El penetrante análisis que hace el Dr. Enrique Tarigo del discurso del Comandante en Jefe del Ejército en la última edición de "Opinar" (febrero 9) pone sobre el tapete, entre otros temas, el infinitamente rico, e infinitamente difícil, de la legitimidad de los gobiernos. No resistimos la tentación de sumarnos al diálogo; no para discrepar, sólo para agregar una perspectiva distinta.
El Dr. Tarigo quiebra gallardamente sus lanzas por la tesis de que legitimidad quiere decir legalidad: conformidad de la sucesión de los gobiernos con las normas —por lo general de máximo rango— que regulan tal acontecer político. Como él señala, el consenso al respecto es la única garantía de paz. Más aún, es la única base para una convivencia civilizada. El pensamiento se le va a uno, con admiración, hacia la historia de los países anglosajones, donde la sinonimia entre legalidad y legitimidad está a punto de celebrar su tercer siglo de vigencia. (La "glorious revolution" de 1668 fue el último hiato constitucional en Inglaterra, los Estados Unidos no han tenido ninguno en más de dos centurias de vida independiente, ni lo ha tenido ningún otro estado del mismo origen cultural.)
Pero, ¿por qué no es así en todas partes? Porque de hecho no lo es, ni —la historia es al respecto terminante— lo ha sido nunca. Los regímenes constitucionales de la antigüedad mostraron ya considerable inestabilidad. Particularmente los regímenes republicanos, basados en la participación de una ciudadanía extendida. El problema es lo bastante viejo para haber inquietado ya a Aristóteles. Este desarrolló una teoría que podríamos llamar del "ciclo vital" de los sistemas constitucionales. Las monarquías decaen y se convierten en tiranías. Las aristocracias se corrompen, y devienen oligarquías. Las democracias siguen la misma ley cuanto terminan en demagogias. Una vez que los sistemas se han apartado considerablemente de sus paradigmas, y por tanto han avanzado lo suficiente hacia sus correlativos arquetipos de decadencia, desnudan su fragilidad, y son propensos a ser sustituidos por una de las formas primigenias. Y el ciclo vuelve a comenzar.
Un enfoque no del todo disímil es el de Montesquieu, para quien los mismos tres sistemas se apoyan cada uno en su cualidad crucial específica. La característica de la república, como él decía, o de la democracia, como podríamos traducir válidamente hoy, es la virtud. La democracia paradigmática vendría a ser el sistema de los hombres virtuosos, de los gobernantes probos y austeros, de los políticos leales, de los periodistas íntegros, del ciudadano medio maduro, dueño de sus pasiones. Cuando el cimiento se resquebraja, Montesquieu nos recuerda, ¿cómo podría perdurar la torre?
El mensaje que los grandes intelectos del pasado tienen para nosotros, aquí y ahora, es que la legitimidad es una cualidad de los regímenes políticos, de los sistemas de gobierno, que les viene del orden del ser de las cosas, y no de su deber ser. Si ambos conceptos se funden en una sola idea, como creemos ver que acontece en los países noreuropeos y de la Norteamérica sajona, y no sólo se confunden en el pensamiento de los observadores, bajo el impulso del ideal, al socaire del optimismo, ¡enhorabuena! ¡Alabado sea Dios que dispensa a ciertos pueblos una bendición tan generosa! Pero en sí mismos los conceptos son recíprocamente diferenciables, y es de nuestro vital interés, creemos nosotros, no perder de vista la diferencia.
Un gobierno es legal cuando su filiación ostenta todas las etapas y formalidades prescritas por la constitución para la sucesión política. Un régimen es legítimo cuando sus súbditos creen que ellos mismos deben obedecer las órdenes impartidas por los hombres y mujeres que prestan a aquél su soporte humano. No porque el suyo sea un buen gobierno, sino porque es el gobierno que se conforma con el orden político; ciertamente no porque aquéllos tengan la fuerza de su lado, sino porque tienen consigo al derecho.
Si el derecho que de tal forma legitima a los regímenes políticos fuera siempre el que está escrito en las constituciones no tendríamos que estar escribiendo este artículo. De hecho no lo es. Sería bueno tal vez que siempre lo fuera, al menos cuando el derecho escrito incluye normas para corregir los vicios del régimen, como son las elecciones frecuentes en los regímenes democráticos. Pero no lo son necesariamente. Cuando acontecen ciertas cosas, que implican que el sistema se aparta notablemente de su paradigma, otras cosas también suceden correlativamente en las conciencias de los súbditos. Donde antes reposaba la convicción de que "es justo que ellos manden y nosotros obedezcamos" se instala ahora un pensamiento diametralmente diverso: "es justo que nos rebelemos", o "es justo que tal o cual, que se ha rebelado, y ha soñado por la fuerza el poder, sea quien ahora mande". Con frecuencia estas maneras de sentir son fugaces; nada infrecuentemente embarga a las conciencias el arrepentimiento por haber albergado juicios semejantes. Pero ello no afecta el hecho fundamental de que las tablas de la ley y la conciencia social andan a veces disociadas.
Mejor dicho: no "a veces" cuando acontecen ciertas cosas. Hay una causalidad en el orden natural, del que se ocupan las ramas respectivas de la ciencia, muchas de cuyas leyes son de conocimiento universal, y forman parte del acervo intelectual en que basamos nuestro comportamiento cotidiano. Hay también una causalidad en el orden político. Sabemos, por esos rudimentos de gastroenterología que se hallan difusos en la cultura popular, que lo que comamos y bebamos esta noche va a tener que ver con nuestra función hepática, y con lo bien o mal que podamos sentirnos mañana al despertar. ¿Podríamos sin graves consecuencias ignorar las admoniciones correlativas de la ciencia política? ¿Es posible, por ejemplo, que una sucesión de gobiernos de todos los partidos use los recursos del estado para alimentar sus apetencias electorales sin crear desafección hacia el sistema en la ciudadanía, y en definitiva sin erosionar su legitimidad? Claramente, no. Suponer otra cosa, creer que la constitución podría suministrar una garantía indestructible de legalidad, sería como confiar en que el recitado de una fórmula mágica pudiera ponernos por sí mismo a cubierto de la indigestión.
El artículo del Dr. Tarigo se detiene a considerar lo que los militares piensan sobre la legitimidad de su propia intervención en la arena gubernativa. Nosotros, sin negar la importancia del tema, creemos que ella podría fácilmente ser sobrestimada. Creemos que lo importante no es lo que acontece dentro de la conciencia de los militares, sino dentro de las conciencias del grueso de la ciudadanía. No creemos que los países que se han visto libres de golpes militares sean los que poseen los soldados más imbuidos de la majestad de la ley. Creemos que son los países donde la conciencia social rechaza toda posibilidad de golpe. Estamos seguros de que las armas no son un sucedáneo de la legitimidad. Nos acordamos con frecuencia de la sentencia de Talleyrand, que sabía de estos asuntos, expresada a Bonaparte: "Las bayonetas, sire, sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas". Y no creemos que las bayonetas napoleónicas tuviesen menos filos que las sudamericanas.
Al acercarnos al reencuentro con la plenitud constitucional no está demás dedicar algún tiempo a reflexionar sobre la fugacidad potencial de ese tesoro, y sobre la larga y tenaz tarea de construcción que deberemos cumplir, antes de poder sentarnos a disfrutar en paz del angosto recinto que llamamos estado de derecho.