Al entrar en prensa esta edición nuestra interpretación de la escena política nos lleva a prever que habrá una nueva tentativa de continuación del diálogo entre los representantes de las Fuerzas Armadas y los representantes de los Partidos Políticos, pero que en esta ocasión los segundos concurrirán con la consigna de verificar de una vez por todas si el método adoptado al iniciar la ronda corriente de negociaciones tiene o no probabilidades apreciables de culminar con éxito. Con tal fin, según se ha dado a entender, en lugar de seguir la agenda de temas oportunamente aprobada, plantearán derechamente las cuestiones cruciales del COSENA, la designación de oficiales generales, y el tribunal constitucional, que suscitan sin duda las máximas dificultades de acuerdo.
Desde todo punto de vista parece ser ésa la metodología apropiada. El principio de economía de recursos desaconseja dedicar tiempo a la discusión de detalles como el número de horas que podrá tenerse detenida a una persona sin conducirla ante un magistrado, antes de saber si habrá un arreglo posible en las cuestiones más trascendentales, y al parecer más difíciles de componer de manera transaccional. Por otra parte, como ya lo sostuvimos previamente, nos parece que la presentación por las Fuerzas Armadas de un conjunto de pautas bien especificadas invitaba a una respuesta igualmente explícita de los Partidos en cuanto a qué estimaban negociable dentro de ellas, y qué no.
Pero sobre todo el enfoque a que nos referimos sería particularmente bienvenido porque el tiempo apremia para que el horizonte político quede despejado de toda nebulosidad, y la concurrencia de los ciudadanos a las urnas en noviembre de 1984 pueda discernirse con la deseable seguridad.
Sin duda nadie debería percibir más claramente esa urgencia que el propio gobierno a cargo de las Fuerzas Armadas. En efecto, su pretensión de legitimidad en este momento está enteramente asentada sobre el cronograma que ellas mismas han sancionado. De manera fundamental, ello es así desde el punto de vista internacional. En "The Economist" de mayo 7 se publica un artículo sobre América Latina en su faz política, ilustrado con un mapa titulado "La marcha hacia la democracia" donde se distinguen los países según que sean "democracias desde hace más de cinco años", "democracias recientes", "países en vías de democratización" y "países autoritarios". El nuestro figura en la penúltima categoría, junto con Brasil y Argentina.
El año de entrega programada del poder a un gobierno civil consta en un recuadro inserto dentro del contorno de cada país: 1983 para Argentina, 1985 para Brasil y Uruguay. La prestigiosa revista londinense no hace más que presentar una imagen que se halla ya cristalizada en la opinión mundial: Uruguay tiene que realizar elecciones en noviembre de 1984 y volver a tener un gobierno civil en marzo de 1985.
Difícilmente podría haber una razón para postergar válidamente este cronograma, pero si se lo intentara sobre la base de que los partidos habían rehusado una reforma constitucional exigida por el régimen militar, el resultado para éste sería fatal. En ningún lugar del mundo concebirían siquiera que el retorno a la supremacía del derecho pudiera estar sujeta a semejantes condiciones.
En nuestra opinión el nuevo método conducirá rápidamente a la conclusión de que un acuerdo sobre una reforma constitucional no será factible sobre las bases presentadas por las Fuerzas Armadas, y éstas deberían comprender que su posición, basada en la conveniencia de fortalecer la capacidad represiva del país frente a la subversión, tiene que ser necesariamente la más débil, enfrentada como se hallaría a una posición de principios que tiene sus cimientos en una tradición muchas veces secular, con raíces que se pierden en los orígenes de la historia de Occidente.
Como el tiempo apremia, cuanto más pronto cambien las propias Fuerzas Armadas su objetivo en las negociaciones, desplazándolo hacia un pacto político destinado a regular el período de transición, si se desea con el rango de una disposición constitucional transitoria, tanto mayor será el prestigio que ello reflejará sobre ellas mismas, y tanto mayores serán las probabilidades de que el tránsito a la normalidad se lleve a cabo sin mengua para la paz y la libertad de los uruguayos.