En noviembre de 1984 deberán realizarse elecciones nacionales para elegir un presidente, un Parlamento, y gobiernos locales. Este es el dato básico para analizar la situación creada por la interrupción del diálogo entre las Fuerzas Armadas y los representantes de los partidos políticos.
Este mismo concepto u otros similares han sido expresados por voceros de los partidos. Pensamos que en nuestra calidad de un medio de opinión independiente, estamos en condiciones de agregar significativamente algún peso a ese punto de vista. Algunas percepciones del futuro del país asocian la asunción del poder por parte de gobernantes civiles con un vuelco dramático de la situación económica del país, gracias tanto a la mayor amplitud de las nuevas autoridades para ejercer la función gubernamental como a su capacidad, derivada de su investidura democrática, para atraer hacia sus orientaciones el consenso nacional. Innecesario es decir que nosotros no participamos de esta manera de ver, no infrecuente dentro de las colectividades políticas, y que deploramos la autocomplacencia que ella entraña. Nosotros creemos que la lección que nos transmite el pasado es que semejante visión del futuro es sencillamente fantasiosa. Pues bien, ello en nada altera nuestra convicción de que el "cronograma" es inmodificable.
Nosotros vemos problemas más allá de la asunción del poder por autoridades civiles, pero al mismo tiempo percibimos que esos problemas son irrenunciablemente nuestros, y que la lucha por su superación es una tarea que nos compromete a todos; de una manera u otra, a los que militan en los partidos y a los que no militamos en ellos.
Asumir ese deber es un imperativo de dignidad. Queremos vivir en paz y en libertad, y ansiamos que la prosperidad corone nuestro trabajo. En algún momento del pasado nos desviamos del camino recto que conduce a esas metas, y sería vana complacencia creer que será fácil volver a encontrarlo; pero sólo nosotros mismos podemos empeñarnos en su búsqueda. Aunque alguien pudiera prometernos la prosperidad si le siguiéramos ciegamente, nunca podríamos aceptar tal conducción, que de todos modos nos quitaría la libertad y sólo podría darnos una paz ficticia.
Todo esto es cualitativamente claro, pero podría inquirirse si sirve para fundamentar la especificidad del programa político que prevé elecciones nacionales para noviembre del año próximo. Inequívocamente, el retorno al autogobierno de los uruguayos es absolutamente imperativo. ¿Ello inviste el último domingo de noviembre de 1984 con una virtud muy particular?
Para nosotros sí. El cronograma nació del propio régimen militar. Surgió de su propia dialéctica interna, sin duda como solución a la cuestión de su propia legitimidad, a la que, es justicia reconocerlo, nunca le hemos visto indiferente. La legitimidad de un régimen semejante se halla entre los entes de límites más difusos, pero al respecto hay una cosa cierta: si tal legitimidad existe en determinado lapso, ella es de todos modos transitoria. La legitimidad fundada en la crisis de la autoridad constitucional —cuando la nave del estado es arrastrada por un torbellino al parecer irresistible, suele surgir un acuerdo colectivo tácito, en cuanto a que quien quiera sea capaz de darle un anclaje puede luego empuñar el timón— la legitimidad de esa índole, de emergencia, un día necesariamente perime. Como ninguna ley escrita fija ese límite temporal, los hechos deben encargarse de hacerlo ostensible. La historia nos muestra incontables episodios en que un acto de rebelión popular hace aflorar el decaimiento de la legitimidad del gobierno. Menos frecuentes son los casos en que el propio régimen es quien percibe la perención de su término en el poder, y organiza su sucesión. Ya que este venturoso caso ha comenzado a ser el nuestro, hagamos todo lo imaginable para llevarlo a buen fin.
Si el dato fundamental es la fecha de las elecciones, hay algunas conclusiones que se sugieren persuasivamente. Las elecciones no pueden hallarse condicionadas a una condición imposible. La elaboración de una Constitución Nacional por representantes de los partidos y las Fuerzas Armadas fue una tarea de una imposibilidad tan flagrante, que el penoso episodio del Parque Hotel nunca debió ser necesario para ponerlo de manifiesto. La meta con que se iniciaron esas malhadadas negociaciones debe revisarse prestamente. Lo que hay de legítimo en la pretensión de las Fuerzas Armadas en la solicitud de un estatuto de emergencia para el período de transición —digamos el primer quinquenio de gobierno civil— debe respetarse. Un pacto político debe negociarse con prontitud, sin aparatosidad ni publicidad —nadie va a pedir barras en el local en que semejante acuerdo se prepare— y ponerse en vigencia sin dilaciones; si se desea, mediante un plebiscito, en el que sin duda alcanzaría una mayoría abrumadora. Y con ello el camino hacia el objetivo inmodificable del programa político nacional quedará razonablemente libre de obstáculos.