En el contexto de interesantes declaraciones que recogió el último número de este semanario, el Consejero Eduardo Carrere Hugues demandó un pacto social para facilitar que el retorno a la democracia pudiera llevarse a cabo de manera fluida y armónica.
De este modo ha podido apreciarse que la idea de un acuerdo general parece ser compartida por hombres que abarcan muy cerca de la totalidad del espectro político. Podría afirmarse con propiedad que existe consenso sobre la conveniencia del consenso. Al respecto creo ver tres cosas obvias que señalar, y un único objeto genuino de especulación intelectual.
La primera de las acotaciones obvias es que la proposición "el consenso es deseable" pertenece al género de las proposiciones puramente formales, tales como "el Estado debe propender a la distribución más justa de los bienes", "los padres deben combinar adecuadamente la firmeza y la comprensión en las relaciones con sus hijos", "los hombres mejor capacitados deberían ser los llamados a gobernar", "los gobernantes deben tener por meta el bien común", y otras que con éstas tienen en común la cualidad consistente en que, cuando uno ha terminado de enunciarlas, ha dicho en realidad muy poca cosa. En otras palabras, el que todos se pongan de acuerdo sobre las ventajas de un acuerdo no contribuye de manera sensible a que el acuerdo se materialice.
La segunda anotación que parece muy clara es que no hay nada de particularmente democrático en un régimen basado en el consenso. La democracia de Rousseau implicaba el funcionamiento monolítico de la voluntad general, pero no hay que olvidar que toda semejanza entre la república soñada por Jean-Jacques y la democracia liberal es pura confusión. De hecho los regímenes que se han apoyado, o se han atribuido, la propiedad de representar a la universalidad de la ciudadanía han sido y son totalitarios: los nazis en el poder, que de alguna manera se las arreglaban para que todos los votantes pusieran balotas adictas en las urnas, y Fidel Castro y otros gobernantes comunistas, que protestan que organizar elecciones cuando uno ya sabe previamente que todos están a favor del gobierno es una actividad incomprensible.
La tercera cosa obvia por decir es que el ansia uruguaya por el acuerdo social en la década de los años 80 toma a la historia bastante a contramano. Las décadas de los '50 y los '60 mostraron un consenso difundido en los países más desarrollados, al menos en materia económica. Se trataba de un consenso keynesiano, en el cual la curva de Phillips, que afirma que la inflación y el desempleo se mueven en direcciones distintas, a lo largo de una ruta estable, desempeñaba el papel de piedra angular. Cuando la curva de Phillips empezó a desplazarse, el edificio consensual crujió, y terminó derrumbándose cuando desde fines de la década de los '60 la inflación y el desempleo se transformaron en compañeros de una ruta ascendente. El colapso dio por resultado el surgimiento de distribuciones políticas bimodales, en las que los líderes gobernantes —pienso en Thatcher, Reagan, Mitterrand, Trudeau, Felipe González— tienen a sus principales opositores prácticamente en el otro extremo de la banda de opinión, con una depresión en el medio. Esto implica que no hay hoy en día un paradigma centrista capaz de atraer al grueso de la opinión, dejando solo matices extremistas a izquierda y derecha. Esta es una dificultad real, e internacional, para el consenso a que se aspira.
El tema que estimo genuino objeto de investigación es la razón de ser de la fuerte demanda por consenso que revela nuestro mercado político. Por cierto, no tiene que operar una razón única. Hoy voy a sugerir tres rubros posibles.
El primero es propio de un público que ha vivido durante años bajo un régimen autoritario, en él se reprime la actividad de los sindicatos. Al acercarse al retorno al régimen constitucional, muchos temen que los sindicatos puedan agravar las presiones inflacionarias cuando recuperen su libertad de acción. Quizá haya algo de sustancia en ese temor, pero, sobre todo, a sus flancos se advierten dos errores. Uno es la noción, patentemente falsa, de que si se morigeran las demandas salariales puede evitarse la inflación, cuando ésta se alimenta en realidad del déficit fiscal y su financiación con la impresora de billetes. Ensáyese un acuerdo social que estipule los aumentos salariales admisibles, los remarques empresariales aceptados, los "spreads" bancarios correctos, y cuanto otro parámetro negociable quepa imaginar; y, al mismo tiempo, no se aumentan los impuestos ni se rebajan las erogaciones del presupuesto: y a los pocos meses se verá cómo el pacto social y la estabilidad que él debía generar saltan en mil pedazos.
El segundo error consiste en suponer que todos los peligros ínsitos en la fijación administrativa de los salarios nominales, que son muy reales desde una variedad de puntos de vista, se evitan si la fijación resulta de un pacto social, lo que seguramente no es el caso.
El segundo rubro capaz de explicar el deseo de una concertación de los distintos grupos sociales se vincula con el deseo que muchos experimentan, en el sentido de encontrar una alternativa viable a la vez a la economía de mercado, que se ha convertido en el ogro de turno, y al dirigismo vernáculo que, devuelto a su plenitud con control de cambios, control de precios, y control de tasas de interés, nos precipitaría a la inflación galopante y el desabastecimiento en dos o tres meses. Se trata, lamentablemente, de una falsa alternativa, porque a los mercados se los deja funcionar, o se los frustra, y tertius non datur. Creer que un conjunto de personas bien intencionadas, bien informadas, y representativas de los distintos sectores de la producción serían un sucedáneo de los mecanismos espontáneos de la economía significativamente mejor que un conjunto de burócratas representativo de los intereses políticos, menos bien inspirados e informados, es altamente arriesgado, si lo realmente relevante es que un sistema de mercados es capaz de procesar una cantidad de información inconmensurablemente superior a la que cualquier conjunto de individuos podría manejar.
El tercer rubro que pienso puede apuntalar la fuerte demanda por un pacto social en nuestro medio concierne el laudable propósito de incorporar a la democracia uruguaya un componente participativo del que notoriamente careció antes de su crisis, y de tal modo fortalecerla para que pueda resistir los embates a que se verá sometida. Pienso que, como decía, se trata de una aspiración encomiable, pero siempre que las decisiones a que los ciudadanos sean llamados versen sobre cuestiones que ellos puedan concebiblemente entender, y en cuyo manejo puedan tener una probabilidad no despreciable de éxito. Nada de ello se aplica a la planificación de la macroeconomía nacional, tarea que ha derrotado a cuanto comité ha osado intentarla a lo largo y ancho del mundo. Aquí lo promisorio, por más que nada fácil, es una reestructuración a fondo del gobierno local, que fue la verdadera escuela de autogobierno en los países que primero y mejor desarrollaron la democracia. Por cierto que en ese plano está todo por hacer entre nosotros, pero si no se logra una participación ciudadana amplia en el nivel local, aspirar a ella en el nivel nacional sería vana ilusión.