En 1982 la deuda externa neta del sector público aumentó en 1.650 millones de dólares. Esta información está contenida en la balanza de pagos publicado en el Boletín Estadístico Nº 37 del Banco Central, recién aparecido (pág. 51).
Para el tamaño de la economía uruguaya, se trata de una suma enorme: del orden de un cuarto del producto nacional, mayor que nunca ha sido la inversión de un año entero, algo así como el doble del ahorro nacional a la tasa corriente, y de una vez y media a dos veces las importaciones. Aparte de su magnitud desmesurada, ese aumento de la deuda pública externa ofrece un contraste dramático con los antecedentes. A fines de 1981 el stock de la deuda bruta del sector público acumulada en todo el pasado se calculaba en unos U$S 1.460 millones, y si se descontaba el valor de las reservas de los bancos oficiales, el estado uruguayo resultaba ser un acreedor neto frente al resto del mundo.
Ahora debemos preguntarnos qué provecho sacó el país de esa gigantesca deuda incremental, ya que es imposible evaluar un endeudamiento sin tener en cuenta los activos que pudieron adquirirse con él. Para ello presentamos las cifras pertinentes en el Cuadro 1, donde se contrastan los flujos medios respectivos correspondientes al trienio 1979-81 con los del año 1982.
Puede apreciarse que mientras las reservas internacionales de los bancos oficiales subieron un promedio de U$S 110 millones en el trienio previo, el año pasado bajaron en U$S 770 millones, y en total la posición de dichos bancos con no residentes se hizo más deudora en U$S 870 millones. El sector público no financiero se venía endeudando a una media anual de U$S 200 millones, mientras que en 1982 lo hizo a una tasa de más de tres veces mayor. El sector público no financiero invierte normalmente en obras públicas, y en toda la clase de activos comprendidos dentro de las líneas industriales de las empresas del estado. Es de suponer que la media de U$S 200 millones del trienio previo tenía por contrapartida inversión real dentro de los rubros aludidos, pero nos sorprendería sobremanera que esa afirmación pudiera transponerse sin alteraciones esenciales a 1982. Particularmente notable es el caso de las empresas estatales, cuyo endeudamiento anual creció el año pasado casi 1200% respecto al promedio trienal previo. Presumimos que las empresas estatales comprometieron su crédito en gran medida solo para allegarle fondos al BCU.
La parte de la deuda incremental que ha dejado detrás de sí inversión real debe ser, pues, solo una ínfima parte del total. La enorme mayoría no debe tener otra contrapartida que deuda interna gubernamental y pagarés del Banco Hipotecario en las carteras de los bancos oficiales. Sin duda uno de los agentes directamente responsables de la catástrofe, como no vacilamos en llamar a este episodio, fue el déficit fiscal, del que el mismo Boletín del BCU nos suministra información para 1982 (pág. 78), que nosotros resumimos en el Cuadro 2.
Allí volvemos a comparar el trienio previo con el año pasado. El deterioro del comportamiento fiscal que se aprecia es difícil de calificar. En lugar de un ahorro gubernamental de N$ 610 millones, y un pequeño superávit global, que fue la media del trienio, el año pasado mostró un ahorro negativo de N$ 1.900 millones, y un déficit global de N$ 2.650 millones, todo en pesos de 1978, sin precedentes en la azarosa historia fiscal de la república. Es fácil apreciar que ello solo en proporción mínima obedeció a la caída de la recaudación tributaria, y que el factor decisivo fue la verdadera orgía de gasto que se abatió sobre el país.
Resta computar el déficit financiero de las empresas del estado sobre las que no hemos podido conseguir información, así como el crédito del BCU al Banco Hipotecario, que alcanzó a 9.760 millones de nuevos pesos corrientes (véase BCU, loc. cit. pág. 4) o N$ 2.300 millones en unidades de 1978, casi tanto como el déficit fiscal íntegro, más de 7% del PBI.
Aunque parece cuento, este alud monetario se vertió a la plaza, a través de la Tesorería y del BHU, mientras el Banco Central vendía dólares a tasas prefijadas que casi nadie creía pudieran mantenerse.
La fuga de capital de residentes que computa la balanza de pagos, y que fue financiada con la pérdida de reservas y el incremento del endeudamiento, alcanza a U$S 1.200 millones. Solo cuando la pérdida monumental ya se había consumado, y luego de llamar al FMI para evitar la bancarrota, las autoridades se resolvieron a dejar flotar el peso.
El gobierno le debe una explicación a la ciudadanía sobre este insólito episodio. El Cr. Valentín Arismendi renunció por otro concepto, por haber perdido credibilidad, según sus propias palabras. Pero, ¿fue también responsable de este descalabro? ¿El único responsable? ¿No le informaba a nadie? ¿Nadie más supervisaba la hacienda pública? Estas preguntas, y muchas otras implícitas en ellas, están planteadas, y tarde o temprano, tendrán que responderse.