Hace tiempo, al concluirse el período de Turismo, titulábamos un editorial "Feliz año nuevo". La idea de que el país se permite una larga siesta entre Navidad y Pascua sigue válida, pero ahora el talante nos incita, más bien que a una reflexión general como aquella, sobre el lujo en medio de la miseria, a pensar angustiadamente: ¡qué año tan corto va a ser este!. En parte por lo tarde que ha tocado el maxiferiado turístico este año, y en parte porque el día 25 que ha de ponerse fin es el Nacimiento de un nuevo período político, y cae un mes justo antes de la Navidad tradicional.
Un año de siete meses, pues, cabalmente a partir de hoy en el que la nación uruguaya debe acometer una tarea que excede de todo lo alcanzado en el último lustro. ¡Qué intensidad de vida va a hacer falta!.
El pulso vital de la república está sin duda próximo a acelerarse rápidamente, hasta alcanzar un ritmo febril. Y los próximos días ya van a estar preñados de acontecimientos. Mientras algunas fuerzas políticas se movilizan contra el acto 4, las Fuerzas Armadas estarán dando a conocer su "plan político", que se espera que contenga importantes desproscripciones, pero no las del partido Comunista, y no la del Sr. Ferreira Aldunate. Este, mientras tanto estará ya en la otra ribera del Plata, y su proximidad contribuirá a suscitar una atmósfera de inusitada tensión. Con el alma en suspenso, nos aprestamos a asistir a episodios que merecerán llamarse históricos. Mientras tanto, nos parece oportuno recordar los principios desde los que vamos a observar los acontecimientos, y, en tanto que espectadores vitalmente comprometidos, a aventurar sobre ellos nuestros juicios.
En primer lugar, las elecciones programadas para el 25 de noviembre son un hecho imperativo, en cuya modificación no cabe siquiera pensar. Y esto lo decimos, no porque nos formemos expectativas exhorbitadas sobre las posibilidades del próximo gobierno, por más democráticamente elegido que sea, para mejorar abruptamente las condiciones de vida de los uruguayos: no porque nos hayamos contagiado del voluntarismo ingenuo endémico en estas latitudes, contra el cual poseemos anticuerpos potentes, encima reforzados por la contemplación de la partida en falso del gobierno del Dr. Raúl Alfonsín allende el río. Lo decimos por otras razones, sobre las que llevamos años insistiendo: el tiempo del régimen presente se ha agotado. La clase de legitimidad que posee —nosotros nunca le negamos una suerte de legitimidad de emergencia, surgida de la profunda crisis que sacudió a la sociedad uruguaya a principios de la década de los años '70, culminación a su vez de una larguísima involución— esa clase de legitimidad sui generis, que fue siempre a término, se mantiene hoy en pie apenas gracias a un único puntal, que se llama cronograma. Extinguido éste, el gobierno tendría ya más fuerza que la desnuda para mantenerse, una situación cuya representación resulta sin duda intolerable a todos por igual.
En segundo lugar, toda idea de cambiar la constitución que sirve de sustento a nuestro orden jurídico desde 1967 no puede volver a plantearse. En primer término, porque la ciudadanía ya dijo lo que tenía que decir al respecto en 1980. En segundo lugar, porque las constituciones no se negocian; se deliberan, por quienes se suponen todos partícipes de las mismas convicciones básicas, sobre las que habrá que fundamentarse el edificio institucional de cuya erección se trata, y difieren sólo en el detalle de cómo darles forma concreta. Una Constitución surgida del regateo, en que yo te doy el ejecutivo que tú quieres, a cambio del parlamento que a mí me gusta, esa aberración ¿a quién puede habérsele ocurrido?.
Lo que quiere decir que el margen de negociación es sumamente estrecho. Se reduce a un ordenamiento ad hoc para una transición que no puede exceder en modo alguno de una legislatura.
En tercer lugar, la elección debe llevarse a cabo sin proscripciones ni exclusiones, ni de partidos ni de personas. Y esto lo sostenemos también por dos razones. En primer lugar, porque queremos un punto de partida sólido para esta nueva etapa de nuestra vida institucional, y en modo alguno entonces podemos querer que el nuevo gobierno deba enfrentar, aparte de las inevitables dificultades socioeconómicas que van a hostigarle desde el primer día, el problema innecesario de un vicio congénito de primera magnitud. En segundo lugar, y, diríamos, fundamentalmente, por una razón de dignidad. ¿Por qué vamos a aceptar que el gobierno actual nos condicione y determine en alguna manera el próximo?
Nos damos por enterados de que desaprueba a ciertos partidos y a ciertas personas. Ocurre, sin embargo, que eso es algo que nos acontece a todos. Todos en grado mayor o menor encontramos que ciertos movimientos políticos son abominables, y que una diversidad de individuos constituyen sendas amenazas para la salud del país. Pero no se nos ocurre que podamos borrar a aquéllos ni descalificar a éstos. Creemos que hay un Juez para pronunciarse sobre cuáles sean los gustos y disgustos que deban prevalecer, y que ese juez se llama cuerpo electoral.
Al expresar este punto de vista entendemos referirnos a las proscripciones que se han decretado sin expresión expresa, en un sentido material, y no solo formal, del concepto. Creemos que la República cometería un serio error si se precipitara a las urnas en condiciones éticamente objetables. Aceptar exclusiones basadas en la mera voluntad de las autoridades actuales entrañaría esa clase de mácula moral.
Dejar de precipitarse a las urnas no implica, por descontado, aceptar una postergación del acto electoral. Implica, en cambio, que nos acerquemos a él con la serenidad y la firmeza que cuadra a hombres y mujeres maduros, conscientes de sus derechos, que están dispuestos a oír las razones que quieran exponérseles, pero no dispuestos a aceptar imposiciones de nadie.
Ya hemos señalado hace poco que entendemos que los partidos deberían formar un frente monolítico en torno a estas bases para los próximos comicios. Hoy querríamos agregar que, de alguna manera, todos vamos a tener que hacernos oír en este tiempo que nos separa del 25 de noviembre. Es imperioso, porque las consecuencias de lo que acontezca en este lapso brevísimo van a ser, por contraste, con certeza de larga duración.