A esta altura damos por admitido que los partidos políticos han ofrecido un triste espectáculo a la República, con la demostración de la fragilidad del frente común que formaron con vistas al objetivo esencial de devolver a aquélla su plenitud institucional.
Desde un órgano de la prensa cotidiana se ha intentado defender la imagen de olla de grillos que han proyectado blancos y colorados, aduciendo que el debate es propio de los partidos en un contexto democrático, y que les sienta bien el ejercitar esa función característica. Es transparente que el debate que el país reclama de sus políticos no es un concurso de acusaciones recíprocas acerca de quién ha pretendido sacarle ventajas a quién, o quién se ha olvidado antes de los principios en cuanto ha visto alejarse de su mano la dorada fruta del poder.
La ciudadanía ha asistido recientemente a la aprobación por sus partidos tradicionales de sendos documentos, supuestamente destinados a enunciar sus programas de gobierno, pero en los cuales, más allá de las protestas de adhesión a los valores esenciales de la convivencia democrática, que constituyen su patrimonio común, inapreciable pero poco útil para distinguir el uno del otro, y por debajo de la costra retórica, poco más se discierne que el propósito de eludir definiciones fundamentales. ¿Qué opciones ofrecen los partidos al ciudadano? Ciertamente es poco lo que esos documentos ayudan a responder esa pregunta básica. Tal vez una sesión de sana dialéctica democrática habría permitido hacer alguna ley sobre la cuestión; ella, sin embargo, no ha ocurrido hasta ahora: las voces de los partidos, y de cada fracción dentro del uno y del otro, ha discurrido por sendas paralelas, sin encontrarse nunca.
Muchos nos hemos dicho: he aquí parte del precio que tenemos que pagar por preservar la unidad en esta fase crucial de nuestra historia. Sin embargo, los escorceos que los principios y las ideas no lograron suscitar se plasmaron en fuerte marejada en cuanto comenzaron a soplar vientos personalistas. Con claras amenazas de temporal.
Es preciso que éste no se concrete, y que las aguas vuelvan a encalmarse. Si es posible que se dialogue sobre ideas y programas, sobre objetivos e instrumentos, adelante. Pero si todo enfrentamiento ha de ser un certamen de reproches, el silencio está claramente recomendado.
Para lograr estos fines, como siempre, hay que explicarse lo que sucede. Y esto, a nuestro juicio consiste en que la manzana de la discordia está oculta entre el cúmulo de restricciones y normas especiales con que las autoridades pretenden rodear el acto electoral que debe celebrarse en noviembre próximo.
Como es obvio, ese sistema de normas especiales, colectivas e individuales, representan desigualdades para los contendores de la arena política. Ventajas ciertamente no buscadas, no queridas, objeto todas, al contrario, de múltiples y generalizadas protestas. No basta. Los hechos están demostrando que no es suficiente. La desigualdad ante la ley es esencialmente incompatible con el sistema. Esto debe ser reconocido universalmente por los partidos tradicionales, y debe actuarse en consecuencia.
En una palabra, deben exigirse unas elecciones nacionales sin exclusiones ni proscripciones, como parte de lo que no es negociable. Sin excluir un pacto, dentro de la zona de lo negociable, que es perfectamente posible, e incluso para nosotros, deseable con el fin de lograr una transición pacífica y fluida. Pero dentro de la esfera de lo no negociable hay que incluir, junto con integridad del gobierno civil en la Constitución, la libertad y la generalidad, conforme al Derecho, de las próximas elecciones.
En ese sentido creemos que el enfoque dogmático resulta fuertemente respaldado por las razones de índole táctica. Lograr un gobierno democrático lo antes posible, para corregir desde allí los entuertos que permanezcan, he ahí sin duda un objetivo benemérito. Después de todo, los comicios eligen entre personas, no ponen ni gritan principios. Hasta aquí todo va bien. Hay, sin embargo, inconvenientes. Un sistema de normas "ad hoc" para unas elecciones es necesariamente inestable. Como para cada partido no es indiferente quién sea el que gana el poder con alguna medida apreciable de base popular, y desde el poder democratiza plenamente el sistema —ni es indiferente ni podría humanamente pedirse a ningún ente político que lo viera como tal— el incentivo para que quién está o se sienta en desventaja negocie por un lado, separadamente, es prácticamente irresistible. A partir de este punto las secuencias posibles son infinitas; pero es fácil imaginar varias que, vía negociaciones separadas y competitivas, terminen de mala manera.
Lo que necesitan los partidos es calma. La clase de serenidad que pusieron de manifiesto en 1980, cuando condujeron a la ciudadanía a decir no a una propuesta que, entre otras cosas, se presentaba como un atajo hacia la plenitud democrática. Era un atajo falso. Una elección con proscriptos y excluidos, aunque sea por otras razones, lo es asimismo.
Esto no significa sugerir que los partidos se apeen de demandar elecciones en noviembre. Ese compromiso ha sido asumido por el régimen gobernante ante la ciudadanía en pleno, y con el mundo por testigo. Y no puede ser sometido a condiciones que no sean capaces de sortear una prueba de razonabilidad ante el tribunal de la opinión pública mundial, que aplicará el ius gentium de Occidente en materia político-constitucional.
Una adhesión total a ese derecho común del área democrático-liberal del mundo nos parece, en la emergencia, el único camino seguro para arribar a la meta que deseamos.