Uno de los factores que están enturbiando más la atmósfera ya sobremanera densa de la corriente ronda de negociaciones entre representantes de las Fuerzas Armadas y de los Partidos Políticos, se cuenta la cuestión de las proscripciones. Nuestra posición al respecto es conocida pero hemos pensado que convenía insistir sobre ella. Como en otras ocasiones, consideramos que es procedente que comencemos recordando nuestra condición de órgano independiente, rigurosamente extrapartidario. Las proscripciones no han debilitado las fuerzas de nuestro partido, porque no estamos afiliados a ninguno. En segundo lugar, queremos recordar que los gobiernos del período que culminó hace diez años y los parlamentos de la época y la conducción de los partidos en general merecieron a Búsqueda un juicio severamente crítico. En realidad nuestro entonces mensuario comenzó a aparecer en enero de 1972 con el fin de dar un grito de alerta frente a lo que percibíamos como la vecindad de una crisis mayúscula. El hecho de que nuestra voz fuese a la sazón poco audible no quita que hayamos dado con todas nuestras fuerzas el llamado de alerta. De la misma manera, cuando la crisis sobrevino, la percibimos como estrechamente asociada a todos aquellos antecedentes que precisamente nos la habían hecho prever. Los partidos siguen mientras tanto carentes de una teoría que explique lo acontecido, y parecen insistir en regresar al '73, como forma de probar que todo se redujo a lo que los economistas llamarían un shock exógeno. Todas estas peculiaridades de nuestro medio de difusión queremos invocarlas para otorgar a nuestra voz una vez más la mayor fuerza posible. La fuerza, podría decirse, derivada de representar de alguna manera una vasta opinión independiente, que ha mirado con imparcialidad al régimen cívico-militar surgido hace diez años, porque se le representó como un hecho de la naturaleza inevitablemente determinado por la crisis previa, y que de una manera u otra quiso sumar su contribución a lo que entendió debía ser un esfuerzo nacional para reconquistar nuestra plenitud constitucional, cosa que a nosotros en particular se nos reveló siempre como algo bien distinto a regresar a 1973.
Hecho este largo prolegómeno, apresurémonos ahora a declarar nuestra profunda y total insatisfacción con la situación imperante en materia de proscripciones políticas.
Surgidas estas inicialmente con proporciones universales en lo que concierne al conjunto de los militantes en política, la actitud que muchos adoptamos entonces fue de expectativa, aguardando que la depuración de la lista de inhabilitaciones llegase a infundirle sentido. Esto no ha acontecido. Al contrario, el desarrollo de los acontecimientos no ha hecho otra cosa que resaltar la arbitrariedad que domina en este terreno. No tenemos idea de porqué el Dr. Sanguinetti ha sido desproscripto pero no el Dr. Batlle, porqué el Sr. Forteza sí pero el Esc. Ortiz no, etc. etc.
De todas las formas de paternalismo a que los uruguayos hemos sido durante tanto tiempo sometidos desde el gobierno, ninguna llega a parecernos tan odiosa como ésta. La teoría debe ser que el proceso nos está protegiendo contra la influencia disolvente de gente indeseable, pero a tal punto se nos dispensa el tratamiento de menores o incapaces que ni siquiera se nos informa por qué estas personas deben ser radiadas de toda actividad pública, al punto de ser condenadas al silencio.
El reciente decreto que cierra "La Democracia" por 24 ediciones imputa al órgano sancionado, entre otras cosas, la pretensión de destacar "figuras proscriptas". Por más que la forma genérica no sea en ese caso más que una fórmula retórica para evitar un nombre inmencionable, podría conferir la idea de que los proscriptos padecen alguna forma de disminución de su prestigio en la estimación popular, lo que requiere esfuerzos reivindicativos respecto de sus figuras públicas. Creemos nuestro deber expresar nuestra absoluta convicción de que ese no es en manera alguna el caso. En el conjunto de los proscriptos se cuentan personalidades desde todo punto de vista descollantes, el punto de vista moral por supuesto incluido, y este juicio nuestro es sin duda compartido por la inmensa mayoría de la opinión calificada del país.
Todo esto lo expresamos a título de información para las autoridades. No son sólo los partidos los que protestan contra las proscripciones. El rechazo de la posición oficial en este terreno es mucho más vasto, y estamos seguros de que muchos de nuestros juicios reflejan una manera de sentir muy difundida.
El proceso daría un paso de notable importancia para la fluidez de las negociaciones si efectuase sin más tardanza una revisión radical de su actitud en esta materia. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que no sería el prestigio de los inhabilitados el que mejoraría en tal hipótesis, sino el de las propias autoridades.
Ello dejaría con todo subsistente el problema relativo a los que, aparte de soportar una proscripción, se hallan requeridos por la Justicia. Aunque el caso puede revestir mayor generalidad, bajo este rubro vamos a referirnos al caso del Sr. Wilson Ferreira Aldunate.
Hay diferencias entre los dos casos. Con respecto a las desproscripciones, nosotros no llegamos a comprender la razón por la cual ellas no han sido completadas, como cuadraría a la coyuntura política actual que reclama la participación más amplia posible en una tarea ciudadana básica, de cimentación institucional podría decirse.
En el caso del Sr. Ferreira Aldunate, la posición de las Fuerzas Armadas no es difícil de comprender. El Sr. Ferreira Aldunate tiene como ocupación principal combatir al regimen actual, en una acción infatigable que abarca los continentes. Es natural que el proceso le perciba como un peligroso adversario.
La decisión de mantenerlo alejado del país, sin embargo, está abierta a serias objeciones desde el propio punto de vista del régimen. A nuestra manera de ver, el problema para las autoridades no radica en la catalogación del Sr. Ferreira Aldunate como un adversario más o menos peligroso en sí, punto que se resuelve fácilmente, sino en estas otras dos cuestiones: una, en qué ubicación geográfica es menos peligroso; y la otra, cuáles son las consecuencias políticas de mantener su ostracismo.
Por ambas consideraciones, pensamos que las autoridades deberían levantar la inhabilitación que pesa sobre el Sr. Ferreira Aldunate, y concederle el indulto necesario para que la cuestión penal no entorpezca su regreso. La actitud contraria continuaría otorgando un peso muy importante a la influencia del líder nacionalista en el frente internacional, de vital importancia para el país y para el régimen, y continuaría infundiendo a la multitud de sus partidarios dentro de la República una inspiración particularmente radical, de la que ninguna necesidad tenemos en esta hora, que debería ser de la cordura y el aplomo, pero que no deja de ser explicable, como consecuencia del tratamiento que el régimen persiste en dispensar a aquel, totalmente incongruente con la imagen que de él se forman sus seguidores.