguridad que ello proyecta sobre la continuidad de cualquier política que de aquí en adelante se ponga en marcha.
La misma naturaleza de la dificultad prescribe el método óptimo para superarla. En tal sentido nos parece claro que la solución ideal radica en una concertación con los partidos de la política a seguir y sin descartar como una posibilidad, incluso, el ofrecimiento de cargos a los mismos en el gabinete ministerial. En otras palabras, un gobierno de unión nacional. Es lo que la lección inveterada de la historia prescribe para las grandes emergencias, y sería difícil imaginar una situación, guerras aparte, que cupiese mejor en esa categoría que la profunda depresión actual.
No es necesario que nos detengamos largo tiempo en destacar las enormes ventajas que se derivarían de tal acuerdo desde el punto de vista político-institucional. ¿Qué mejor base para concertar pacíficamente la transición hacia la plenitud de vigencia de las normas constitucionales que la concomitante cooperación en el manejo diario de los asuntos de gobierno?
Por supuesto que la iniciativa es exigente en términos de magnanimidad, de grandeza de patriotismo, tanto para el régimen como para los políticos. Al gobierno y a las Fuerzas Armadas le impondrían un estilo totalmente distinto en sus relaciones con los partidos, a la vez que —lo decimos con conciencia de la dificultad psicológica que ello supone— una revisión total e inmediata del sistema de inhabilitaciones. A los políticos les representaría por su parte el sacrificio nada desdeñable de abandonar la cómoda posición de francotiradores que ahora disfrutan frente a las líneas gubernamentales, y tener que concentrar el debate preelectoral en las diferencias que les separan a unos de los otros, tema central éste que por ahora ha sido eclipsado por el certamen de críticas al gobierno.
Este —o, si se prefiere, las Fuerzas Armadas— no podrían formular el ofrecimiento que sugerimos sin una planificación contingencial para cubrir el caso de que la propuesta, formulada con la amplitud y generosidad del caso, fuese rechazada. En ese caso deberían tener previsto un gabinete del mayor nivel posible fuera del ámbito de la militancia partidaria, la otra solución viable en las grandes emergencias nacionales, que pese a los escepticismos que seguramente despertará su enunciación, la experiencia muestra que nunca ha estado cerrada a los gobernantes que la intentan con sinceridad y altura adecuada de miras. En este sentido cabe señalar que un rechazo de los partidos a la propuesta del proceso, adecuadamente formulado, atraería al gobierno una clase de apoyo ciudadano totalmente distinto del muy menguado de que hoy en día disfruta.
El intento de salida institucional en las condiciones de extremada penuria económica en que hoy nos hallamos va a ser sumamente difícil. Hoy luce factible poder lanzar un esfuerzo exitoso de reactivación sobre las líneas actuales —no hay otras factibles bajo las condiciones que se derivan de la deuda externa— pero con una credibilidad nueva, que las autoridades derivarían, idealmente, de un acuerdo interpartidario; o, de no resultar ello posible, de un gran gabinete de ciudadanos independientes. O de alguna otra manera que a nosotros no se nos alcanza. De lo que estamos seguros, eso sí, absolutamente seguros, es de que sin un esfuerzo del porte de los que mencionamos, estos brotes de confianza que hoy se insinúan se secarán antes de florecer.