El Ministro Lusiardo se dirigió al país el miércoles pasado por radio y televisión, para comentar sobre la situación económica, y anunciar aumentos en los salarios y en los precios de las empresas estatales. El hecho mismo de la comunicación debe juzgarse positivo, en cuanto implica quebrar el mutismo en que las autoridades habían caído sobre el tema de su política desde el discurso pronunciado en ACDE por el Cr. Puppo en abril. En nuestro último número escribimos un editorial al respecto, imputando el aflojamiento de la confianza del público, reflejado en los mercados de cambio y de dinero, precisamente a la falta de información, y a la omisión del gobierno de transmitir a la ciudadanía la impresión de que tiene la situación efectivamente bajo su comando. Por lo tanto, la iniciativa del mensaje ministerial, en sí mismo, mereció nuestro beneplácito.
No podemos decir lo mismo, desgraciadamente, de su contenido. El Cr. Lusiardo estuvo excesivamente parco en el suministro de información y, más aún, en el análisis de la que ofreció. La principal pregunta que nos sugiere su alocución concierne a la razón por la cual el ministro concibió que ella mejoraría la imagen del gobierno y reforzaría su credibilidad. Básicamente, el objetivo pareció cifrarse en el anuncio del cumplimiento de las metas del programa del FMI, una noticia que Búsqueda había adelantado en el mes de junio, y luego confirmado reiteradamente, y de las disponibilidades financieras que ello ha implicado en el marco del arreglo stand-by con el FMI y del convenio de refinanciación con los bancos internacionales, también abundamente publicitados con anterioridad. Fuera de eso, y de algunos datos numéricos muy parciales, el esfuerzo del ministro se circunscribió al plano retórico. "...Yo puedo asegurar", expresó el secretario de Economía refiriéndose a los objetivos fiscales, "que se han tomado todas las previsiones para el cumplimiento de la meta (del tercer trimestre)". ¿Qué previsiones, no puede uno menos que preguntarse, serán esas? "Fundamentalmente", aclaró el ministro, "una reducción de los gastos públicos". "Se oirá crujir el aparato estatal", prosiguió el Cr. Lusiardo, "pero ello será la demostración de la voluntad del gobierno de cumplir con los compromisos asumidos".
La metáfora podrá ser literalmente elocuente, pero no aclara algunas dudas que las propias cifras oficiales suscitan. Estas se refieren tanto a las cuentas consolidadas del sector público, como a las del gobierno central, siendo la participación de las empresas estatales en las primeras la diferencia principal. El acuerdo contiene metas específicas sobre ambas. Si bien no dudamos de que las cuentas del sector público consolidado son las más importantes, nos referiremos principalmente a las del gobierno central por ser respecto de éstas mucho más explícita la información proporcionada por el ministro.
Uno de los cuadros aportados por ésta muestra que el déficit del gobierno central fue en el primer semestre de 1983 de N$ 2.300 millones, frente a una meta (véase Búsqueda, 29 de junio) de N$ 2.500 millones. Sin embargo, el déficit registrado lo es por una contabilidad de caja, y no de ingresos y gastos devengados. Lo que nos interesa es el déficit en función de los gastos devengados, por la sencilla razón de que un gasto cuyo desembolso se pospone, y no se registra en la contabilidad de caja, debe tarde o temprano hacerse efectivo. No sabemos cuántos gastos se pospusieron, pero sí sabemos que se pospuso el pago del medio aguinaldo correspondiente a junio. En relación a la suma que el cuadro publicado asigna a salarios, ello debe importar una suma del orden de N$ 400 millones en que, como mínimo, habría que ajustar el déficit, llevándolo a N$ 2.700 millones. En el segundo semestre regirá durante cuatro meses el aumento de N$ 700 por empleado anunciado por el ministro. Suponiendo que los funcionarios son 220 mil e incluyendo el ajuste respectivo en el segundo medio aguinaldo, tendríamos 650 millones adicionales, lo que nos lleva a un déficit de unos N$ 3.400 millones, al borde de la meta convenida, de N$ 3.500 millones.
Si tomamos en cuenta la estacionalidad de los gastos y los ingresos, que implica que el déficit tienda a acentuarse fuertemente en el cuarto trimestre, tendríamos que poner en duda que la meta sobre el gobierno central está en vías de cumplirse. Si hay medidas adicionales, a las que aludiría el pasaje de los crujidos, querríamos saber cuáles son.
Una posibilidad es que esas medidas incluyan los ajustes en los precios o tarifas de las empresas estatales. Según las cifras anexas a la alocución ministerial, el déficit de la Tesorería superó en 540 millones el del sector público consolidado. Ello implica que las empresas estatales tuvieron un superávit financiero de ese orden. Como de los datos publicados se infiere asimismo que las empresas estatales autofinanciaron una inversión del orden de N$ 580 millones, es posible estimar la ganancia de dichas empresas por el primer semestre en unos N$ 1.100 millones. Ello implica que sus precios tuvieron un suplemento por encima de sus respectivos costos, estrictamente asimilable a un conjunto de impuestos indirectos. Nadie puede sostener que se trate de impuestos buenos, pero cualquier impuesto es preferible a un déficit que podría sumirnos en una nueva crisis financiera. El ajuste de tarifas y precios que ahora se anuncia puede estar destinado a suplir el faltante de recursos que, según señalábamos, está insinuándose. Si, en cambio, dichos aumentos tuvieran por alcance exclusivamente compensar el efecto de la depreciación del peso, sin dejar nada siquiera para compensar el aumento salarial en el sector público empresarial, que fue lo que el ministro en rigor afirmó, entonces estaríamos aún ante el problema de saber qué es concretamente lo que produciría los crujidos salvadores.
Parece elemental que las autoridades tienen que suministrar datos tales como el rendimiento esperado de los aumentos de tarifas y precios, así como el importe de las erogaciones que insumirá el aumento de salarios. Al contrario, es inimaginable que se callen tales datos y se pretenda sustituir la información con retórica.
Es cierto que el ministro mostró una reducción importante de los gastos en términos reales, pero al mismo tiempo ellos parecen responder exclusivamente al diferimiento de un ajuste salarial, que ha terminado por no poder posponerse más, y a una postergación de inversiones tal que las efectuadas en las empresas estatales en el primer semestre, en términos reales, no llegan al 15 % de las realizadas el año pasado. ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse esa situación?
También sobre esto es imperativo que las autoridades informen a la población. No encontramos sentido en la expresión del Cr. Lusiardo, en el sentido de que no cansaría con cifras a su audiencia. Sus oyentes estaban ávidos de cifras, por la sencilla razón de que las cifras son altamente relevantes para sus vidas, y en lo sustancial no tuvieron satisfacción a sus apetencias.
Otro aspecto de la exposición del ministro que nos produjo decepción fue el que enfocó el sentido del ajuste fiscal. Expresó el Cr. Lusiardo que la significación e importancia de ese ajuste se deriva de que, para un nivel de ingreso dado, "el gobierno está disminuyendo su participación...". Y, más adelante, afirmó que la estrategia del gobierno debía necesariamente apoyarse en una situación saneada de las finanzas públicas, "de forma de no restar recursos al sector privado". Hemos leído estas manifestaciones con sorpresa. La importancia del ajuste fiscal en la coyuntura actual se deriva, sin la menor duda, de que sólo él puede aventar el peligro de un nuevo cataclismo cambiario, que seguiría la monetización de un déficit importante como la sombra sigue al cuerpo. Es el temor agudo de que esa monetización y ese cataclismo se produzcan en un futuro próximo lo que está demorando la reactivación de la economía, y de ahí la crucial trascendencia de que esos temores puedan ser superados.
Y para eso se necesitan cifras, datos, y un análisis franco y riguroso. Desgraciadamente, no fue lo que aportó la alocución del ministro.