El Poder Ejecutivo ha enviado al Consejo de Estado un voluminoso proyecto (unas 5.500 palabras, más de 2.300 de fundamentación) por el que se quiere reimplantar el monopolio del abasto de leche fresca a Montevideo, y de modo general representa el designio de embutir toda la industria lechera nacional dentro de una armadura burocrática, con lo que sin duda se ahogaría su enorme potencial de expansión.
Es imperativo que cada cual haga lo que esté a su alcance para evitar que este proyecto llegue a convertirse en ley. Si se convierte en ley, es imperativo que cada cual haga cuanto sea posible por obtener su pronta derogación. Sin la menor ambigüedad, se trata de un proyecto contrario al interés de la República, en un área vital para su desarrollo económico.
Su origen es, presuntamente, un éxito del lobby de CONAPROLE. Con cerca de medio siglo de existencia, CONAPROLE es parte del "establishment" burocrático uruguayo. En su parte expositiva el proyecto aclara que "CONAPROLE no es una empresa privada común", de manera que está libre del estigma que la condición de tal conlleva. En otras palabras, puede confiársele un monopolio más, en razón de que no tiene fines de lucro. No tiene fines de lucro, en efecto, ya que no reparte dividendos, ni nadie en ella arriesga su propio capital, pues todo el capital para ella salió de las arcas públicas. Sus directores son nombrados, en parte por los productores de leche en elecciones, en parte por el gobierno y el municipio de Montevideo: como se ve, por un método que en nada tiende a asegurar la experiencia ni la idoneidad empresarial de sus dirigentes. Como podría haberse previsto, se gobierna de la misma manera que las empresas del gobierno: colegiadamente por su directorio —su gerente general se limita a informar a aquél— y burocráticamente mediante la tramitación de expedientes. Nuestra impresión, necesariamente recogida sobre bases parciales, es que la gerencia de CONAPROLE es deficiente, aunque no podemos estar, como es obvio, seguros de ello. La única prueba cierta de la eficiencia o ineficiencia de la empresa podría suministrarla el mercado, el mercado de leche fresca de Montevideo, sobre todo, donde varias empresas privadas han estado tratando de entrar, y encontrando vallas administrativas "de facto", sobremanera difíciles de sortear. Ahora se trata de legitimar esas barreras, otorgándoles rango legal y hacerlas estrictamente impermeables.
Naturalmente, las empresas privadas que han estado osando entrar al mercado de élite de la capital son "empresas privada comunes"; no forman parte del "establishment" burocrático que gobierna al país: tienen la audacia de arriesgar su propio capital y el mal gusto de perseguir fines de lucro. No colaboran, como el proyecto afirma que lo hace CONAPROLE, "en el ordenamiento y normal desarrollo del sector lechero a nivel nacional". Los empresarios privados comunes son elementos de desorden en el mercado, que tan suavemente funciona cuando el estado y un buen monopolista de la familia se ponen de acuerdo. En su sed incontenible de ganancias, los empresarios comunes son capaces de bajar los precios, o mejorar las calidades, o ambas cosas a la vez. Deben ser reprimidos. ¿Acaso nadie va a ocuparse de la ingestión de colesterol por los consumidores?
CONAPROLE fue fundada en 1935, durante aquellos ominosos tiempos en que, reaccionando de manera lamentable ante el shock de la Gran Depresión, el gobierno atornilló definitivamente, o tal parece, el gigantesco mecanismo burocrático sobre el territorio uruguayo. La creación del monopolio lechero fue una de las vueltas de tuerca importantes. Se cometió solo un error: el monopolio expiraba cuando CONAPROLE terminase de pagar una deuda emitida para financiar su instalación. De subsanar ese error es que ahora se trata.
Pero se va también más allá, en la dirección del dirigismo y del socialismo. Se estructuran las bases de lo que podríamos llamar un proteccionismo parroquial en materia de leche. El ideal es que cada zona del país sea abastecida por plantas ubicadas dentro de cada una. Y si algún empresario privado común osa tratar de compensar las ventajas naturales de sus competidores (con perdón de la vulgar palabreja) derivadas de su proximidad respecto de determinado mercado local, mediante, digamos así, mayor eficiencia en cualesquiera otros aspectos, debe reprimírsele. El orden ante todo.
Tales empresarios comunes, o vulgares empresarios, como también podría decirse, son agentes de anarquía. "Debe evitarse", reza la fundamentación, "cualquier situación anárquica" y en otro lugar se nos alerta sobre la posible "proliferación de pequeñas plantas pasteurizadoras de leche por el peligro... de anarquizar el mercado". Los vocablos favoritos de los adversarios de la libertad, en todos los terrenos, son "anarquía" y "libertinaje". Esta vez le tocó a la anarquía.
Pero la índole socialista del proyecto resplandece cuando sus autores invocan el peligro de que la libre entrada al mercado cause la dilapidación de capitales. Keynes liquidó este viejo argumento cuando escribió: "...no veo razón para suponer que el sistema existente (mercado libre) emplee mal los factores de producción que se utilizan. Por supuesto que hay errores de previsión; pero éstos no podrían evitarse centralizando las decisiones". Desde la Teoría General, los que son simplemente dirigistas han procurado evitar esta fundamentación. Solo los socialistas propiamente dichos se aferran a ella.
Todo en la vida tiene su lado bueno, y este proyecto no es una excepción. Su lado bueno en este caso consiste en la información que suministra sobre el régimen que lo prohíja. Ahora sabemos que todo lo que escribieron en Piriápolis sobre promoción de la competencia (Decisión Nº 2) y la eliminación, en principio, con sujeción solo a condiciones estratégicas, de los monopolios de las empresas públicas (Decisión Nº 11) era música celestial. Y la acusación de neoliberalismo que un día sí y otro también se les dirige, sabemos que emerge solo de la infamia de sus opositores. Nunca se aseveró nada menos fundado.