La proposición "X defiende al país", siendo X un ente real cualquiera, puede entenderse de dos maneras distintas. La primera de ellas consiste en interpretar como trasmitiendo información sobre el comportamiento de X. Implica un criterio para distinguir entre las conductas posibles de X, de modo de vincularlo positiva o negativamente al interés público, y de permitir evaluarlas en conjunto. En ese sentido se trata de una proposición empírica, que tiene validez para un ámbito cronológico determinado —aquellos períodos para los cuales la evaluación de la conducta de X arroje resultados positivos— fuera del cual admite sin duda la posibilidad de refutación.
No es ése el sentido en que la proposición suele interpretarse en nuestro medio cuando su sujeto es ANCAP. En ese caso, se la entiende en general como trasmitiendo información sobre el ser del sujeto, que el atributo de defensa del país integra de manera constitutiva. Por tanto no existe un ámbito cronológico —un año, dos, cinco, los que fuera— en el cual la veracidad de la proposición pudiera ser refutada, o siquiera sometida al tribunal de los hechos.
Supongamos que X, de quien se predica su contribución a la defensa nacional, sea una empresa industrial, y que su instalación se haya debido predominantemente al propósito de generar rentas para su propietario, el Estado. Supongamos que en un ejercicio la empresa realiza importantes beneficios, y que al respecto se enuncia la proposición "X en el año tal defendió al país". ¿En qué sentido debemos entenderla? Puede que quisiéramos interpretarla como una aseveración de que X se comportó de conformidad con el fin de su constitución, y en tal sentido sirvió al interés nacional. Sin embargo no podemos estar seguros hasta que veamos la proposición que se enuncia respecto de un ejercicio económico en que la empresa experimente pérdidas. Supongamos que éste sea el caso el año siguiente, y que el resultado adverso sea de magnitud mayor aún que el favorable anterior. Supongamos que respecto a ese año se afirma: "X defendió al país vendiendo sus productos por debajo del costo". Entonces sabemos ya a ciencia cierta que la proposición "X defiende al país", que es confirmada igualmente si la empresa gana como si pierde, no es susceptible de prueba ni refutación empírica, y pertenece al género de proposiciones, como "dos y dos son cuatro", "la suma de las partes no puede ser mayor que el todo" y "la serie de los números naturales es infinita", cuya validez no depende en absoluto de esa clase de pruebas.
Es el caso de ANCAP. No cabe duda de que cuando se la fundó en 1931 y se la dotó de sus monopolios legales, la finalidad fiscal —generar rentas para el Estado— fue el objetivo dominante. En aquella época los promotores de la iniciativa afirmaron en el Parlamento que sólo la actividad de refinación de la empresa dejaría una ganancia equivalente a 15 millones de dólares de la actualidad, que para el nivel presente de consumo se traduce a una suma que supera largamente el centenar de millones de dólares. En 1981 ANCAP ganó unos 40 millones de dólares, de los que contribuyó unos 25 al erario público, alrededor de 7% del patrimonio según valuación de éste en libros. En ese año el directorio del ente celebró el 50 aniversario de su fundación, y se plugo en señalar que él había ganado dinero en todos los ejercicios menos cuatro.
En 1982, en cambio, ANCAP perdió unos 50 millones de dólares, resultado éste que fuentes allegadas a la empresa estiman ha de reproducirse este año. Uno habría esperado que el Informe del Directorio reflejara pesar y preocupación por este hecho. Y tal vez en algunos pasajes, tales sentimientos se dejen entrever. Pero, al mismo tiempo, es indudable que la pérdida es presentada con una inequívoca valoración positiva desde el punto de vista del interés nacional. En la memoria anual, en efecto, entre otros pasajes análogamente orientados, bajo el acápite "Economía", leemos que la abultada pérdida sufrida "... es el costo, a cargo de la Empresa, de su contribución a la comunidad".
A nosotros nos parece obvio que si aceptamos que la empresa realiza una contribución positiva a la comunidad cuando gana dinero, y lo mismo cuando lo pierde, nos privamos de manera absoluta de un criterio racional para evaluar, no sólo la gestión de las autoridades —incluyendo el Poder Ejecutivo en su potestad de fiscalizador de los precios respectivos— sino la deseabilidad misma del mantenimiento de aquella en el patrimonio del sector público nacional.
En un sentido análogo queremos rechazar de la manera más enfática posible la idea de que las pérdidas de ANCAP están a su cargo, en ningún sentido imaginable.
Como tal, ninguna empresa experimenta satisfacciones ni sufre desutilidades y, cuando se dice que soporta un sacrificio, sólo se usa un giro retórico para expresar que sus dueños son ahora más pobres que antes.
Los propietarios de ANCAP son los ciudadanos de este país. Se les priva de información, como si no lo fueran, pero lo son. El régimen militar reparte los Directorios entre las distintas Fuerzas según criterios secretos e incomprensibles. Ello parecería indicar que cree que las empresas "estatales" son del gobierno, pero no es así. El patrimonio de ANCAP —cada centavo de los 600 ó 800 millones de dólares que lo componen— ha salido del bolsillo de los uruguayos, y, cuando la empresa realiza pérdidas, todos tendremos, antes de mucho, y seguramente sin que se nos informe siquiera de ello, que contribuir a reponerlas.
Que, encima de ello, se pretenda que deberíamos estar agradecidos a las autoridades porque están perdiendo para nosotros varias decenas de millones de dólares al año, tal vez un centenar en el bienio '82-'83, ya nos parece algo así como demasiado.
Fuera de sus implicaciones patrimoniales más directas, la defensa del país por ANCAP a través de precios deficitarios ha tenido recientemente otras derivaciones. Una declaración inoportuna de su Presidente precipitó días atrás en masa a los automovilistas del país a las estaciones de servicio, y agotó los stocks de combustible en muchas bocas de salida. Ello incluyó las de gas oil en las zonas cerealeras, interrumpiendo el levantamiento de las cosechas. No sabemos cómo esto ha defendido al país, pero nos damos cuenta de que, de una manera u otra, por hipótesis, tiene que haberlo hecho.
Mientras tanto, toda clase de bienes de consumo e insumos industriales y agrícolas ha estado llegando al mercado con perfecta fluidez, sin que el reciente escalón cambiario se haya convertido en obstáculo para ello. Eso sí, las empresas privadas ya movieron sus precios. Imbuidas por el espíritu de lucro pretenden cubrir sus costos siempre que el mercado no lo impida. No así ANCAP. Su parsimonia en efectuar el ajuste nos está diciendo de su permanente disposición a sacrificarse.
Con nuestro dinero, por supuesto.