Hay dos principios que con frecuencia se consideran estrechamente asociados entre sí, asignándoseles una jerarquía valorativa similar: el principio de la autodeterminación de los pueblos y el principio de la no intervención. A propósito de la intervención norteamericana en Grenada, vale la pena detenerse a examinar esa relación mutua entre uno y otro, y la dignidad que a uno y otro cabe reconocer.
El parentesco que une a ambos proviene de su filiación común, como derivados del principio superior de soberanía. Pero en ello se agota su recíproca semejanza, porque mientras el de autodeterminación se dirige a salvaguardar el aspecto positivo de la soberanía, el derecho de toda nación a resolver conforme a la ley sobre sus asuntos internos, y a elegir a sus gobernantes, el de no intervención se orienta simplemente a preservar el lado negativo de la soberanía: es decir, la concepción de las fronteras políticas como vallas opuestas a la injerencia externa, de modo tal que el poder de cada estado se ejerza en su respectivo ámbito territorial sin interferencias.
El principio de autodeterminación posee un fundamento ético. No concebimos siquiera que una intervención extranjera que lo violara pudiese dejar de suscitar la repulsa de todas las conciencias. El principio de no intervención no posee, en cambio, una semejante base moral. Nos referimos, claro está, a la condena de toda intervención por la mera referencia a la territorialidad del poder ético, toda vez que el principio de autodeterminación no se halle en juego.
La base del principio de no intervención es de simple expeditividad. Siendo los estados lo que son, hallándose ya casi sin excepción teñidos de relatividad ética, volcados como se hallan abiertamente a la defensa de sus intereses particulares, no sería práctico franquearles la injerencia en los asuntos ajenos.
La causa de la paz sufriría con ello, y la independencia de los países pequeños quedaría abolida al asumir de tal manera la ley de la selva vigencia universal.
Pero no hay nada sagrado acerca del principio de no intervención. Ex ante factis debe preservárselo por las razones indicadas. Ex post facto nada excluye el análisis valorativo de un episodio en que se lo haya infringido, en función de las circunstancias del caso. Ciertamente que toda infracción debilita su proyección hacia el futuro, y es por tanto peligrosa. Pero la aprobación, que está descartada necesariamente si el principio vulnerado es el de autodeterminación, no puede excluirse con igual generalidad, análogamente en abstracto, respecto del de no intervención.
Nosotros no aceptamos, por ejemplo, que la órbita de los derechos individuales, o derechos humanos, como suele llamárselos, deban ser considerados asuntos enteramente domésticos, regidos estrictamente por el principio de la no intervención.
Creemos en la vigencia de un orden jurídico supranacional que garantiza esos derechos, con asiento en la conciencia moral común de la sociedad civilizada. En casos extremos de lesión a esos derechos —pensamos en el holocausto antisemita bajo el nazismo, en la liquidación de los kuleks por Stalin, en la matanza de armenios por el Imperio Otomano— apoyaríamos la intervención armada de potencias extranjeras con el fin de preservarlos.
En el caso de la invasión norteamericana a Grenada no estaba ciertamente en juego el principio de la autodeterminación, que habría forzado a una condena ética de la operación. Estaban sí en juego los intereses vitales de los EE.UU., que nunca podrían haber servido para justificar una agresión contra aquel principio supremo, pero que en la emergencia concreta deben analizarse en el marco de la confrontación Este-Oeste. Nosotros no nos sentimos indiferentes a esa confrontación: nos sentimos comprometidos. Creemos que si la no intervención es el principio que restringe a EE.UU. frente a Cuba y Nicaragua, y el que la URSS pisotea sin hesitaciones en Hungría, Checoslovaquia, Afganistán, etc., el sesgo consiguiente sobre la evolución de los acontecimientos históricos es altamente peligroso para la libertad y el derecho, los valores que estimamos por sobre todo otro en el orden temporal.
Puede discutirse si el asesinato de Maurice Bishop y varios de sus ministros y su reemplazo por Bernard Coard cambió sustancialmente las cosas en la diminuta isla caribeña. Bishop había llegado al poder deponiendo a Eric Gairy, un tirano que había mantenido a los grenadinos bajo su yugo 28 años. Bishop tomó el poder en 1979 y prometió elecciones. Según la conocida táctica marxista —el partido de Bishop lo es, y Bishop mismo fue un discípulo obsecuente de Fidel Castro— las elecciones prometidas fueron postergándose, hasta que su inutilidad fue proclamada. La verdadera democracia terminó declarando Bishop, no se fundamenta sobre las elecciones sino sobre una "interacción permanente" entre gobernante y las masas.
Las noticias un tanto confusas parecen indicar que Bishop amagó una apertura hacia los EE.UU. como medio para extraer más ayuda económica de la URSS y Cuba, y que la maniobra desagradó a éstos y desató el conflicto en que Coard y su camarilla, del mismo partido, oficiaron de sicarios de Castro y de sus principales moscovitas. Es casi seguro que el nuevo grupo no representara nada realmente distinto en el plano político; tal vez sólo un grado más avanzado de crueldad y abyección.
La cruenta revuelta palaciega sencillamente ofreció a los EE.UU. una oportunidad para intervenir. No creemos que haya habido valores de más enjundia para justificar la operación, pero ciertamente el derecho del pueblo grenadino a autodeterminarse no fue vulnerado.
A veces el sacrificio de la no intervención concluye favoreciendo la autodeterminación. Sin salirnos del escenario caribeño, resulta pertinente recordar el desembarco de los marines en la República Dominicana en 1965.
Hoy aquel país tiene un régimen democrático tan estable como los muestra el área.
Sin la intervención norteamericana, el Coronel Caamaño probablemente se habría instalado definitivamente en el poder. Ojalá que en Grenada los acontecimientos puedan orientarse en la misma dirección.