Las señales que están emitiendo los partidos políticos en materia de política económica, todavía no han sido adecuadamente descifradas, pero parecen hallarse concebidas en el mismo lenguaje que los mismos grupos usaban en 1973. La posibilidad de lograr un consenso en torno a la clase de ideas que se vierten en ese lenguaje me luce que sería semejante al consenso entre los directores de tráfico ferroviario, que en dos puntos distintos eligieran la misma vía para lanzar por ella dos trenes diferentes. En direcciones opuestas, naturalmente.
Si hemos de construir un país políticamente estable, tendremos que conseguir una economía relativamente estable monetariamente, y relativamente próspera en términos reales. (Mientras que en la década y media antes de 1973 tuvimos, en marcado contraste, una economía terriblemente inestable monetariamente y terriblemente estable (estancada) en términos reales, una especie de TNT político).
Me parece que la condición necesaria (no digo que sea también suficiente) para lograr la combinación de estabilidad y dinamismo deseada es la aceptación por el partido de gobierno de algunas verdades elementales, entre las cuales diría que por su importancia se destacan las siguientes:
1. El gobierno no puede controlar la cantidad real de dinero. Si se emite un exceso, desde este punto de vista, habrá necesariamente inflación. (Transitoriamente la inflación podrá evitarse mediante la pérdida de reservas, pero, por supuesto, solo transitoriamente).
2. Si hay déficit fiscal, tendrá que haber emisión para financiarlo. En el Uruguay los métodos alternativos de financiación solo podrían asistir a la Tesorería marginalmente. Si hay déficit importante, habrá inflación.
3. El gobierno no puede controlar el salario real sin interferir en el nivel de empleo. Si aumenta los salarios nominales (que sí puede controlar si lo desea) y conduce una política monetaria restrictiva, los salarios reales subirán, pero habrá desempleo. Si expande la emisión para que no haya desempleo, los salarios reales volverán al punto de partida. Y, claramente, habría sido mucho mejor no partir por esta ruta.
4. Mientras no se pueda fijar el tipo de cambio, y continúe la flotación, el ancla del sistema monetario estará en la decisión gubernamental acerca de cuánto se expandirá el crédito interno. Si las reservas no cambian (flotación limpia) ello implica determinar el crecimiento de la base monetaria, y, dentro de ciertos límites, de la oferta monetaria global. El gobierno debe comprometerse, entre sus primeros actos, a un programa monetario para todo su período en el poder. Ello permitirá a los agentes privados formar previsiones sobre la evolución del tipo de cambio y del nivel de precios, y efectuar negociaciones salariales en base a ellas. Sin esa ancla, las negociaciones estarán gobernadas por expectativas erráticas, probablemente con sesgo alcista, y el gobierno solo tendrá opción entre limitar la inflación con alto desempleo y limitar el desempleo con alta inflación.
5. Hay solo una alternativa aparente en materia de anclaje del sistema: la política de ingresos y precios, un acuerdo nacional, el consenso, o como quiera llamársela. No es una alternativa real. No funcionaría. No funcionó en sociedades muy bien integradas y muy estables. La rapidez con que tal fracaso quedara de manifiesto si se hiciera el ensayo, dependería de que hubiese un ancla monetaria adicional que sería la verdaderamente operativa, o que el crédito de manejarse alegremente sobre la base de que la política de ingresos haría que el dinero no importara. En este segundo caso la rapidez con que el fracaso quedaría patente, sería fulminante.
6. La tasa de interés desempeña un papel clave en la economía. La mejor manera de hacerla descender hacia niveles compatibles con una tasa adecuada de crecimiento a largo plazo (como mínimo 3-4 %) consiste en trasmitir confianza al público en cuanto a que no habría un empapelamiento irresponsable del sistema (ver numeral 4). Si la autoridad controla directamente la tasa de interés, el público querrá cambiar sus depósitos en pesos por depósitos en dólares, y se disparará el tipo de cambio. Entonces el gobierno querrá implantar el control de cambios. Si lo hace, el público querrá pasarse a bienes físicos, y se disparará el nivel de precios (¡ojo! sin reactivación real: la gente estará en realidad empobrecida por la pérdida de valor de sus saldos reales de caja, y consumirá menos, no más que antes; los únicos beneficiados serán los deudores con pasivos en pesos). Entonces el gobierno querrá controlar los precios, y ya tendremos la economía de cuerpo entero metida en un cepo, como todos la conocimos antes de 1974.
7. Si la meta final en materia social consiste en mejorar progresivamente el nivel de vida del grueso de la población, la meta instrumental del crecimiento económico es incomparablemente más importante que la de la redistribución, en cuanto a posibilidades prácticas. Si se expropiara totalmente al 10 % más rico de la población (para poner un ejemplo extremo) que grosso modo percibe el 30 % del ingreso, solo se podría mejorar en una tercera parte el ingreso del resto, y allí terminaría para siempre todo el efecto de la política. Creciendo en 5 % en términos reales es posible mejorar a todos 30 % en 5 años y otros 30 % en el quinquenio siguiente, y así sucesiva e indefinidamente. Esta advertencia no indica que toda política redistributiva esté contraindicada, pero sí que debe tenerse presente que muchas políticas redistributivas —todas en realidad más allá de ciertos umbrales relativamente modestos— plantean un arbitraje (trade-off) entre su propia meta y la meta del desarrollo, de modo que es preciso optar. Y no es razonable optar por la redistribución a menos que uno prefiera una sociedad más igualitaria pero indefinidamente más pobre a una menos igualitaria pero más rica en cada estrato, y sobre todo en proceso de enriquecimiento global.
8. El instrumento más promisorio en materia de redistribución radica en la política de gasto público. Haciendo crecer la proporción de gasto con contenido social para un presupuesto dado la redistribución es eficaz, y no se erosionan los incentivos de que depende un crecimiento vigoroso. Me refiero, por ejemplo, al gasto en educación y en salud (lo que no implica necesariamente que el educador y el médico sean estatales). El instrumento menos eficiente es la política de precios (subsidios abiertos o escondidos en las tarifas públicas, impuestos diferenciales, control de alquileres, intervención sobre los salarios nominales, etc.).
9. Hay que hacer algo importante con la seguridad social, con la educación, con la salud, y con la estructura de las empresas estatales. Aun presumiendo que se quiera asignar al estado un papel rector en todos esos campos, se impone un reenfoque, una tentativa de racionalización, y de aggiornamento. La autocomplacencia en medio de un verdadero desastre sería imperdonable.
Y me quedo en nueve puntos para que no parezca que estoy tratando de competir con Moisés. He evitado todos los temas que me parecen intrínsecamente polémicos. Creo que los nueve puntos deberían representar el común denominador de todos los programas partidarios. De hecho, no creo que ninguno de los partidos esté por incorporar ninguno de los puntos a su plataforma. Encuentro esto inquietante. ¿No podrá surgir una alternativa que convoque a la parte del electorado que sería sensible a un lenguaje de sensatez? ¿No existirá realmente un mercado político para la racionalidad?