En su alocución del 1° del corriente el Ministro de Economía dijo:
"El gobierno es consciente de los costos implícitos en la actual política económica. Sin embargo considera que otros caminos que podrían suponer mejoras parciales en el corto plazo, no sirven como fundamento de un desarrollo autosostenido, por lo que no caerá en la tentación de soluciones de compromiso."
No es fácil saber qué fue exactamente lo que quiso decir el Cr. Lusiardo. Al mismo tiempo el pasaje es ricamente sugestivo. Nos habla de un elenco gubernamental presa de una situación conflictiva, aquejado por escrúpulos de conciencia en razón de los sufrimientos que la población está experimentando, y que él asocia a su propia política económica; tentado por la visión de alternativas que podrían aliviar los padecimientos del pueblo en el corto plazo, pero que virilmente las desecha en aras de un objetivo de crecimiento autosostenido, con el que se halla comprometido indisolublemente.
Noten que el Ministro no dijo que él en particular fuera consciente de los costos de la política económica. Afirmó que lo era el gobierno. Tal vez se celebren reuniones al máximo nivel en que los gobernantes pongan en común su percepción de las penurias del público y de la conexión de las mismas con la política adoptada, se analicen alternativas y se termina, una vez tras otra, descartándolas en función del supremo objetivo del desarrollo a largo plazo, que vendría a ser el que les cierra el paso, impidiéndoles tenazmente aportar a las mesas el tan anhelado alivio. No pueden ser reuniones alegres.
Lo más importante de este sugestivo pasaje concierne las alternativas a la política actual. Sería sumamente interesante desde todo punto de vista que el Ministerio de Economía difundiera lo antes posible las que hayan sido objeto de consideración, junto con el análisis de cada una, y las razones por las cuales se la descarta.
Esa difusión sería ante todo de la mayor utilidad para los observadores menos imaginativos —entre los que, confieso a los lectores, tengo que contarme a mí mismo— que no ven auténticas alternativas a una política de ajuste de la demanda agregada, por medio de un empleo restrictivo de los instrumentos fiscales y monetarios, frente a un desequilibrio como el que se abatió sobre la economía uruguaya el año pasado, debido a una verdadera orgía de gasto público y expansión crediticia; y que, frente a la política que de hecho las autoridades están ejecutando este año sólo perciben —en la indigencia de su imaginación— que ella está fracasando por no ir bastante lejos ni ser aplicada con suficiente firmeza.
Sería además interesante conocer con precisión cuán parciales serían las mejoras que podrían aportar las distintas alternativas, y cuán corto el plazo en que aquéllas harían sentir sus benéficos efectos. Como es obvio, "parcial" y "corto" son conceptos relativos. El pasaje transcripto nos dice que las alternativas a las que el gobierno ha pasado revista no aportarían una mejora universal de la situación social, ni una mejora de indefinida duración. Pero no nos revela a qué grupos beneficiaría, y a cuáles dejaría fuera de su protección; ni nos aclara si ésta sería una influencia fugaz, de duración medible en días, o semanas, o en cambio ella alcanzaría una estabilidad mayor, para estimar la cual los meses, o los años, fueran la unidad de cuenta pertinente.
Sin saber lo uno ni lo otro, ¿cómo podríamos los ciudadanos evaluar el criterio restrictivo de las autoridades? ¿Cómo podríamos convenir con ellas en que no están descartando oportunidades atractivas? Hay algo, por de pronto, que reclama una toma de conciencia por parte del gobierno, algo distinto de lo que el Ministro reclama: los costos implícitos en la actual política económica, que algunos no percibimos igual que el gobierno, sencillamente porque no vemos las alternativas, y donde no hay alternativas no hay costos, como ha enseñado Armen Alchian, al tiempo que ha encarecido no confundir los costos de un acontecimiento con sus atributos indeseables. Esa otra nota distintiva de la política, diferente de sus costos, es su falta de éxito y el peligro, que crece cada día, de que la falta de éxito se cristalice en un definitivo fracaso. Hubo un lapso entre mayo y julio en que pudo pensarse que alguna medida de reactivación estaba iniciándose. Posteriormente sobrevino un nuevo brote de desconfianza, las tasas de interés tomaron nuevamente una tendencia alcista y todo indica que la economía ha vuelto a retroceder.
Son ya muchos meses los que han pasado desde noviembre para que permanezcamos atascados en el fondo del pozo.
En declaraciones que Búsqueda recogió hace dos semanas (N° 201, p.10) el Ministro Lusiardo estimó que la inflexión de la tendencia de la credibilidad gubernamental hacia una dirección negativa databa de mediados de julio. Su visión en este sentido ha sido diáfana, pero no se ha mostrado dispuesto a asumir la responsabilidad consiguiente. El 1° de setiembre, al concluir su discurso expresó que la evolución que siga la economía uruguaya dependerá de la coyuntura internacional, pero también "de la confianza que los logros obtenidos y la determinación de seguir la misma línea le merezcan tanto a los agentes económicos privados como a toda la ciudadanía". Y luego de esta apreciación con la que me hallo enteramente de acuerdo, el Ministro cerró su alocución afirmando:
"Esta es la responsabilidad de todos y cada uno de los uruguayos."
Y, naturalmente, somos muchos los que no estamos de acuerdo con esta otra proposición. Todos en concreto los que creemos que no hay ningún deber ético de creer a los gobernantes por principio, sino más bien el de hacer pesar sobre ellos mismos la carga de la prueba de su credibilidad sobre la base de una experiencia secular y universal a la vez que de otra vernácula y reciente. Y los que así pensamos somos también de la opinión de que cuando una política no llega a ganar la confianza del público, el que fracasa no es ésta sino el gobierno. Y que es el gobierno por lo tanto el que debe hacer algo.
Algo, por ejemplo, como considerar alternativas, ya que se nos informa que las hay. Veámoslas en buena hora. No nos apresuremos a descartarlas. El gobierno no logra hacer creíble su política actual, pero por compensación a esa falta de credibilidad es capaz de percibir alternativas que para otros permanecen ocultas. Que las muestren. ¿Quién dice que el elenco gubernamental no pudiera resultar creíble si se pasase a una de ellas? Sabemos con certeza que una política buena cuya confiabilidad no llega a establecerse es un candidato seguro al fracaso. Pero puede ser que una menos buena pero creíble represente una mejora. No podríamos saber si el caso abstracto se aplica a nuestra concreta situación sin que las alternativas se conozcan.
Hamlet es una de las mejores obras de teatro, pero una compañía no está obligada a tenerla en su repertorio. Más aún, no debería representarla, si no tiene a nadie capaz de hacer de Príncipe de Dinamarca. Para saber si hay otras piezas a cuya versión preferiríamos asistir es imprescindible conocer el repertorio de marras.
Sería sumamente oportuno que el gobierno nos ilustrara sobre el suyo.