Las fracciones mayoritarias de los partidos han rechazado de plano la propuesta militar de llamar a elecciones bajo un estatuto constitucional de su propia confección. Esto ha suscitado una interrupción indeseable, hasta peligrosa, en los trabajos que deberían estar despejando de obstáculos el camino que lleva a las elecciones de noviembre de 1984. Urge que este impasse sea prestamente superado; es imperioso que muy pronto podamos proclamar: Ha muerto el diálogo. ¡Adelante con las negociaciones!
Como siempre ocurre en semejantes circunstancias, se requiere un poco de flexibilidad de ambas partes.
La propuesta del gobierno y las Fuerzas Armadas no es, por de pronto, ni completa ni suficientemente clara. Esto es afortunado, porque abre el camino para el próximo paso, que puede dar cualquiera de las partes: la parte oficial completando y aclarando su propuesta; la parte opositora solicitando explicaciones o ampliaciones, o aún simplemente precisando su posición.
Las Fuerzas Armadas deben comprender que por sí solas no pueden hacer una constitución. Pueden imprimir un folleto con la palabra "constitución" en la tapa, y usar su poder para que se cumpla, pero ello no trasmutaría la naturaleza de las normas que estén escritas dentro. Cuando vemos a alguien pretendiendo un imposible, sin embargo, lo rentable no es insistir en la futilidad de la empresa, sino indagar en las intenciones de quienes la han lanzado. La gente percibe lo obvio, pero no siempre vierte su pensamiento con fidelidad.
Nos explicamos. Las Fuerzas Armadas no pueden suponer, por ejemplo, que el estatuto que llaman constitución pueda durar más allá del próximo período presidencial. Esto sería políticamente inimaginable, independientemente de las cualidades intrínsecas del documento. Presumiblemente no desean que dure menos que ese quinquenio de transición, y de ahí su insistencia en que el estatuto posea un rango normativo tal que lo ponga por encima del nuevo parlamento. Pero lo que en sustancia esto significa es que desean un estatuto por cinco años, con fuerza jurídica de constitución, pero, por supuesto, sin serlo, ya que las constituciones por esencia son normas llamadas a durar indefinidamente. ¿Por qué no decirlo?
¿Por qué no especificar las reglas claves del estatuto que proyectan, muy particularmente las relativas a su reforma? Mejor aún: ¿por qué no hacer de su reforma una gran empresa nacional, otorgando potestades constituyentes al nuevo parlamento, y previendo el sometimiento de un texto constitucional a plebiscito en noviembre de 1989?
Por su parte, los partidos harían una contribución importante a la superación de la coyuntura dando a conocer las condiciones de un estatuto transitorio de rango constitucional, bajo el cual estarían dispuestos a concurrir a las urnas.
Es preciso apreciar debidamente, desde el punto de vista práctico, que la injerencia de las Fuerzas Armadas en los asuntos gubernamentales seguramente será muy sensible por cierto tiempo, cualquiera sea el marco normativo. Hay poderosas razones de principio para no consentir en que la Constitución de la República se avenga a reflejar realidades fugaces, surgidas de un profundo desequilibrio político-institucional, y nosotros creemos haber sido tan perceptivos como el que más sobre la necesidad de custodiar con irreductible celo la heredad institucional que recibimos de nuestros mayores, y a través de ellos de la tradición milenaria de Occidente. Pero estas consideraciones dogmáticas palidecen y se disipan frente a la propuesta de un estatuto de emergencia, cuya misma esencia sería precisamente un reflejo de las realidades de la hora.
Nosotros creemos que instituciones tales como un cuerpo asesor dentro del Poder Ejecutivo, con integración militar, la cooptación de los mandos castrenses, y un super tribunal político con composición negociada serían tolerables dentro de una carta quinquenal de transición, por más que totalmente inaceptables en una Constitución. Si se supiera que ese punto de vista tiene eco en círculos políticos, ello ayudaría sobremanera a romper el estancamiento.
Nosotros seguiremos pendientes por ver quién da el primer paso, y se gana así el reconocimiento de la ciudadanía.