Las medidas recientemente anunciadas por el Ministro de Economía y el Secretario de SEPLACODI referentes a las tarifas y precios cobrados por las empresas estatales no deberían ser tratadas separadamente de las otras medidas que versaron sobre ajustes salariales en el sector público.
El aumento de un monto fijo de N$ 700 por funcionario debe incidir en algo más de N$ 100 millones en la nómina salarial del gobierno central, y en algo así como N$ 50 millones en conjunto en las de las empresas públicas, en ambos casos por mes, y sin contar con el efecto consiguiente sobre los aguinaldos.
Tal incremento de los gastos viene a incidir sobre una situación deficitaria de la Tesorería que de por sí ya causaba grave inquietud. Si se resolvió aumentar los sueldos de los funcionarios, era preciso financiar el aumento. Dentro de ese contexto debemos enfocar el anuncio de los aumentos de precio y tarifas. Al respecto se plantean tres posibilidades alternativas:
a) los aumentos están calculados, como de hecho afirmó el Ministro Lusiardo, de manera tal de compensar el efecto del alza del dólar en los costos de las empresas.
b) el incremento de precios y tarifas se ha regulado con vistas a cubrir todos los aumentos de costos de las empresas, incluso el aumento salarial recién anunciado; y
c) el aumento tarifario ha sido cuantificado para abarcar, además, el impacto del ajuste salarial dentro del gobierno central, al menos en alguna medida.
El que la verdad se encuentre reflejada en uno u otro de esos tres apartados no tendrá por consecuencia el que los contribuyentes paguen en mayor o menor proporción el aumento salarial decretado.
Sabemos, en efecto, que lo pagarán íntegramente. La cuestión que gira en torno a cuál de los tres casos es el pertinente concierne la proporción en la cual la financiación de la erogación se hará a través del impuesto inflacionario. Cuanto mayor sea esta proporción, mayor será asimismo la probabilidad de que el hipersensible mercado que los acontecimientos del año pasado nos han legado, sobreestime la inflación requerida, haya una sobrerreacción en materia de tasas de interés, mientras la recesión amortigua el impacto sobre los precios mismos, y tengamos entonces una baja ulterior del nivel de actividad.
En virtud de esas consideraciones no nos hallamos tan inclinados como otros observadores a enfilar nuestras baterías críticas contra el aumento de precios y tarifas. Pensamos, por ejemplo, en la "Página Económica" de "El País" del sábado pasado, que sí dirige contra tal medida una andanada potentísima, con su característica agudeza analítica y una profusión de datos cuantitativos altamente relevantes.
Nosotros convenimos con el colega en muchas de las reservas que la política tarifaria le merece. Ante todo, participamos plenamente de su reclamo de una reducción de gastos como expediente indicado para compensar un ajuste de las remuneraciones de los servidores públicos, considerablemente erosionadas por la inflación acumulada desde enero (18%). La Página Económica señala que "dado el enorme monto asumido por las erogaciones públicas, nadie puede negar que son susceptibles de importantes economías en todos sus rubros". Nosotros destacaríamos un matiz particular dentro del mismo enfoque: dada la data reciente de la desmesura de esas erogaciones —la tendencia de su crecimiento en términos reales entre 1980 y 1982 fue de 3.5% por trimestre, o 15% anual— es inconcebible que ella sea tan difícilmente reversible como lo implica el comportamiento de la Tesorería.
En segundo lugar, los impuestos explícitos e implícitos que los aumentos ocultan deben contarse entre los más regresivos y socialmente costosos del arsenal tributario nacional. No puede caber duda, por ejemplo, del efecto altamente distorsionador del extravagante impuesto a los combustibles, y su consiguiente costo social en términos de eficiencia asignativa.
Desde el punto de vista distributivo, por lo demás, parece sugerirse poderosamente la conclusión de que el peso financiero del aumento salarial decretado caerá en buena medida sobre los trabajadores del sector privado, el ajuste cuyas remuneraciones difícilmente se acerquen al de los funcionarios —si bien cualquier conjetura es un disparo en la oscuridad, vista la falta de experiencia que padecemos en la materia— y muy especialmente sobre los jubilados y pensionistas, que deberán soportar todos los aumentos de impuestos sin participar en ninguna medida de los aumentos de ingresos.
Dicho esto, sin embargo, vemos en los aumentos de precios y tarifas aludidas la valla que separa nuestra economía del precipicio de la inflación galopante, como la que va convergiendo hacia niveles del orden del 500% allende el Plata, y nos abstenemos de reclamar su derogación, ni siquiera parcial, en tanto no se arbitren mejores soluciones.
Encontramos sumamente interesante lo que los colegas de la Página Económica escriben sobre el efecto inhibitorio sobre los niveles de consumo que tendrán los aumentos de precios, y los datos cuantitativos que aportan, sin embargo, disentimos con ellos en cuanto a que el aumento de precios pudiera tener un efecto perverso sobre la recaudación fiscal. Uno de los artículos —"El Camino Extraviado"— menciona la curva de Laffer, aplicada al contexto del impuesto a los combustibles. Y sugiriendo que el efecto perverso asociado con el segmento de pendiente negativa de dicha curva podría darse. En realidad la curva de Laffer ha sido pensada para un impuesto a la renta, y en relación con un tributo al consumo cuando varía el precio se traduce al concepto mucho más sencillo de saber si la elasticidad de la demanda es o no mayor a uno en valor absoluto. En caso de serlo, el aumento de precio debe reducir la recaudación. Sin embargo, existe una fuerte presunción de que no es ése el caso. Basándonos en los propios datos de los colegas, y en la serie del PBI calculada por el BCU, estimamos un sencillo modelo que nos proporciona las elasticidades "precio" e "ingreso" de la demanda por naftas. Pese a su extrema simplicidad, explica el 78% de las variaciones del litraje consumido y sus resultados, que exponemos en el recuadro, son en general satisfactorios. Puede observarse que la elasticidad "precio" de la demanda es apreciablemente menor que uno en términos absolutos, y que aún el extremo inferior del intervalo de confianza calculado está lejos de ese nivel. Asimismo es dable apreciar que la elasticidad "ingreso" es análogamente apreciable —algo mayor aún en términos absolutos— y puede conjeturarse que es capaz de dar cuenta de la reciente caída del nivel de los consumos.
En síntesis, las medidas sobre tarifas y precios están lejos de satisfacernos, pero su supresión nos dejaría más insatisfechos aún. Procede exhortar al gobierno a realizar un examen a fondo de la cuestión fiscal, y de su política de precios públicos, si bien, fuerza es reconocerlo, a este gobierno uno le va exhortando cada vez con menos convicción.