Leyendo un editorial de "El Día" —30/9/83— me he enterado de que el gobierno del Sr. Felipe González ha prohibido el uso en colegios privados de un catecismo que condena el aborto, considerándolo delictivo. También me he enterado de que "El Día" aprueba esa decisión, que yo, por mi parte, deploro profundamente.
La doctrina que "El Día" aplica no es del todo fácil de desentrañar. A continuación resumo lo que creo discernir en el artículo: ya me corregirán si me equivoco. Leo allí, y entreleo, las siguientes premisas.
1 — La democracia es "una forma de vida" entre cuyas características resalta la tolerancia hacia las opiniones ajenas. "Pero" —siempre hay que poner atención a lo que viene detrás de esta inocente conjuncioncilla— "para que ello sea posible es necesario reconocer, por todos, la jurisdicción decisoria que corresponde al Gobierno..." (énfasis agregado).
2 — La "jurisdicción decisoria del Gobierno" crece en extensión con la base popular sobre la que el poder estático se asienta. Hay cosas que el Gral. Franco no podía válidamente decidir, y que sí puede el Sr. Felipe González, porque éste a diferencia de aquél, representa legítimamente a la sociedad como un todo.
3 — Cuando la legitimidad del gobierno —si no es irreverencia preferiría escribir, no citando textualmente, gobierno con minúscula— es perfecta, o sea impecablemente democrática, su jurisdicción decisoria incluye la potestad de laudar sobre la verdad o falsedad de determinadas proposiciones. Por ejemplo, el gobierno puede legítimamente reprimir a individuos, grupos, o instituciones que intenten publicar, difundir, o enseñar, una proposición como:
"x es según la naturaleza de las cosas, —de jure naturali— un delito"
para todo x que represente una conducta declarada conforme a la ley por el estado a través de sus órganos constitucionalmente competentes para representar a la sociedad.
Así entiendo yo la doctrina en que "El Día" apoya su tesis. Es una doctrina que posee antecedentes muy antiguos. Hace unos dos mil quinientos años el estado ateniense —una democracia como las mejores que por aquellos tiempos se daban— condenó a muerte a un ciudadano llamado Sócrates, acusado de enseñar a los jóvenes que ciertos entes a los que el gobierno atribuía carácter divino —el sol y la luna entre ellos— no eran dioses en realidad. Nótese que el ajusticiado no lo fue por creer que los dioses del Panteón oficial eran divinidades de pacotilla, sino por enseñar a los jóvenes una doctrina opuesta "a lo resuelto por la sociedad toda, en consideración a los factores de desarrollo cultural que la (caracterizaban) en un momento dado". La frase entre comillas es de "El Día", con excepción del tiempo del verbo escrito entre paréntesis.
Hace apenas quinientos años menos el imperio Romano ejecutó en Judea a un cierto rabbi, de nombre Jesús, conocido como el Nazareno, convicto de blasfemia por un tribunal sacerdotal. También en aquel caso se imputaba al reo transgredir una verdad oficialmente establecida, a saber, que Dios es un ente trascendente a toda realidad espacio-temporal. El delito no se entendió configurado porque el reo se atribuyese a sí mismo ser Dios encarnado, sino por ofender las convicciones más sagradas de la comunidad que le albergaba al enunciar en alta voz una afirmación que se daba de bruces contra ellas.
Aclaremos que, en el segundo ejemplo, si bien la legitimidad del brazo secular era cuestionable desde un punto de vista democrático, el delegado del Emperador tuvo la precaución de refrendar plebiscitariamente la sentencia antes de ponerla en práctica, lo que presuntamente habría saneado buena parte de aquella deficiencia.
La doctrina es, como se ve, muy vieja, pero, al mismo tiempo, es también muy antiliberal. Atribuir al gobierno "una jurisdicción decisoria" distinta de la jurisdicción de los magistrados en aplicación de la ley es flagrantemente antiliberal. Atribuir al gobierno competencia para separar la verdad del error, y suprimir éste por la fuerza, representa un ataque frontal a la libertad.
"Un católico" concede el matutino, "tiene todo el derecho a no practicar el aborto". He aquí un ejemplo de la tolerancia democrática, que el articulista había exaltado previamente. Tranquilícense, pues, las mujeres católicas: nadie va a practicarles abortos por la fuerza. Las parejas católicas, contrarias a la interrupción deliberada de los embarazos, conserven la calma: el estado democrático bajo ninguna circunstancia les pondrá pena por no abortar. Pero, de ahí a afirmar que el que aborta sacrifica una vida humana y delinque, hay un gran trecho. Una cosa es libertad, otra es libertinaje.
El tiempo presente no es, en el Uruguay, de los más favorables a la libertad. Pero, ¿cuándo y dónde ha florecido particularmente la libertad cuando mandan los militares? Por eso a mí lo que más me inquieta son las ideas de los liberales. En cosa de meses he oído a liberales sostener que debía prohibirse una segunda universidad para proteger a los estudiantes contra la difusión de doctrinas falsas, que era legítimo que las autoridades acumulasen pruebas contra un sospechoso y las mantuviesen secretas, y le interrogasen sin la asistencia de un abogado, y ahora nos dicen que el gobierno tiene una jurisdicción decisoria para decidir entre la verdad y el error. Pienso que el futuro que nuestro medio ofrece a la libertad, si la mejor perspectiva es que los liberales sean gobierno, es bastante menos que promisoria.
Al menos deberíamos ser francos: nuestro himno nacional, tan insistente en el tema de la libertad, debería ser modificado. Podría organizarse un gran concurso, con grandes premios a los ganadores, para decidir, mediante el voto generalizado, cuál es el grito que realmente salvó a la Patria, y por qué es de veras que estamos listos a ofrecer nuestras vidas.