La semana pasada el gobierno sorprendió a la opinión pública cerrando por cuatro ediciones a los semanarios "Opinar" y "Aquí". Antes de conocer los respectivos decretos, los observadores repasaron los últimos números de ambos, buscando en vano algo que los distinguiese de los números anteriores, suyos y de los semanarios no sancionados. La posterior difusión del texto de las resoluciones gubernativas apenas si añadió a la sorpresa elementos de perplejidad. La fundamentación jurídica de ambos hace caudal de la prohibición legal de mezclar actividad política con actividad sindical, que pesa sobre las Asociaciones Profesionales. Sobre la premisa de que algunas asociaciones profesionales infringieron esa norma, se castigó a medios que informaron al respecto. El hecho de que esa azorante falta de lógica tenga precedentes —Búsqueda no pudo menos que recordar el caso en que se la cerró por publicar opiniones de un ciudadano, él mismo no sancionado, sobre la base que él tenía prohibido emitirlas— no le quita su carácter francamente arbitrario.
Hubo otros sorprendidos en el curso de la semana anterior. Lo fueron los directores de medios de difusión a quienes DINARP intempestivamente citó en la noche del jueves, a fin de enterarles del nuevo y severo criterio con que, según se les anunció, serían aplicadas en lo sucesivo las disposiciones del decreto del 2 de agosto sobre información y comentarios en el área política.
En lo que a Búsqueda en particular concierne, su director fue despertado a las 0.30 horas del viernes y conminado a comparecer a un local militar para ser recibido por el jefe de DINARP, a cuyo despacho tuvo en definitiva acceso luego de aguardar aproximadamente media hora en una sala de espera desprovista de asientos y otras amenidades. Absolutamente nada del mensaje que se transmitió podía justificar lo extemporáneo de la convocatoria, máxime al director de un semanario cuya edición más cercana distaba aún cinco días. Por lo tanto, también en este caso la sorpresa tuvo a la perplejidad por compañera, en cuanto a qué razones concebibles podrían haber hecho que se quisiera dispensar a nuestro semanario un tratamiento flagrantemente denigratorio.
La hipótesis más plausible, capaz de englobar la generalidad de los hechos mencionados, es la de que las autoridades, preocupadas tal vez por lo que puede habérseles representado como una escalada sindical, decidieron proyectar de sí mismas una imagen de mayor fortaleza. Si esa es la meta, hay que concluir que el camino está totalmente equivocado.
La estrategia adoptada parece situarse en las antípodas de la sabia máxima romana, que encarecía la suavidad del estilo, y la firmeza de los aspectos sustanciales. El gobierno ofrece a la nación y al mundo el espectáculo de una singular incapacidad de decisión, que deja a la nave de la política económica aparentemente a la deriva, diríamos que con menos movilidad, frente a una coyuntura adversa que ningún otro gobierno de que tengamos memoria. Ahí está el área donde es imperativo que el gobierno haga un esfuerzo extremo por demostrar que en el puente de mando hay alguien que tiene idea de qué rumbo debemos tomar. El mero endurecimiento en la forma no puede más que resultar contraproducente, al interpretarlo inevitablemente la opinión pública como signo de debilidad. Fortiter in modo, suaviter in res es una receta para el desastre.
En una de las resoluciones sobre los semanarios clausurados se afirma que la tranquilidad pública y la paz social son condiciones ineludibles para alcanzar la reinstitucionalización plena del país. Es una premisa peligrosa. Si todo síntoma de mayor inquietud social debe interpretarse como una indicación de que la perspectiva de normalización institucional corre peligro, es fácil ver que aquel enfoque encierra un círculo vicioso, que la represión nunca podría romper. La premisa correcta nos parece ser prácticamente la opuesta, a saber, que una perspectiva clara de reinstitucionalización, es decir, un cronograma operativo, del que se hayan despejado los signos de interrogación, es a esta altura la condición indispensable del restablecimiento de la paz social.
Las Fuerzas Armadas, cuya sinceridad de propósitos institucionales en el sentido de cooperar con la normalización institucional de la república no ponemos en duda, deberían desplegar una estrategia sumamente móvil para conseguir aquel objetivo, mientras el gobierno sale de su inmovilismo en materia económica, y procura una reactivación que, en alguna medida al menos, está al alcance de la mano. Este camino parece ser el adecuado a la coyuntura. Al contrario, retirarse detrás de la Línea Maginot de la represión y de la arbitrariedad parece la principal contraindicación.